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Editorial

El inaceptable asalto de Sánchez a Telefónica

El presidente da otro paso en su deriva autoritaria con una escandalosa operación política con dinero público

La operación de asalto de la Moncloa a Telefónica, una multinacional solvente que no necesita para nada la intervención política, supone un paso más en el acoso de Pedro Sánchez a la libertad y pluralidad definitorias de una democracia.

Citar en la Moncloa al presidente de la compañía para destituirlo y nombrar a la vez en su lugar a un adepto del PSOE conforma una escena impropia de un país europeo y se acerca más, sin duda, a la visión patrimonial del Estado característica de dirigentes como Hugo Chávez, célebre por sus expropiaciones, de las que se vanagloriaba en público.

Y desde luego obliga a preguntarse por las intenciones que promueven este abordaje, con seguridad nada tranquilizadoras.

Para empezar, porque Telefónica tiene un papel judicial relevante en dos de los casos que más acorralan a Sánchez, el de su propia esposa y el del fiscal general del Estado: tanto los patrocinios a la cátedra de Begoña Gómez cuanto la exactitud de las comunicaciones de García Ortiz durante la campaña de acoso a Ayuso tienen en la compañía, sin duda, un elemento clave para decantar los juicios. Y no parece que imponer a un socialista al frente de la firma ayude a confiar en su colaboración con los tribunales, precisamente.

Pero hay más, y es todavía más inquietante. Porque la colonización de Telefónica remata un largo proceso de usurpación de instituciones, organismos y empresas públicas por parte del PSOE, con dirigentes de constatada obediencia a su patrón.

Y porque además eso se perpetra en todos los ámbitos relevantes en la creación de estados de opinión, en el recuento o custodia de votos, en las comunicaciones de todo tipo e incluso en la inteligencia artificial.

A todos esos sectores se dedican el CIS, RTVE, Correos, Indra o Telefónica, entre otros. Y en todos ellos hay al frente, o influyendo decisivamente, a personas conjuradas en el proyecto de Sánchez y en su supervivencia.

Si se le añade a esta secuencia de abusos la utilización del Tribunal Constitucional para avalarlo todo y anular las consecuencias de escándalos tan mayúsculos como el de los ERE, la preocupación debe ser máxima y la reacción democrática también.

Arabia Saudí es ya el segundo accionista de Telefónica, lo que en sí mismo desmonta la justificación que Sánchez dio a invertir en la compañía con el dinero de todos los españoles y demuestra que su plan era otro. Y lo ha logrado, en plena tormenta judicial y con una deriva autoritaria que asusta y obliga a actuar con determinación democrática, judicial, europea y ciudadana. Antes de que sea tarde.