Sánchez se retrata ante el juez

La difusión del momento en el que todo un presidente del Gobierno se niega a declarar ante el juez que investiga posibles delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios de su esposa es, ante todo, un documento histórico: nunca nadie en su cargo se había visto en una tesitura así.

Y nunca nadie, con algo de altura moral, se habría limitado a resolver el trance apelando al derecho a no declarar sin conocer siquiera las preguntas. Porque una cosa es que la ley conceda a Sánchez la posibilidad de no prestar testimonio sobre nada que pueda perjudicar a Begoña Gómez y otra, bien distinta, despachar el momento sin entender sus consecuencias ni calibrar las responsabilidades públicas en ejercicio.

El secretario general del PSOE debía haber aceptado ser interrogado por su participación en los hechos, que no es precisamente secundaria: él mismo mantuvo reuniones en La Moncloa con uno de los asociados de su esposa, el empresario Carlos Barrabés; permitió o conoció encuentros de Gómez con el rector de la Universidad Complutense para negociar la creación de una cátedra teledirigida a su favor; y rubricó desde el Consejo de Ministros o desde su Gobierno adjudicaciones y decisiones beneficiosas para el entorno «académico» de su pareja.

Si nada tuviera que ocultar, bien podría haberle dado explicaciones al instructor del caso, a quien lejos de respetar y entender su función, ha replicado ya fuera de la sala con la interposición de una absurda querella con ánimo estrictamente intimidatorio.

La deplorable actitud de Sánchez no es privativa de los tribunales, a donde ha llevado la misma estrategia del silencio y la acusación que practica en el Congreso de los Diputados y ante la opinión pública. Consistente en hurtarle todo tipo de explicación, urgentes por definición, y además permitirse la indecencia de criminalizar a quienes se las reclaman, sean rivales políticos, jueces o medios de comunicación.

No hace falta que algo sea delito para que sea incompatible con el ejercicio de la Presidencia del Gobierno, y ese es el caso de Sánchez: su comportamiento, el de su mujer y el de su hermano es inaceptable en general, pues más allá de sus consecuencias legales nace ya del clientelismo más descarado y alejado de los estándares democráticos.

¿O acaso él mismo no les pediría aclaraciones a sus predecesores si trascendiera que la mujer de uno se ha dedicado a la captación de fondos públicos desde un chiringuito universitario creado ad hoc para ella, otro tributa en el extranjero tras lograr un puesto público a dedo y el padrino de todos ellos ha participado de una forma u otra en su repentina prosperidad?

Sánchez no solo no se siente concernido por el Estado de derecho, sino que además le lanza un desafío intolerable cuando se siente señalado por él, convirtiendo su funcionamiento ordinario en una inexistente conspiración, justificativa de la réplica más dura y antidemocrática.

Por eso es importante que el Poder Judicial no renuncie a sus atribuciones, que la prensa independiente continúe ejerciendo su derecho constitucional y que las instituciones no renuncien a cumplir con su misión. La del Senado, por ejemplo, es citar al presidente del Gobierno y a su esposa, de una vez, para que comparezcan en la Comisión de Investigación y se percaten de que ni el silencio ni la impunidad forman parte del catálogo de prebendas del poder.