Martín Villa y el intento de demoler la Transición

El intento de demoler la Transición y su gran obra, la Constitución de 1978, no es cosa de ahora. Viene gestándose desde algunos lustros por quienes, por ser enemigos de la libertad y de la democracia, no soportaron que España, sin un proceso revolucionario y de ruptura, se convirtiera en una democracia liberal, con la mejor Carta Magna de nuestra historia constitucional, y se integrara por la puerta grande (12 de junio de 1985) en el «club de las democracias europeas». Pero la irrupción de los podemitas en nuestro espacio público dio alas a este propósito de desestabilizar nuestro sistema político y arruinar el extraordinario legado de cuarenta años de libertad y prosperidad.

La operación tenía que incluir la deslegitimación del proceso mismo en el que se gestó la Constitución y nuestro armazón institucional. Debía presentarse como un proceso con hilos oscuros, con hipotecas inconfesables, cual si se tratara de un diseño lampedusiano. Había que cobrarse algunas piezas para dar credibilidad a este propósito deslegitimador. La pieza escogida fue Rodolfo Martín Villa. Sería la primera, si se remataba con éxito. Abriría el camino a una revisión de los actores principales de la Transición.

En 2017 la Asociación de ex diputados y ex senadores de las Cortes Generales quiso rememorar dignamente el cuarenta aniversario de las primeras elecciones de nuestra democracia. Invitó a participar en aquellas jornadas, entre otros, a Martín Villa, en su condición de ministro del Interior cuando aquellos comicios se celebraron. Elecciones, por cierto, que se desarrollaron de manera ejemplar, que fueron limpias y competitivas, gracias a un excelente sistema de garantías establecido en la ley electoral y al cívico comportamiento de los españoles. Los podemitas tuvieron la osadía de intentar vetar a Martín Villa y considerarlo persona non grata en la Cámara. Su descabellado propósito naturalmente no prosperó.

Al mismo tiempo, la juez argentina María Servini iniciaba su investigación para acusar a Martín Villa por «delitos de lesa humanidad». La juez Servini, cuya trayectoria en la magistratura no es nada edificante, y cuyas relaciones con el exjuez Garzón son harto conocidas, ha acabado, en un estrambótico procedimiento, imputando al exministro. Aunque la causa no tenga recorrido, su intencionalidad como precedente brilla como el sol en su cenit. Hace unas pocas semanas se ha presentado en Madrid una querella por la muerte del joven Ángel Almazán, ocurrida en diciembre de 1976 en el transcurso de una manifestación en Madrid. Hay que cobrar la pieza como sea.

Rodolfo Martín Villa asumió la delicada tarea de estar al frente del Ministerio encargado de garantizar la paz ciudadana y el orden público en aquellos difíciles años en que los españoles íbamos conquistando las libertades. Claro que hubo algunos lamentables episodios de violencia; claro que hubo desbordamiento de la legalidad de diverso signo; claro que se cometieron errores. Mas hay que reconocer que no dejaron de ser hechos muy aislados, de magnitud comparativamente muy inferior a los ocurridos en otros países en trances similares; pero, sobre todo, fracasaron en sus propósitos de detener el rumbo hacia la democracia. Es radicalmente injusto y falso mancillar la acción de aquel gobierno de Suárez –y de su ministro del Interior–, con el que no quedó un solo preso político en las cárceles ni un solo exiliado y se legalizaron todos los partidos y organizaciones sindicales, con tales aberrantes acusaciones. Y esto hay que decirlo alto y claro.

La Ley de Memoria Democrática, si las Cortes no detienen el funesto proyecto del Gobierno, va a crear el marco legal más favorable para los intentos de erosionar el proceso de la Transición. Su inaudito artículo 3 incluye el período transcurrido desde la muerte de Franco «hasta la entrada en vigor de la Constitución» –es decir, el período de la Transición– en el ámbito de aplicación de la ley, lo que permitirá la investigación de las «violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario», creándose incluso un Fiscal especial para impulsarlas. El proyecto de ley no repara en que a partir de las elecciones del 15 de junio de 1977 las Cortes elegidas democráticamente ya podían ejercer el control de la acción del Gobierno por las acciones u omisiones que hubieran podido cometer. ¡Y claro que lo ejercieron! Además, olvida que las Cortes constituyentes aprobaron en octubre de 1977, por abrumadora mayoría, la Ley de Amnistía. ¡Ahora se pretende enmendar de plano la ley que, con el espíritu de reconciliación y en bien de la convivencia que se quería emprender «sin vencedores ni vencidos», aprobaron nuestros constituyentes!

Sí, injustamente, la caza a Martín Villa es el primer paso con el fin de demoler la gran obra histórica de la Transición. No consintamos tal victoria a los enemigos de las libertades y de nuestra democracia.

Eugenio Nasarre fue diputado en Cortes Generales