Hay que rebelarse contra el expolio impulsado por Sánchez

La despedida del curso político ordinario, a falta de las novedades que puedan venir de Cataluña en pleno mes de agosto, deja la frustrante sensación de que Pedro Sánchez y su Gobierno están haciendo todo lo posible por rematar sus peores tropelías sin apenas resistencia, en ese viaje siniestro emprendido ya en 2018 para dotarse a sí mismos de inmunidad e impunidad.

Lejos de dar una explicación razonable y precisa sobre el comportamiento de su esposa o de su hermano, el líder socialista ha aumentado la ofensiva represiva contra quienes, simplemente, cumplen con su misión de enjuiciar los hechos o informar e investigar sobre ellos, dos funciones esenciales en un sistema democrático.

La burda querella contra el juez Peinado, que intenta convertir en un asunto de Estado los problemas personales de Sánchez y de su familia, es una soez utilización de recursos públicos para fines privados, amén de una vulgar intentona de amedrentar a todo aquel que no asuma los trágalas del presidente del Gobierno, cada vez más obscenos y predemocráticos.

Y apelar a la dignidad de la institución para justificar la galopante falta de explicaciones a casos perfectamente documentados, ya reprobables políticamente más allá de cuáles sean sus consecuencias legales, resulta simplemente intolerable.

La imagen y el prestigio de la Presidencia se cuidan no permitiendo que Begoña Gómez monte un negocio al calor de su marido, desde una cátedra concedida a dedo por una institución pública y convertida en el disfraz de una empresa privada a la que se asocia a empresas y directivos beneficiarios de decisiones del Gobierno.

El cúmulo de pruebas, sospechas e indicios razonables es de una dimensión suficiente ya para que tuviera gravísimas consecuencias políticas, que lejos de asumirse se transforman en una excusa para atacar, una vez más, la separación de poder, la autonomía judicial y la libertad informativa.

La grosera manipulación de la realidad se repite, con idéntico modus operandi, en el previsible acuerdo entre el PSOE y ERC para investir a Salvador Illa en Cataluña, presentando por Sánchez como una gran noticia para toda España, sin sonrojarse.

En realidad se trata de otro cambalache dañino como el que le llevó a él a la Presidencia, comprándose literalmente el apoyo de diputados con prebendas inasumibles para cualquier dirigente decente. En este caso, el precio es, amén de legalizar el boicot del español para imponer artificialmente el catalán, aceptar un paraíso fiscal probablemente inconstitucional y con toda seguridad perjudicial para el conjunto de España.

Porque supone romper la unidad de caja, fraccionar la Agencia Tributaria, acabar con la solidaridad entre territorios y condenar a los menos pudientes a más limitaciones, inevitables por mucho que se quiera recurrir a incrementar la deuda pública o los impuestos, ya disparatados, para compensar la merma de ingresos procedentes de Cataluña.

Un vasco o un navarro, de renta similar a un madrileño, un balear o un valenciano, tiene el doble de financiación per cápita por la prevalencia de un régimen fiscal que convierte la retórica histórica en una excusa insolidaria. Añadir a ese epígrafe a Cataluña, que gestionará el 100 por ciento de la recaudación en la Comunidad, hace inviable el equilibrio regional y condena al empobrecimiento a los territorios menos prósperos.

Sánchez es una calamidad moral, política, institucional y personal, que desprecia toda rectificación a sabiendas de los perjuicios que provoca, cuyo único fin es la supervivencia al precio que sea.

Eso no lo cambia el periodo vacacional, que tampoco puede ser un pretexto para aplazar la respuesta: una rebelión cívica de los damnificados por un Gobierno nefando, con todas las herramientas democráticas, civiles, jurídicas e institucionales que prevé el ordenamiento español.