La Justicia pone a Sánchez en su sitio

La Justicia dio ayer una lección tranquila al invasivo poder político con una decisión impecable que rescata la esperanza en que este Gobierno, y en particular su presidente, no acaben con la separación de poderes y dimita por la salud del Estado de derecho. El Tribunal Supremo rechazó la exigencia de los amnistiados por Pedro Sánchez de extender el manto de impunidad al delito de malversación, con una resolución contundente que demuestra la resistencia del Alto Tribunal a renunciar a sus atribuciones y jerarquía.

Algo especialmente plausible en un horizonte de confrontación con el Tribunal Constitucional, conformado a la medida de los intereses particulares de Sánchez y dispuesto a ejercer de tercera instancia: el Supremo deja claro, felizmente, que no se va a subordinar a los caprichos y excesos de nadie, y que no va a renunciar a ejercer sus funciones sin otro límite que el marcado por la ley.

Igual de apreciable es la decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de aplazar su decisión de archivar la causa contra Begoña Gómez o avalar las pesquisas del juez instructor, Juan Carlos Peinado, por un defecto formal: toda garantía procesal es poca para el justiciable, y el rigor aplicado en este formalismo es probablemente el preludio de un plácet a la investigación en días u horas: sin prejuzgar condena alguna, el cúmulo de indicios es tan abrumador que archivar el caso sería escandaloso.

La solvencia de ambas decisiones, y la altura de las instancias que las han adoptado, es tan buena noticia para la democracia como mala para el líder socialista. Porque derriba de un soplido el abyecto mensaje de que solo se oponen a sus caprichos y componendas jueces y periodistas conspiradores y le sitúa frente a su verdadero espejo: su esposa, como su hermano y su partido, están imputados por gravísimos delitos, ante los que él mismo ha reaccionado con una inaceptable mezcla de silencio, amenazas y complicidad. Y sus aliados solo gozan de libertad por su interesada rendición personal, contraria al imperio de la ley.

En política, no hacen falta condenas penales para que sean exigibles responsabilidades políticas. Nadie mejor que Sánchez debiera saberlo, pues él asaltó el poder en 2018 invocando una ejemplaridad que ha pisoteado como nadie en el pasado.

Por eso el fallo jurídico sobre sus apaños políticos o familiares es o será uno, cuando proceda, pero el personal ya es inamovible: es un presidente indigno del cargo e incapaz de estar a la altura exigible para el mismo.