El desamparo de los jueces

Hasta 1995, es decir, bien asentada ya la democracia, existía en España el delito de desacato que, en los artículos 240 y siguientes del Código Penal de 1973, definía como conducta punible la de «los que hallándose un Ministro u otra autoridad en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de ellas, las calumniaren, injuriaren, insultaren o amenazaren de hecho o de palabra…». El Código Penal de dicho año 1995 suprimió el desacato a las personas que ejercen autoridad y los artículos 504 y siguientes llevó la sanción solo de multa a «los que calumniaren, injuriaren o amenazaren gravemente al Gobierno de la nación, al Consejo General del Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior de Justicia de una comunidad autónoma», es decir, trasladó la protección penal únicamente a las más altas instituciones, dejando desprovistas de protección penal a las personas que ejercen su función en las mismas y sobre todo a la persona de los jueces y magistrados.

Por aquel entonces, algunos advertimos del riesgo que suponía suprimir el desacato también a los jueces, que ejercen un poder profesional, y que, al resolver conflictos, necesariamente han de dar la razón a unos y perjudicar a otros y que cuando el conflicto consiste en una infracción penal, han de lesionar en sus más íntimos intereses a los que las cometen, con lo que quedarían peligrosamente expuestos a la venganza y la represalia, sin más amparo que el que puede dispensarse a cualquier persona ofendida o amenazada. Todo ello a diferencia de lo que sucede con las llamadas autoridades políticas (ministros, secretarios de Estado, presidentes de instituciones diversas) y en general los cargos electivos que están protegidos por sus partidos, con gabinetes, equipos jurídicos, y hasta medios de comunicación afines, que con toda legitimidad los defienden y protegen.

Desgraciadamente, no se nos hizo caso cuando pedimos que, salvando siempre el derecho a la crítica de las resoluciones judiciales y excluyendo cualquier limitación a la libertad de expresión, se evitara convertir a los jueces en blanco fácil e impune de quienes pierden los pleitos o resultan condenados o simplemente investigados en el ejercicio de la función jurisdiccional.

Ese equilibrio entre derecho a la crítica y libertad de expresión, por un lado, y respeto a la autoridad judicial, por otro, se ha conseguido plenamente en otros países, que son ejemplares democracias y en los que el desacato a la justicia y a quienes la ejercen, llega a impedirse o sancionarse hasta extremos realmente admirables. Recuerdo el caso de un líder sindical británico que hace muchos años y ante la imposición de una multa por un juez para sancionar una huelga declarada ilegal, salió en los medios de comunicación de forma irrespetuosa y desabrida, anunciando que no se iba a pagar la multa, lo que provocó que ésta fuera doblada por el juez desacatado y, además, decretara la inmediata intervención de todas las cuentas corrientes del sindicato. Hasta en los telefilmes de temas judiciales, tanto norteamericanos como de diferentes países europeos, puede apreciarse la firmeza, inmediatez y energía con que se protege al juez que sufre el desacato, porque con ello no se ampara a la persona concreta, sino al principio de que la justicia ha de ser respetada, precisamente porque en su eficacia se encuentra la más firme protección a los derechos y libertades de todos los ciudadanos.

Por el contrario, en España, asistimos al triste espectáculo de unos delincuentes indultados, que anuncian que lo volverán a hacer, a la manifestación pública de autoridades administrativas de alto nivel que se niegan a obedecer sentencias firmes de los Tribunales y hasta al exabrupto de algún político insultando descaradamente a los jueces que le investigan o que han de juzgarle.

No es esta una cuestión menor, porque no solo refleja la falta de respeto democrático a la ley y a quienes la declaran en los juicios, sino que evidencia también una descomposición social que urge remediar.

Un Estado que permite la burla a las leyes y el incumplimiento impune de las sentencias judiciales, va camino del caos y en el caos, todo es posible.

• Ramón Rodríguez Arribas es abogado