Hasta la próxima

Una vez más, el Congreso de los Diputados ha sido escenario esta semana de un nuevo debate sobre el fenómeno migratorio en el marco de la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para dar explicaciones sobre los hechos ocurridos en la frontera entre España y Marruecos, en la ciudad de Melilla, el pasado 24 de junio, como consecuencia de los cuales fallecieron, al menos, 23 migrantes de identidad no conocida, o, por lo menos, no divulgada.

La última vez que este tipo de hechos fue objeto de debate en el pleno del Congreso de los Diputados fue el pasado 9 de marzo, cuando el ministro del Interior fue interpelado por el Grupo Parlamentario Popular para explicar las circunstancias en las que se encontraban las infraestructuras de protección del territorio español en Melilla frente a intentos de asalto masivo al mismo por parte de migrantes que optan por forzar la entrada en nuestro territorio, contraviniendo los más elementales principios de respeto a la integridad física de nuestras infraestructuras fronterizas y de los agentes que velan por ella, los miembros de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con especial incidencia en nuestros guardias civiles, que ocupan la primera línea de defensa en este reto.

Ello obedecía, en aquella ocasión, a los incidentes registrados en la valla de Melilla los días 2, 3, 4 y 5 de marzo. En esas fechas, se experimentaron en Melilla varios intentos masivos de salto de la valla con desigual resultado, siendo el día más negativo el primero de ellos, el 2, que se saldó con cerca de 500 asaltantes penetrando en la ciudad, después de haberlo intentado unos 2.500, habiendo hecho alarde de una singular violencia al objeto de forzar la valla y el dispositivo adicional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para prevenir su forzamiento.

Este proceso se repitió al día siguiente, al parecer por parte de los 2.000 que no lo habían logrado el día anterior, consiguiendo, en esta ocasión, entrar en la ciudad unos 300 de ellos. Por nuestra parte, la Guardia Civil registró, entre ambas jornadas, alrededor de 50 agentes heridos. Los días siguientes, a pesar de repetirse los intentos, no consiguieron su propósito, pero consiguieron mantener dos días más en estado de alerta máxima a los efectivos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía existentes en la ciudad.

La percepción de la ciudadanía en Melilla era y sigue siendo en la actualidad de asunción de la incapacidad de las autoridades para preservar la integridad de la frontera, sin que se entienda en absoluto que España no pueda garantizarla. La ciudadanía valora positivamente el esfuerzo y la profesionalidad de los efectivos policiales, pero los considera inadecuadamente dimensionados y equipados.

En aquella ocasión, 9 de marzo, el ministro explicó en la tribuna que era consciente de que las infraestructuras todavía no habían alcanzado su nivel deseado de perfeccionamiento, a pesar de haberse invertido en su mejora más de 10 millones de euros entre los años 2020 y 2021 y lo que iba de desarrollo del año en curso, para el cual también se había presupuestado, por tercer año consecutivo, 5 millones de euros. En su intervención, el ministro aseguró que en el plazo de tres meses, es decir a principios de junio, la infraestructura estaría finalizada, al igual que lo estaría para fin de este año la de la denominada frontera inteligente, vinculada a los tránsitos ordinarios de vehículos y peatones en los diferentes pasos existentes al efecto.

Hoy sabemos que el pasado 24 de junio, más de tres meses después de la promesa del ministro, al menos quedaban 120 metros de frontera sin la infraestructura de peines invertidos cerca del paso fronterizo de Barrio Chino y que las infraestructuras de la frontera inteligente en los pasos fronterizos no estarán terminadas a fines de este año, sino que lo estarán «a lo largo del próximo año», en palabras de la delegada del Gobierno de España en Melilla.

Se dijo el 9 de marzo, se ha dicho en la comparecencia del ministro de esta semana y se continuará diciendo en el futuro que los retos que plantean los flujos migratorios, en sus expresiones violentas para la seguridad de nuestras fronteras, no son de carácter exclusivamente nacional, sino que afectan a toda la Unión Europea.

Desde septiembre de 2020, se encuentra sometido a debate en la Unión Europea, con más pena que gloria, el último pacto de migración y asilo propuesto por la presidenta Von der Leyen, pero empantanado por la falta de acuerdo entre las partes implicadas, sustancialmente los Estados más alejados de las fronteras con flujos masivos de migrantes, que ven este problema como lejano y por otra parte, las organizaciones no gubernamentales, que propugnan mayores grados de permeabilidad de las fronteras.

El Gobierno español debería esforzarse en impulsar decididamente, en el ámbito de la Unión Europea, los trámites legislativos derivados de este Nuevo Pacto por la Migración y el Asilo de la Comisión Europea y apuntalar su política de migraciones, en el marco nacional, en el fortalecimiento de las actuaciones en el control de fronteras, la repatriación ordenada y coordinada con la UE, dentro del respeto al marco normativo de la misma, de los inmigrantes irregulares y la intensificación de la cooperación internacional al desarrollo con los países de origen y tránsito de dicha inmigración por parte de España.

Mientras esto no suceda, mientras no revisemos al alza la disponibilidad de efectivos humanos y materiales de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Ceuta y Melilla, mientras no completemos el reforzamiento de nuestras infraestructuras de protección y gestión de nuestras fronteras, mientras no promovamos la ejecución adecuada de proyectos de cooperación internacional al desarrollo con los países de origen y tránsito de la migración irregular, mucho me temo que nos veamos obligados a sostener nuevos debates de estas características, por no haber sido capaces de dar respuesta adecuada a los retos migratorios y sus manifestaciones. Hasta la próxima.

• Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu es diputado nacional por Melilla del Grupo Parlamentario Popular