¿Cuánto más tienen que aguantar los ganaderos españoles?

Todo tiene un límite. Y el de la paciencia con el Gobierno de este país por parte de la gente del campo ha sido sobrepasado hace tiempo. Tres años de abandono son reprochables, tres años sin un solo avance, sin una inversión y con recortes, son muy criticables; pero tres años soportando todo lo anterior, entre insultos, desprestigio y calumnias del propio Gobierno dentro y fuera de España, colman hasta el más generoso de los vasos.

Esto es, precisamente, lo que están sufriendo los agricultores y ganaderos españoles y su industria agroalimentaria. Tres años que se han saldado sin un solo acuerdo con el Ministerio responsable, la primera vez en la historia en que la PAC es impuesta y no pactada. Tres años en los que, a pesar de los problemas que atraviesa el sector, en lugar de respuesta han encontrado ataques e insultos gratuitos e injustificados de su propio Gobierno dentro y fuera de nuestras fronteras; tres años en los que el postureo, el perfileo y el engaño han sido las únicas acciones del ministro del ramo.

Recordemos enero de 2020, un mes antes de la pandemia, cuando los tractores estaban en las calles clamando contra su falta de rentabilidad. Entonces fue cuando, el otrora excelentísimo vicepresidente Sr. Iglesias, dijo aquello de «apretad que tenéis razón», para, a renglón seguido, imponer con el resto del Gobierno, sin diálogo ni consenso, una modificación de ley de la cadena alimentaria, de nefastas consecuencias antes y ahora, en cuya exposición de motivos comienza un calvario, hoy ya insoportable, de desprestigio continuo, en el que se acusa al sector de insalubre y falto de las más mínimas condiciones de higiene.

Este fue solo el primer episodio de lo que hoy pudiera parecer toda una estrategia del Gobierno contra la producción de alimentos en España; con dos líneas muy claras de actuación; la asfixia económica de agricultores y ganaderos (recortes de 5.000 millones de euros en la PAC, paralización de regadíos, incrementos exponenciales de costes de producción que los saca de los mercados: luz, gasóleo, fertilizantes, etc.) y su desprestigio constante.

Todos recordamos la campaña contra las frutas en la BBC, protagonizada por una destacada representante de Podemos en Andalucía, instando a nuestros principales compradores internacionales a dejar de consumir productos españoles porque, según esta señora, utilizaban esclavos para producir. A esta le siguieron las múltiples campañas del señor Garzón contra el azúcar comparándola con el tabaco, sólo para justificar una subida de impuestos, contra la carne en el mes de junio, las dietas promoviendo el consumo de productos baratos y de otros países, las difamaciones contra el vino diciendo que es la droga más consumida en España, su idea de implantar sistemas de etiquetado nutricional que dan mejor valoración nutricional a una bebida azucarada que al aceite de oliva, o el jamón ibérico, son algunos ejemplos.

El colmo ha sido que este mismo e irresponsable ministro de España diga, en prensa internacional, que la carne de España es de mala calidad y de animales maltratados, porque simple y llanamente es falso. Las normas españolas son las mismas que las del resto de Europa, incluso más exigentes si cabe. Los profesionales que las hacen cumplir son personas de solvencia y experiencia bastante más acreditada que la del ministro de Consumo. Los ganaderos y la industria que lo hacen posible son trabajadores incansables sometidos a más inspecciones que todo el Gobierno junto.

No solo Garzón es el problema. Recordemos a la ministra de Transición ecológica, primero prohibiendo controlar las poblaciones de lobos, provocando ataques permanentes a la ganadería extensiva, a la que ahora dicen proteger. O más recientemente, limitando el desarrollo económico y el futuro del medio rural al paralizar las inversiones de almacenamiento y aprovechamiento de agua en España y negándose a hablar siquiera de un Pacto Nacional por el Agua imprescindible en este momento, como ofrece el Partido Popular.

Todo esto bajo la atenta e inútil mirada de un Ministro de Agricultura que no defiende a su sector, ni dentro ni fuera de España, que no ha apoyado el Plan de ganadería sostenible presentado por el Partido Popular para ayudar a los ganaderos a ser más sostenibles sin perder rentabilidad, que consiente barbaridades como la que ha protagonizado el Partido Socialista hace unos meses pidiendo a la Unión Europea «investigar las macrogranjas españolas», muy grave porque, el Ministerio de Agricultura que dirige el Sr. Planas, es el único responsable de su regulación, y de su control. Grave, muy grave cuando además, la normativa deja claro que en España las mal llamadas macrogranjas no existen. Son un producto ideológico de ecologistas de salón, que viven y cobran nómina por limitar el desarrollo económico en nuestros pueblos, como han recordado estos días también los colegios profesionales.

No podríamos ni imaginar que lo que está pasando en este momento en España pudiera pasar en ningún otro país de nuestro entorno, ni podemos olvidar que la responsabilidad máxima de que esto suceda en nuestro país solo es de quien preside un Consejo de Ministros que ni cree, ni quiere creer en el medio rural, ni sabe, ni quiere saber de sus problemas y consiente que el Sr Garzón se vuelva a sentar, una semana más, en el Consejo de Ministros a pesar del clamor ciudadano, ayer mismo en mi tierra, en Palencia, sin un solo gesto de defensa por parte del presidente. A pesar de haber puesto en duda el trabajo de su propio Gobierno, a pesar de poner en riesgo más de dos millones de empleos, al cuarto sector de la economía nacional, y el principal motor de la economía de las zonas despobladas, y ante todo y sobre todos a quienes vivimos en los pueblos porque creemos en su futuro y nos preguntamos cada día: ¿cuánto más piensa el Sr. Sánchez que deben aguantar los agricultores y ganaderos españoles sus insultos y abandono?

• Milagros Marcos es secretaria nacional del PP de Agricultura y Despoblación