Propiedad vulnerable

La prosperidad, en cualquier rincón del planeta, tiene bastante que ver con la propiedad, los contratos y las libertades. En realidad, es el contrato el que reúne la quintaesencia de esa tríada: progresan aquellas naciones donde se respeta, mientras que retroceden en las que no pasa de papel mojado. Creo haber leído o escuchado a Pedro Schwartz insistir en esa idea de un Occidente avanzando a lomos de la figura contractual frente al otro mundo renqueando alrededor del vaivén coyuntural de la pura conveniencia. El mercado ordenado con precios y criterios estables frente al caótico regateo del zoco es un buen espejo de esta dicotomía.

Cuando en una sociedad se blindan propiedad, contratos y libertades, lo normal es una razonable marcha de las cosas. Lo contrario suele traer una falta de confianza traducida en inmediata pérdida de inversores, ausencia de iniciativas empresariales o simples desplomes en adquisiciones de bienes y servicios, que son el aceite que lubrica la economía. Hablar de seguridad jurídica en estos terrenos equivale a decir que sin una adecuada protección por ley de lo privado, sin hacer cumplir lo pactado o sin potenciar la autonomía de la voluntad personal, lo más probable es que se acentúe la decadencia, en forma de continuas crisis y desorden social acusado.

Pienso que la defensa del patrimonio individual no está atravesando en España sus mejores momentos, a tenor de la respuesta legal que se ofrece a determinadas amenazas, carente de la contundencia y celeridad deseables. Las fórmulas que hoy se aplican han llegado al colmo de salvaguardar los derechos fundamentales de quienes irrumpen ilícitamente en inmuebles ajenos, sin caer en la cuenta de que también el Convenio Europeo de Derechos Humanos ampara como tal la propiedad privada, «sagrada e inviolable» desde los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, sin necesidad de remontarnos más atrás. La Declaración Universal de Derechos Humanos de Naciones Unidas, a la que tanto apelan quienes solo leen en ella lo que les interesa, consagra lo mismo que el texto revolucionario galo: que «toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente», sin que nadie pueda ser «privado arbitrariamente de su propiedad».

Tener que recordar a estas alturas algo tan primario me parece una broma de mal gusto. Además de intolerable. Si los titulares de viviendas las dejan vacías durante tiempo prolongado digo yo que será porque les da la real gana, sin que tal circunstancia legitime su allanamiento por terceros, porque hasta ahí podíamos llegar y estamos llegando.

Ninguna relación con estos delictivos asaltos guarda el derecho a una vivienda digna o la función social de la propiedad sancionada por nuestra Constitución, como se empeñan en sostener los demagogos que siempre buscan tres pies al gato. Para empezar, deberán ser las normas –y nunca alguien por sus bemoles– las que generen las condiciones para que cristalicen esas aspiraciones socioeconómicas, pero sin que tales objetivos supongan la privación de bienes y derechos sino mediando causa justificada de utilidad pública e indemnizando, como se encarga de subrayar nuestra Carta, en términos próximos a las naciones occidentales.

Lo que no es descartable que pueda estar escondiendo esta tibia tutela de la propiedad es una larvada estrategia para combatirla por motivos ideológicos, algo que incluso ha dejado de hacerse en algunas dictaduras comunistas, entregadas con fascinación a la causa del capitalismo inmobiliario más salvaje, como sucede en China.

En definitiva, ni la «okupación» de casas encuentra justificación en nuestro ordenamiento, ni tampoco excusa ningún supuesto «arte urbano» que se embadurnen con aerosoles fachadas que no son de tales «artistas», que esa es otra. El que ansíe pintarrajear sus portones que lo haga, pero no en los que sus dueños ni lo han pedido ni tienen el deber de costear su limpieza.

Cuando la ONU cumplió cuarenta años, Nancy Reagan regaló en nombre del pueblo norteamericano uno de los mosaicos más visitados de su sede neoyorquina. La obra, de Norman Rockwell, refleja la regla de oro de no hacer a los demás lo que no te gustaría que te hicieran, un elemental principio compartido por credos y regímenes, pero que ya se ve lo que nos cuesta hacer entender aquí a ciertos vándalos y a los irresponsables que los alientan con su culpable tolerancia.

• Javier Junceda es jurista y escritor