Objetivo la Monarquía

Puestos a creer el conocido proverbio «el saber no ocupa lugar», que en tiempos del diluvio informativo ya no es tan cierto, se me ocurrió seguir un programa sabatino de cierta televisión fiel al poder cuando es de izquierdas. «Todo sea por aprender», me dije. Entre otros temas, en los que eran interrumpidas las intervenciones no gratas para los tertulianos monclovitas, el programa se dedicó en buena parte a promocionar la serie televisiva Los Borbones: una familia real.

En esa parte promocional del programa se cortaba también a quienes osaban expresar opiniones favorables a Juan Carlos I. Precisamente sobre él se alza el contenido de esta serie. Lo demás era acompañamiento para engañar a bobos. El resumen propagandístico era conducido por una conocida presentadora de la izquierda caviar acompañada por un lechuguino que parecía no saber de lo que hablaba pero, eso sí, lo hacía con mucho convencimiento. La presentadora tampoco estaba enterada salvo sobre lo que ya traía asumido de casa; se mostró sorprendida por algunos aspectos de la familia reinante archiconocidos por quienes acaso hemos leído más.

Me movió la curiosidad masoquista y busqué uno de los capítulos ya emitidos. No defraudó mis expectativas: puro maniqueísmo. Sus referencias históricas respondían al objetivo buscado. Se daba una visión popular del 14 de abril de 1931, cuando, según se dijo, fue expulsado de España Alfonso XIII, vicioso y corrupto, centro de toda depravación. Ni una palabra sobre la realidad histórica. La República no llegó legalmente, por una consulta convocada al efecto, sino por unas elecciones municipales que, por cierto, en número de concejales ganaron las candidaturas monárquicas. Las gentes echadas a la calle y manipuladas hicieron el resto. Muy de la izquierda. Sin olvidar la cobardía de las autoridades monárquicas. En El advenimiento de la República cuenta Josep Pla las advertencias de Azaña a Maura camino del Ministerio de la Gobernación en Sol de lo peligroso que sería romper la legalidad.

Una coalición republicana-socialista formada para unas elecciones municipales se convirtió en Gobierno de la República sin soporte legal alguno. El Rey se equivocó. Abandonó el país para evitar una confrontación que, convertida en guerra tras el golpe militar que partió España en dos, sólo se atrasó cinco años debido, entre otros motivos, a la deriva radical izquierdista del nuevo régimen que produjo una sucesión de enfrentamientos, violencia y sangre. Reléanse las actas de las sesiones del Congreso de los Diputados y las amenazas de Largo Caballero, entre otros, de que tomarían el poder por la fuerza e irían «a la guerra civil» si la izquierda perdía las elecciones de febrero de 1936.

El Frente Popular, una especie de Frankenstein de la época, ganó las elecciones acaso para evitar que se hiciese realidad aquella amenaza. Ya se tiene constancia –los llamados «papeles robados de Alcalá-Zamora», el estudio de Álvarez Tardío y Villa, entre otras fuentes– de lo que siempre se sospechó: que fueron fraudulentas. Los resultados electorales se maquillaron, además, por la Comisión de Actas en el Congreso presidida por Prieto, no precisamente neutral, que basculó no pocos diputados del centro y la derecha hacia la izquierda.

Esta serie documental es una sucesión de agravios a la Monarquía que, más allá de su crítica insultante a Juan Carlos I, tiene su punto de mira en Felipe VI. No seamos ingenuos. Se acusa a Alfonso XIII y a Juan Carlos I de corruptos; es fácil injuriar a quien no se puede defender. Se da por hecho lo que ni en el caso del abuelo ni en el del nieto está constatado y concretamente en cuanto al Rey padre sus injuriantes no han sido capaces de probar ni los tribunales de abrir proceso pese al ahínco de la Fiscalía General del Estado que alargó la investigación a ver qué pescaba. Ahora vuelve a investigarle Hacienda sobre asuntos dados ya por cerrados. ¿La infame respuesta a la cálida acogida popular al Rey padre durante su breve estancia en Galicia?

El programa fijó como inicio de las maldades del Rey padre el viaje a Botsuana, un país en el que es legal la caza de elefantes y al que acudió invitado. Al regresar a España pidió perdón –a mi juicio un error–, pero eso no parece suficiente a algunos. La progre caviar aseguró que la española es «la última Monarquía sostenida por una mentira». Nada menos. Se negaron, y dieron lugar a interrupciones, los logros internacionales del Rey padre. Y la progre caviar nos contó que España es «el único país con Monarquía que no tiene una serie documental», pero no dijo el sesgo de ésta. Los documentales foráneos se basan en la objetividad y éste en un maniqueísmo vergonzoso. A las relaciones amorosas del Rey padre se dedica un capítulo de la serie. Bien está. No es ejemplar. Pero habría que conocer las historias de quienes se rasgan las vestiduras en una realidad en la que se llega a ministerios y a cátedras fakes, por ser «pareja de» y a las ex se las premia con un escaño, con un cargo o con la dirección de una publicación afín. Hay mucha hipocresía.

La serie televisiva tiene en el punto de mira no a una familia sino a la Monarquía en la vía de una recuperación republicana recalcitrante y nada oculta. No faltó insistir en el deseo de que se pregunte a los españoles sobre la forma de Gobierno, como si no la hubiésemos votado cuando aprobamos la Constitución, única por cierto en la que aparece expresamente el nombre del Rey. Y las Constituciones se valoran, entre otras virtudes, por su permanencia. Ninguna es refrendada por cada generación. Ello supondría una nueva Constitución cada quince años si seguimos la apreciación temporal de Ortega. En esta serie documental los Borbones no son un tema, son un objetivo a batir como lo es la Institución que encarnan.

• Juan Van-Halen es escritor y académico correspondiente de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando