El caso Muface, otro paso de un férreo programa socialista

Existen hoy un millón y medio de funcionarios españoles, una parte de los cuales realizan sus funciones y viven en el extranjero, que contemplan con preocupación bien comprensible la pérdida definitiva de sus atenciones médicas como consecuencia del propósito gubernamental de acabar con los servicios que durante ya décadas viene prestando la Muface. Y pareciera como si en ello hubiera únicamente el deseo del Gobierno de recortar los gastos que la Mutua funcionarial supone para la realización de sus servicios. Pero en realidad la motivación última del Gobierno que preside Sánchez es muy otra: se trata de limitar el acceso a los servicios sanitarios que vienen recibiendo todos aquellos españoles que, con su propio esfuerzo y dedicación, han accedido a la realización de diversas e importantes tareas administrativas, tanto dentro como fuera de España. La idea de que, en una sociedad democrática, e incluso dentro de la necesidad de hacer adecuadamente frente a todas las demandas básicas de los ciudadanos con independencia de su origen, clase social o capacidad económica, hay que imponer como norma la igualación elemental de todas las personas, sean cuales sus capacidades o sus servicios, es lo que se halla detrás del propósito de acabar con Muface. Aunque a partir del 31 de enero de 2025 un millón y medio de entre ellos se encuentren sin posibilidad de recurrir a sus necesidades y urgencias sanitarias.

Pero si bien se observa lo que esta URSS pretende, a imagen y semejanza de la que en Rusia sacrificó millones de vidas humanas entre 1922 y 1991, va mucho más allá: se trata de facilitar la igualación total de la ciudadanía en un panorama en donde solo quede como alternativa de progreso la fidelidad perruna al que, con vocación eterna, se encuentra al frente del poder. La muestra adicional a lo que con Muface ocurre es lo que el Gobierno Sánchez está planeando con el sistema de oposiciones que desde hace décadas y con excelentes resultados permite que los mejor preparados y dotados de nuestros conciudadanos accedan a la abogacía del Estado, a la Judicatura, a la diplomacia o los servicios de la Hacienda pública, por mencionar solo algunos de ellos. Lo que la URSS de Sánchez pretende es acabar con el sistema de oposiciones que permite el acceso a tales servicios, para sustituirlos por un sistema general y sencillo de llegada que haga caso omiso de pruebas, exámenes, trabajos y esfuerzos, de manera que se pueda contar con un cuerpo funcionarial del que con facilidad se pueda extraer a aquellos que han mostrado voluntad de servidumbre y adhesión a las órdenes del Gobierno de turno. Que naturalmente, desde ahora y para siempre, sería el de Sánchez. Que por cierto no lo oculta: ya anuncia un futuro que desde 2027 le habrá de garantizar la eternidad en el poder a los socialistas y a los que con él colaboren y a él sirvan. Basta con recorrer los nombramientos del sanchismo en todos y cada uno de los sectores accesibles de la Administración Pública –como el nombrar embajador en Venezuela a un secretario de embajada cuyo mayor mérito parece residir en su amistad con el preboste Zapatero– para comprobar cuales son las intenciones: una planificación totalitaria en la que únicamente caben los adictos al régimen sanchista. Que, como se puede constatar, es una copia fiel de la que en su momento personificaron los Lenin y Stalin que, en el mundo, y para su desgracia, existieron.

Y por si alguna duda persiste sobre los caminos que esta URSS transita, véase con cuidado la entrevista que el terrorista convicto y confeso Arnaldo Otegui concede recientemente a una emisora vasca y en la que admite abiertamente que es Sánchez quien, a él y a sus colegas y criminales correligionarios de Bildu, tiene abierto el camino que finalmente les permitirá acceder a la independencia vasco navarra. Se trata de uno de los más sólidos aliados con que esta URSS cuenta para mantenerse en el Palacio de la Moncloa. ¿Hay quien dé más?