Se acabó: Sánchez no debería seguir ni un minuto más

No hacía falta ningún informe de la UCO, como tampoco una imputación a Begoña Gómez, para exigir responsabilidades políticas de la mayor envergadura a Pedro Sánchez, a quien basta con aplicar el baremo que él mismo le aplicó al Gobierno anterior para justificar su desalojo con una moción de censura tan legal como artera e ilegítima.

Si él apeló a la ejemplaridad, como un valor indispensable que supera el ámbito estrictamente judicial, tiene tiempos distintos y es de obligatorio cumplimiento; ahora debe proceder en consecuencia.

Porque la ausencia de ella en su partido, su entorno familiar y él mismo es un hecho ya indiscutible y de consecuencias devastadoras. La cadena de complicidades, silencios, componendas y decisiones que explican la existencia de una trama general, con los mismos protagonistas en distintos escenarios, es irrebatible.

Todos están relacionados de un modo u otro, sea con la burda venta de mascarillas, el rescate de Globalia, el patrocinio de la «cátedra», los negocios de Aldama, la visita de Delcy Rodríguez, la compraventa de hidrocarburos o hasta el enchufe del hermano del presidente de Gobierno.

Y todo ello converge en la misma persona, Pedro Sánchez, por acción u omisión. Sin necesidad de adelantar consecuencias legales, las políticas ya son muy evidentes: el líder del PSOE fue determinante para que todo prosperara, mintió con descaro a la opinión pública y al Parlamento cada vez que debía dar explicaciones y, además, emprendió una cruzada coactiva contra quienes, desde la política la Justicia o la prensa, no se aceptaban su actitud pendenciera.

Si el currículo político del presidente del Gobierno es una infamia, con sus impúdicas cesiones terroristas, prófugos, golpistas y corruptos para comprarse un cargo imposible de lograr con los votos directos recibidos; el personal también es insoportable.

Y que para intentar blanquear ambos se haya consagrado a bloquear o asaltar las instituciones, modificar las normas, conculcar el mandato democrático sobre la rendición de cuentas y manipular a su antojo las evidencias que le señalan; hace inviable su continuidad y la de su Gobierno.

Sánchez debe dimitir por la dignidad de la democracia española y enfrentarse a las consecuencias de sus actos, de sus trampas y de sus constantes mentiras. Y debe hacerlo de manera voluntaria, pues la alternativa es someter al Estado de derecho y a la convivencia democrática a unas tensiones innecesarias y peligrosas.

Pero si no lo hace, como parece probable, es de esperar que las instituciones sigan funcionando con la independencia y sosiego que lo han venido haciendo, para desmontar con rigor el edificio construido por Sánchez, afectado por un deterioro irreversible que ya nadie puede tapar ni adecentar. Este presidente está acabado, y cuanto más tarde en asumirlo, más estragos provocará.