La nueva imputación de Begoña

La nueva imputación de Begoña Gómez por otros dos delitos, a añadir a los de corrupción en los negocios y tráfico de influencias, coloca a Pedro Sánchez en una situación insostenible e inédita en el ya largo periodo democrático estrenado por España en 1978. Nunca la mujer del presidente del Gobierno había monopolizado la vida política e institucional del país. Y nunca, sobre todo, se había ganado a pulso una investigación judicial por aprovecharse presuntamente de su posición para medrar y hacer negocios.

La instrucción del juez Peinado es intachable, tiene el respaldo de la Audiencia Provincial de Madrid e indaga en asuntos que solo los más sectarios deudores de Sánchez pueden considerar normales. A saber: la utilización de una cátedra creada a dedo para unirse a empresarios beneficiarios de decisiones de su marido y la explotación espuria del patrimonio de la misma, creando una empresa unipersonal para aprovecharse de un software público financiado por la Universidad y sus patrocinadores.

Más allá de las consecuencias legales que este burdo comportamiento pueda tener si los hechos llegan a juicio y allí se constata su ilegalidad, los efectos políticos ya son obvios e inaplazables. Porque Gómez se enfrenta a una grave acusación penal cuyo castigo solo puede venir tras un juicio con todas las garantías procesales. Pero Sánchez ya merece una condena política que sólo puede saldar con su dimisión.

Es indefendible que la esposa del presidente se dedique a áreas de negocio vinculadas a decisiones del Gobierno. Y que lo haga desde entidades públicas explotadas en apariencia como coartadas para blanquear una actividad nefanda. No hace falta esperar al dictamen de la Justicia, pues, para repudiar el comportamiento de la pareja y exigir su salida inmediata de la Moncloa, un simbólico espacio público que nunca puede transformarse en la oficina privada de nadie. Y menos de estos dos amorales con nulo sentido de la vergüenza propia.