Las contradicciones de la izquierda confederal

Critica nuestra izquierda oficial a Ayuso porque aprovecha la capacidad fiscal que tienen las Comunidades Autónomas para eliminar impuestos propios y bajar el tramo autonómico del IRPF. Sin embargo, durante muchos años se sacralizó el Estado de las Autonomías como la panacea progresista. Cualquier conato de duda ante el vaciamiento competencial del Estado central se contemplaba como un rancio ejercicio de centralismo casposo y casi franquista. ¿Cómo explicar la sorpresa ahora ante la política de la presidenta autonómica de Madrid?

En el culmen del despropósito, el lehendakari Urkullu expresa su preocupación por la competencia fiscal a la baja del PP en Madrid. Acto seguido, pasa a defender el régimen fiscal especial que supone el concierto económico vasco (defensa en la que coincide con el PP, por cierto). El argumento es claro: como nosotros lo negociamos, es razonable que dispongamos de un estatuto privilegiado frente a los demás. Del nacionalismo no se puede esperar mucho más que la vindicación del privilegio. Sorprende algo más de una supuesta izquierda que, ya muy lejos del socialismo y la igualdad, se abraza a inercias neo-feudales.

Si asombra el compromiso de esta extraña izquierda con un sistema fiscal privilegiado que se justifica por la escalofriante razón de unos supuestos derechos históricos de los territorios forales –los que también afectan a Navarra, que dispone de otro artilugio igualmente insolidario como es el convenio navarro– aún causa mayor estupor la total emancipación respecto al principio de contradicción. Concreción práctica: no importa absolutamente nada conciliar en un intervalo de minutos la crítica a la competencia fiscal autonómica que propulsa Ayuso con la defensa a ultranza de dos regímenes fiscales diferenciados y privilegiados como el concierto y el convenio.

En una reciente tertulia nacional, un periodista y un político supuestamente de izquierdas defendían el concierto económico con el más triste argumento: fue negociado con el Estado por dichas regiones, aprovechando un momento de debilidad. Se daba carta de naturaleza progresista a la lógica de la extorsión competencial: si una parte ha conseguido algo en un momento de debilidad del todo, bienvenida sea esa conquista, caiga quien caiga y aunque caiga la igualdad. Aunque se suela confundir con los viejos fueros medievales, el concierto económico vasco es un apaño decimonónico alumbrado tras la tercera guerra carlista por las elites de la Restauración. Una compensación por la eliminación de dichos fueros que institucionalizó un trato diferencial para acomodar a los vestigios del carlismo y cuyos efluvios insolidarios sufrimos a día de hoy.

Gracias al concierto económico y al convenio, País Vasco y Navarra no contribuyen a la financiación común de los servicios públicos en el conjunto de España. La redistribución salta por los aires cuando se permiten sendos regímenes bilaterales que excluyen a dos regiones eminentemente ricas del sistema fiscal común y, por tanto, de la redistribución con el conjunto de los españoles.

Más allá de conciertos, convenios y fundamentaciones impresentables para cualquier persona con una firme convicción igualitaria –como aquella que apunta a la legitimidad del privilegio si el privilegiado es suficientemente audaz para negociarlo aún a costa del bienestar y los derechos de los demás; o esa otra que directamente apunta a unos derechos históricos de los territorios forales que justificarían cualquier trato de favor–es obvio que tenemos un problema con la descentralización, también en materia fiscal. Aborrezco la política de competencia alocada entre regiones que permite a las regiones más ricas encontrar mecanismos de atracción de grandes patrimonios y fortunas para la deslocalización interna. Es lo que ocurre con numerosas sociedades que se marcharon de Burgos o La Rioja para instalarse en el País Vasco y es también lo que ha acontecido en Madrid con la bonificación completa del Impuesto de Sucesiones y Donaciones o el de Patrimonio, lo que ha promocionado que grandes fortunas y patrimonios hayan encontrado acogida en un entorno fiscalmente laxo.

Habrá quien defienda la competencia fiscal como generadora de incentivos internos para la creación de riqueza. A mi juicio, salen gravemente perjudicadas la redistribución y la igualdad. Sería muy razonable que los partidos que teóricamente ocupan la izquierda parlamentaria defendieran los citados impuestos, de corte eminentemente progresivo, pero lo que no tiene ningún sentido es que lo hagan en el plano teórico, al mismo tiempo que dan el visto bueno a su descentralización normativa, por extraños complejos que asimilan la centralización competencial a la rancia derecha carpetovetónica que tritura la diversidad.

En el caso que nos ocupa, los tipos impositivos en España son muy diversos y no por ello estamos ante una buena noticia, al menos si nos tomamos en serio la redistribución. Que liberales como Daniel Lacalle defiendan que «el cupo no es el problema, sino la solución para la financiación autonómica» es algo perfectamente comprensible para esa tendencia política. Lo que no tiene mucho sentido es que la izquierda haya patrocinado durante años cosas muy similares. Así, el principio de ordinalidad o, en su versión más rudimentaria, la célebre proclama de Montilla de que «el dinero de los catalanes debe quedarse en Cataluña».

Ya advirtieron Piketty o Zucman, economistas serios de izquierdas, que un sistema fiscal descentralizado con transferencias a regiones y autonomías aboca a la competencia entre las mismas (siempre a la baja) y a la consiguiente derogación de facto de los impuestos más progresivos. En España, la descentralización fiscal ha superado a la de los propios Estados federales: ahí está el caso del tramo autonómico del IRPF o de las transferencias en impuestos especiales.

Lo que no vale es defender la retórica insolidaria de las balanzas fiscales en Cataluña y sorprenderse cuando la muy autonomista Ayuso defiende llevar hasta las últimas consecuencias el marco competencial de la CCAA. O criticar una agresiva competencia fiscal autonómica y defender al mismo tiempo el concierto económico y el convenio navarro como modelos perfectamente compatibles con la solidaridad interterritorial, cuando son su total negación. Desde las antípodas de la política fiscal de Ayuso, tenemos la obligación de denunciar su modelo, al tiempo que criticamos con idéntica contundencia las contracciones insalvables de nuestra izquierda confederal. La única forma de garantizar un sistema fiscal verdaderamente progresivo es recuperar la capacidad normativa de todos los impuestos para el Estado central y no volver a transferirla jamás. 

Guillermo del Valle es abogado y director de El Jacobino