No van a tumbar el sistema

La Transición tiene tal prestigio que solo desacreditándola se puede demoler el sistema constitucional de 1978. Y en esa labor de zapa para construir un nuevo relato de nuestro pasado que la desprestigie están empeñados los que desde el Gobierno y el Congreso tratan de acabar con el sistema. Pero este no es el único embate. Ha habido otros, y algunos vienen de largo.

Todos han fracasado.

(No es de estabilidad constitucional de lo que podemos presumir los españoles. La mejor prueba del fracaso son los seis textos constitucionales que tuvimos entre 1812 y 1931, más el Estatuto Real y algunos proyectos que no vieron la luz porque un pronunciamiento militar o un golpe de Estado lo impidieron).

La Constitución de 1978 ha sido la única pactada entre todas las fuerzas políticas –tuvo 296 votos a favor, dos en contra, 18 abstenciones y un voto nulo en el Congreso– y luego ratificada en referéndum por los españoles con el 91,81 por ciento de los votos. Esa es la base de su fortaleza.

Algunos embates fueron tan duros que amenazaron con doblegar al sistema de 1978. Desde el momento primero de la recuperación de la democracia, ETA no cejó en su intento de provocar al Ejército con cientos de asesinatos de militares, policías y guardias civiles, para que diera un golpe de Estado. Buscaba en la lucha contra una dictadura militar la coartada para seguir matando. Y no estuvo lejos de conseguirlo el 23 de febrero de 1981, de no ser por la intervención del Rey. El sistema constitucional de 1978 pudo con el primer embate.

Casi treinta años después llegó el segundo: la crisis económica de 2008 con su reguero de desolación. Tres millones de españoles se fueron al paro en cuatro años y cerraron casi trescientas mil empresas. La historia enseña que toda crisis económica genera una crisis social, que acaba generando una crisis política. Y esta dio la cara en las elecciones de 2015 cuando pareció que se resquebrajaban los cimientos parlamentarios del sistema. El bipartidismo saltó por los aires y hubo cuatro elecciones en cuatro años. La inestabilidad estaba servida.

Podemos irrumpió en la política haciendo suyas las palabras de Hölderling –había que «asaltar el cielo»– y desde el primer momento dejó claro que iba contra el «régimen del 78». Pero los hechos transitaron, para decepción de los morados, por un camino que no fue el revolucionario. Hubo manifestaciones multitudinarias y se llenaron las plazas de miles de ciudadanos indignados que habían conocido la prosperidad y la habían perdido. Pero no se rompió ni el cristal de un escaparate.

¿Por qué? Porque a pesar de la crisis, más de ocho millones de jubilados seguían recibiendo sus pensiones; el subsidio de desempleo paliaba el sentimiento de desamparo de millones de parados; aunque con recortes, la sanidad pública atendía a millones de españoles, y la enseñanza financiada por el Estado continuó acogiendo a más de siete millones de estudiantes. Estas prestaciones –potenciadas, unas, y creadas otras por el «régimen del 78»– actuaron como una red de protección social que amortiguó la dureza de la caída del nivel de vida de millones de españoles. De no haber sido por esta red, España podría haberse despeñado por un precipicio de inestabilidad de consecuencias imprevisibles. Pero el sistema constitucional del 78 resistió y pudo con el segundo embate.

El tercero dio la cara en octubre de 2017 cuando los separatistas catalanes decidieron que con un Gobierno débil apoyado por solo 123 diputados había llegado el momento de proclamar la independencia. El país quedó en shock y hubo un momento en que millones de españoles creyeron que los separatistas estaban ganando la partida por la pasividad del Gobierno y la laxitud de los partidos. Fue de nuevo el Rey con su discurso del 3 de octubre quien, como el 23F, les hizo frente y los desarboló. El sistema constitucional del 78 pudo con el tercer embate.

Pero el embate más grave contra el sistema es el que estamos viviendo en la hora presente porque surge desde dentro del Gobierno y del Congreso. Sus protagonistas saben que solo desacreditando la Transición pueden demoler el sistema. La ley de Memoria Democrática, pactada con los separatistas y con Bildu, es la prueba más evidente de esa estrategia de desprestigio.

Quienes afirmaron que iban contra el «régimen del 78» están ahora en el Gobierno, al que suministran respiración asistida en el Parlamento los que han estado con ETA y quienes intentaron separar a Cataluña de España. Ninguno ha renunciado a sus objetivos. Arkaitz Rodríguez, secretario general de Sortu y diputado de Bildu en el Congreso, dijo el 12 de noviembre de 2020 en su despedida del Parlamento vasco: «Vamos a tumbar el régimen del 78». Y Junqueras afirmó el 18 de enero de ese año en El País: «Sí, lo volveremos a hacer [….] Pedro Sánchez tiene que demostrar que está dispuesto a ceder» [….] «no me arrepiento de nada».

Y con estas gentes se gobierna, se pacta y se cede. Preocupa que los dirigentes socialistas no vean, o no quieran ver, el abismo electoral al que se encamina el PSOE. Todos los sondeos, incluso el del CIS, advierten del riesgo, y las elecciones en Andalucía lo confirman.

Los aliados del PSOE no van a tumbar el orden constitucional del 78 porque ha demostrado ser más fuerte de lo que ellos creían, pero sí pueden causar un daño irreparable al Partido Socialista.

Quienes pararán el cuarto embate serán los españoles en las próximas elecciones generales.

• Emilio Contreras es periodista