El veto a Teresa Ribera debe ser definitivo

Nadie con un mínimo sentido de la decencia, de cuidado de las instituciones y de respeto a los ciudadanos puede entender que una de las más evidentes responsables de la lamentable gestión de la catástrofe en Valencia tenga, como recompensa, una promoción a un puesto mayor.

Y eso es lo que pasaría si la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, acabara ascendiendo a Comisaria de Competencia de Europa, beneficiada por los pactos entre la mayoría liberal y conservadora con la socialdemocracia y el reparto de cargos que ello comporta.

La responsable de las Confederaciones Hidrográficas, de la Aemet y de una política que, en nombre de la necesaria defensa del ecosistema, ha aplicado medidas temerarias de cuidado, conservación o construcción de infraestructuras hidráulicas; no puede ser premiada con un ascenso a todas luces ofensivo.

Porque lanzaría a la ciudadanía en general, y a los afectados de la DANA en particular, que no importan los errores bochornosos que haya cometido si dispone de los patrocinadores necesarios para aumentar su ascendencia política y su poder institucional.

El PP ha logrado aplazar su designación, promoviendo el suspenso europeo al primero de los exámenes que analizan la idoneidad de todos los aspirantes a 'ministro' europeo. Pero eso será insuficiente si, al final, alcanza la meta entre enjuagues, compromisos y cuotas que quizá tengan sentido en Bruselas, pero carecen de él en España.

Los populares deben exigirle al Partido Popular Europeo que mantenga el veto a esta lamentable delegada de Pedro Sánchez, y debe conseguir esa solidaridad de su familia política sea cual sea el coste. Por elevado que fuera, será inferior al de ofender a las víctimas y conculcar el principio de que, cuando se tienen responsabilidades políticas y se ejercen con un resultado tan siniestro, las consecuencias no pueden ser beneficiosas.

No es cierto que no existan precedentes en los que un partido español boicotea la promoción europea de un representante de una formación rival, como hizo el PSOE con Miguel Arias Cañete, pero en todo caso esa regla no escrita de la diplomacia no puede imponerse al sentido común en una situación tan terrible como la actual.

Porque Ribera desapareció cuando sus funciones eran más necesarias y, lejos de intentar rectificar sus clamorosos errores preventivos, los prolongó sumándose al relato de que todo era culpa de la Generalitat valenciana.

El PP, pues, debe hacer casus belli de este asunto y frenar, como sea, una ignominia inaceptable. Teresa Ribera, y sus políticas, se merecen una comisión de investigación parlamentaria y quizá una instrucción judicial. Nunca, bajo ningún concepto, un premio insultante para cientos de miles de ciudadanos dañados cruelmente por su desidia.