El atroz intervencionismo del Gobierno
A todas las injerencias en la libertad ya conocidas, le añade ahora un registro de viajeros agresivo para el turismo y la intimidad
El próximo 2 de diciembre, si nada lo remedia, el Gobierno pondrá en marcha una de las ideas más insólitas, incomprensibles y dañinas que se le conocen, y no son precisamente pocas.
Mediante un Real Decreto, sin ningún debate parlamentario ni sectorial, el Ministerio del Interior obligará a los hoteleros, las agencias de viajes, las empresas de alquiler de vehículos, los gestores de casas rurales y a aquellas plataformas digitales que se dedican a la intermediación a través de internet, a facilitarle al departamento de Fernando Grande-Marlaska datos personales de las reservas y del alquiler de vehículos, con una profundidad espantosa y totalmente innecesaria.
Profanar la intimidad de los viajeros, exigiéndoles que poco menos desnuden cada aspecto de sus vidas, incluidos los bancarios, carece de justificación, lesiona derechos fundamentales y es contraproducente para el sector quizá más poderoso de la economía española. ¿Tiene algún sentido que Amancio Ortega, Juan Roig o Ana Botín tengan que descubrir a los empleados de un hotel el IBAN de su cuenta bancaria para poder hospedarse en cualquier lugar?
Enviar al turista el mensaje de que su presencia es sospechosa y de que, para contener los daños, ha de dejarse controlar hasta el más mínimo detalle, no tiene explicación alguna, salvo que el objetivo sea expulsarlos.
Y quizá sea eso, viendo la absurda catarata de protestas y propuestas que, desde sectores políticos caracterizados por sus políticas empobrecedoras, se lanzan contra el turismo: cuando no se le tilda de invasivo, se le amenaza con tasas, con un discurso inaceptable que daña la imagen exterior de España y pone en duda su hospitalidad.
Añadir a esa escalada, que sustituye la tradicional hospitalidad española por una hostilidad intolerable, un severo control incriminatorio, puede amenazar el liderazgo turístico internacional, sin ningún beneficio claro en contrapartida. Y de su carácter innecesario da cuenta la certeza de que otros países con similar éxito turístico al español no imponen medidas tan extremas y lesivas por razones obvias de las que aquí se ha prescindido, pese a las alertas lanzadas por todos los operadores del sector.
De un tiempo para acá, determinados movimientos políticos han convertido uno de los puntales de España en un fenómeno peligroso y necesitado de un control exhaustivo que, más que regularlo, lo cercene.
La llamada 'turismofobia' existe, aunque se recubra de argumentos supuestamente positivos en términos de preservación del ecosistema, y pone en la diana la 'gallina de los huevos de oro' de la economía nacional, con una irresponsabilidad y una demagogia que empiezan a ser estructurales y nacen del propio Gobierno.
Que toda una vicepresidenta como Yolanda Díaz exigiera el cierre anticipado de los restaurantes y ahora su colega de Interior trate a los viajeros de sospechosos es, simplemente, una locura que alguien con un mínimo de sentido común ha de parar antes de que sus estragos sean irreversibles.