Cataluña no tiene fronteras propias
La cesión de las competencias de inmigración, impuesta por Puigdemont a Sánchez, debe ser combatida y anulada
El presidente de la Generalidad catalana ha dado por hecho que, incluso antes de que termine el año, el Gobierno transferirá a Cataluña las competencias en inmigración.
Salvador Illa asume como propio un inaceptable acuerdo previo entre Sánchez y Puigdemont, incluido en la catarata de concesiones que le permitieron al primero alquilarse la Presidencia, al precio de que el segundo sea su casero y decida el rumbo de España.
De ser cierta esta inminente decisión, estaríamos ante una de las concesiones más lamentables, de enorme gravedad y trascendencia para todo el país.
Porque supondría la cesión operativa del control de las fronteras a una comunidad autónoma, una competencia estatal definitoria de un Estado y garante de su integridad territorial. No se puede ceder una atribución así, de un calado similar a romper la unidad de caja y la cohesión tributaria, pues eso equivale a permitir la recreación de un auténtico Estado independiente de facto, apenas vinculado por el espurio interés de Sánchez de recibir el apoyo nacionalista en sustitución de los votos de los ciudadanos en las urnas, insuficiente en su caso.
La intolerable costumbre de Sánchez de descoser poco a poco la Constitución por la puerta de atrás encuentra, aquí, un hito que no debe prosperar, pues sus consecuencias podrían ser irreversibles.
Cataluña no puede decidir quién entra y cómo, ni mucho menos levantar fronteras y aduanas que, con la excusa de estar previstas para los inmigrantes, acabarán siéndolo también de un modo u otro para los propios españoles.