Las preocupaciones del Gobierno

Llevábamos un tiempo viviendo agobiados por las graves preocupaciones de un señalado ministro del Gobierno, que hacían temer lo peor para el futuro de nuestra democracia si el Tribunal Constitucional acogía el recurso de amparo del PP en relación con los nombramientos de magistrados de dicho tribunal. Igual preocupación, pero en sentido contrario, se sentía desde el PP. Con los días la preocupación y el agobio se tornó en angustia insufrible: fuese la que fuese la opción triunfante, nuestro régimen democrático estaba condenado a sufrir una herida de muerte.

Aparentemente se trataba de una cuestión puramente formal, lo que ayudaba a mitigar nuestra angustia. Sería grave si fuese una cuestión de fondo –nos decíamos con alivio–, pero solo es un tema de formas, y las formas, ya se sabe, son siempre problema de menor envergadura.

En realidad, no es así. La democracia es un conjunto de principios solemnes. Por desgracia, muchas veces, tan solemnes como etéreos. Por esa razón necesitan descender desde las nubes y transformarse en unas realidades terrenas y tangibles, que son las leyes. Se trata de un proceso como el que sigue la creación de una obra de teatro, que tan bien describe Lope de Vega en su Arte nuevo de hacer comedias. La genialidad de Lope le permitía «en horas veinticuatro» pasar «de las musas al teatro»; en materia de democracia, la encarnación de los principios celestiales en leyes terrenales, necesita, al parecer, menos tiempo aún.

Lo que propugnaba el recurso del PP ante el Constitucional era que, para que el Estado de derecho sea la expresión jurídica de una auténtica democracia y no una caricatura de ella, no caben ni atajos, ni trucos, ni listezas, en la tarea del Parlamento: para legislar es imprescindible seguir a rajatabla los caminos marcados en la Ley. Uno de los principios esenciales de la democracia es, precisamente, legislar ajustándose a las formalidades que prescriben las leyes. Las formas se convierten así en contenido.

De la preocupación que nos embargaba nos ha liberado temporalmente el Tribunal Constitucional al impedir que la reducción de las mayorías necesarias para la elección de sus magistrados, que propugnaba el Gobierno, pueda llevarse a cabo regateando los trámites y requisitos legalmente exigidos para la modificación de una norma tan importante.

Se ha impedido el atajo apresurado que quería seguir el Gobierno. Se ha se ha frustrado el incumplimiento de las formas democráticas. Ha pasado el peligro. Por fin podemos estar tranquilos. Es cierto. Pero no es menos cierto que la reforma pretendida puede, de inmediato, llevarse a cabo mediante una ley orgánica debidamente tramitada y aprobada por la mayoría parlamentaria que sustenta al Gobierno. Cuando esto suceda, solo el PSOE, con sus aliados, podrá cubrir las vacantes del Tribunal Constitucional con magistrados que considere propicios a sus ideas, es decir, de los llamados –no se sabe bien por qué– «progresistas».

¿Por otra parte, a qué viene tanta preocupación? Ya habrá en el futuro mayorías conservadoras que se beneficiarán del nuevo sistema y nombrarán magistrados de su cuerda. Además, hay que presumir que, con una u otra inclinación política, los magistrados respetarán siempre los principios constitucionales. Es innecesario preocuparse, agobiarse y menos aún angustiarse.

Pues vaya usted a saber por qué, pero cuando veo que los llamados magistrados progresistas, a pesar de los propios precedentes del Tribunal Constitucional, han votado unánimemente en favor de la posición del Gobierno en contra de lo que parece ser la evidencia, yo me preocupo, me agobio y me angustio. Y para mi desesperación, frente a tanto sufrimiento por mi parte, unos y otros me recordaron el famoso estrambote :

• Daniel García-Pita Pemán es miembro correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación