Separatistas y servicios de información

Los servicios centrales de información o de inteligencia son instrumentos básicos para el mantenimiento del orden y del progreso en las democracias contemporáneas. Moviéndose en los terrenos cuasi ignotos de todos aquellos delincuentes que intentan subvertir el orden y la coherencia del sistema por procedimientos irregulares y ocultos, constituyen instrumentos imprescindibles en la sintonía que conjuntamente conforman el orden constitucional, el Estado de derecho y el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Sin necesidad de referirnos a la que desde ese punto de vista aporta la CIA a los Estados Unidos o a lo que al respecto nos vino contando John Le Carré, conviene recordar que los servicios de información españoles integrados en su elemento central, lo que en su momento fue el CESID y ahora es el CNI, junto con los servicios correspondientes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, fueron determinantes para acabar con la peste del terrorismo nacionalista que encarnó ETA. Como también lo han sido y lo siguen siendo para deshilvanar los manejos separatistas actuales en la Cataluña de Puigdemont y en el País Vasco de Otegui.

Bien que lo saben los separatistas mismos, que en sus demandas y exigencias habituales a los gobiernos españoles, sobre todos hacia aquellos que como el de Sánchez depende de ellos, hacen todo lo posible para conseguir el retraimiento o la retirada de esos servicios de información de sus zonas de interés. En la práctica, los del prófugo de Waterloo ya consiguieron que, tras los acontecimientos del inmediato pasado, el CNI en gran parte retirara sus agentes del espacio catalán.

Y como los separatistas no saben jugar solos, eso es lo que en estos momentos está pidiendo el PNV del PSOE sanchista: el acceso al control del CNI. Equivalente a la desaparición de sus funciones en el País Vasco. Y con la constancia de que, como ya ocurriera con los separatistas catalanes, eso, tratándose de Sánchez, es fácilmente incluible en el precio al apoyo parlamentario del renqueante socialismo que todavía se llama español.

Las consecuencias añadirían un factor extremadamente grave al proceso de descomposición nacional que Sánchez está llevando a cabo y por ello debería constituir un dato de reclamación inaplazable por parte de la oposición constitucionalista: el CNI debe retornar a Cataluña. Y no puede contemplarse su desaparición del País Vasco o, lo que sería lo mismo, su control por parte de la coordinación separatista de los del PNV y Bildu. Sería un paso más en el entierro de la «patria común e indivisible de todos los españoles» que nos confió la Constitución de 1978.