El Rey ha vuelto, viva el Rey

La vuelta del Rey Juan Carlos I a España después de dos años de ausencia ha puesto fin, aunque sea solo por unos días, a un alejamiento voluntario, si bien deseado y promovido por algunos. A partir de ahora vendrá de cuando en cuando, e incluso podrá volver a residir en España. Se trata de un caso paradigmático de «juicio mediático», puesto que no ha sido nunca investigado judicialmente en España, aunque diversas instituciones como la fiscalía general del Estado, o el Ministerio de Hacienda, hayan abierto alguna investigación informativa. También se ha cerrado una investigación en Suiza al no haberse encontrado evidencia para enjuiciarle. Pero las investigaciones han finalizado sin que haya habido ninguna acusación formal concreta, de manera que solo queda pendiente una demanda en el Reino Unido promovida por la Princesa Corinna Larsen. Sin embargo, muchos políticos y medios informativos han aprovechado estos años para dar por ciertos unos hechos que no han sido probados, y para olvidar el principio de presunción de inocencia que sin embargo invocan para otros.

Contrasta este «juicio mediático» sin presunción de inocencia con otros casos, principalmente de políticos de todos los partidos que han sido condenados por sentencia judicial, o que llevan demorando su sentencia durante décadas aunque sus delitos han sido probados judicialmente. Pero creo que en la mente de todos están pendientes al menos tres presidentes de comunidades autónomas, y varios exministros y altos cargos de todo el arco político, por delitos monetarios.

Pero como no soy jurista, sino sociólogo, carezco de la formación y de la obligación de juzgar a nadie, y me limitaré a dar mi opinión sobre algunos aspectos de esta cuestión que a veces se pasan por alto. En primer lugar, y a pesar de que numerosos expertos y estudios han concluido que la mayoría de los españoles no son monárquicos, en el sentido que en tiempos tuvo lo de ser miembros del «círculo verde», lo cierto es que la Constitución Española de 1978, en su Título Preliminar, artículo 1, apartado 3, afirma: «La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria». Esta Constitución, vigente en la actualidad, fue aprobada en referéndum de toda la población española de 18 y más años el 6 de diciembre de 1978 por un 59 por ciento del censo electoral (es decir, de todos los españoles con derecho a voto), y un 88 por ciento de los votantes (debe aclararse que votó el 67 por ciento del censo electoral, es decir, una participación muy similar a la de otras citas electorales nacionales, autonómicas y locales desde 1977 hasta el presente), y desde luego muy superior a la del referéndum sobre la OTAN de 1986, al referéndum sobre el proyecto de constitución europea de 2005 (42 por ciento), y a las elecciones para el Parlamento Europeo desde 1987.

Desde 1978 hasta el presente, no conozco ni una sola encuesta publicada, tanto por instituciones públicas como privadas, que haya mostrado evidencia de que haya una clara preferencia por la República sobre la Monarquía como forma política del Estado español. Lo que parece significar que una población mayoritariamente republicana prefiere la Monarquía como forma de Estado. En todos los países democráticos, y España lo es, se deben respetar los derechos de las minorías, pero especialmente los de las mayorías. Por tanto, supongo que cuando una mayoría de los españoles con derecho a voto prefieran la República a la Monarquía, se producirá una reforma de la Constitución siguiendo, como en todas las democracias, los procedimientos legalmente establecidos para la reforma de la Constitución. Pero, en la actualidad, no está planteada, por quien puede hacerlo, la reforma de la Constitución para ese cambio fundamental.

Por consiguiente, la Monarquía es nuestra forma política del Estado español. Y debemos cuidarla, lo que obviamente no excluye la crítica, pero tampoco obliga a ella. En España estamos muy acostumbrados a pasar de un extremo a otro, y sobre todo parece que necesitamos continuamente responder a la pregunta «¿a quién quieres más: a papá o a mamá?». Recordemos que ya desde los años 40 nos enzarzábamos en discusiones sobre quién era mejor, Manolete o Arruza en los toros, Paco Bueno o Fidel Arciniega en el boxeo, Bardem o Berlanga en el cine, el Real Madrid o el Atlético de Aviación (luego de Madrid) en el fútbol, o actualmente el Real Madrid o el Barcelona, y ya estamos viendo la disyuntiva entre Nadal o Alcaraz. ¿Sería posible que podamos alabar a Nadal y a Alcaraz sin tener que elegir a uno por encima del otro? ¿Por qué hay que elegir entre papá y mamá? ¿No se puede querer a los dos? En otros tiempos los españoles y los medios de comunicación, que son los que más influyen en las opiniones públicas, ensalzaban al mismo tiempo a Suárez, González, Carrillo y Fraga, con matices, por supuesto, pero los cuatro eran objeto de elogios mayoritarios. Es costumbre entre nosotros que cuando elogiamos a uno es para denigrar al otro, y viceversa, pero esa costumbre se puede cambiar.

Pensemos que nos tenemos que aguantar con ideas y opiniones diferentes. No es obligado que para aplaudir al Rey Juan Carlos I haya que denostar al Rey Felipe VI, ni lo contrario, se puede evaluar de forma positiva a uno y a otro. Por el contrario, las críticas a uno, aunque sea con alabanzas al otro, deterioran a la institución, que es la Corona. Por eso, mientras tengamos la Monarquía como forma del Estado español, olvidemos las comparaciones, no hay razón para no poder decir «viva el Rey Juan Carlos» y «viva el Rey Felipe». Dejemos a la historia, y no a la memoria colectiva, el juicio sobre sus reinados.

• Juan Díez Nicolás es académico de número en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas