Los jueces

Esta semana comenzó en el Congreso de los Diputados con la reunión del Grupo Parlamentario Socialista (diputados y senadores), previa al comienzo del corriente período de sesiones, que ha visto, igualmente, esta semana, de martes a jueves, su primer pleno ordinario.

En dicha reunión, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, expresó, ante todos sus parlamentarios, su impresión de que la Ley Orgánica 10/2022, del 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, la conocida como ley del 'sólo sí es sí', estaba produciendo «efectos indeseados y creía que se quedaba corto». Se refería, naturalmente, al elevado número de reducción de condenas aplicadas a agresores sexuales con resultado de excarcelación anticipada de, al menos, unos 40, hasta el momento.

No obstante, al mismo tiempo que el presidente se pronunciaba de esta manera, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, la magistrada María Victoria Rosell, afirmaba que el feminismo nunca ha sido punitivista, es decir, que no ha basado su persecución contra las agresiones sexuales en las penas, ya que eso, a su juicio, individualiza las conductas y aísla a las víctimas. «Cuando una política, cuando una sociedad, solo puede proponer más penas, es una política de pena, es una pena de política», manifestó, como colofón a su intervención ante la ministra de Igualdad y la secretaria de Estado de Igualdad.

Ello permite concluir que, a lo mejor, los efectos indeseados de la ley, lo son sólo para el presidente del Gobierno o para la parte del Gobierno a la que representa su presidente, es decir, la socialista, pero no para la parte del Gobierno a la que representa su ministra de Igualdad, es decir, para la de Unidas Podemos, que afirma no creer en las penas altas. La postura de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la que nada entre dos aguas, permanece como una incógnita a este respecto. O sea, que el Gobierno de la nación tiene al menos tres posiciones en cuanto a una misma Ley promulgada por él. En contra, a favor e incógnita.

Al tiempo que esto sucede, el Tribunal Constitucional acomete su tarea de debate sobre diversos recursos de inconstitucionalidad inmerso en un considerable número de solicitudes de abstenciones y recusaciones de diferentes miembros del Tribunal por haber formado parte de los diversos procesos de tramitación de las normas que se recurren. Y lo han hecho desde diferentes instancias de la Administración General del Estado: la Fiscalía General del Estado, como el caso del propio presidente, el señor Cándido Conde Pumpido, el Consejo General del Poder Judicial, como las magistradas Inmaculada Montalbán Huertas y Concepción Espejel Jorquera o miembros del propio Gobierno, como el magistrado Juan Carlos Campo Moreno.

Se da el caso, incluso, de que, de forma anómala, se ha rechazado la solicitud de abstención por parte de una de estas magistradas, Concepción Espejel, por haber formado parte del proceso en instancias anteriores. Demasiado alboroto y ruido mediático en el ámbito de la administración de justicia, en sus más altas instancias, para una adecuada resolución de los muchos y graves asuntos que, para la garantía de una adecuada convivencia entre discrepantes, los diferentes representantes de la ciudadanía someten a la superior consideración de estos tribunales.

Otra de las magistradas que esta semana se ha visto obligada a dar la cara ante la ciudadanía en sede parlamentaria como consecuencia de los «deseados, no deseados o incógnitos» efectos de la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual (la del «sólo sí es sí») ha sido la propia ministra de Justicia, Pilar Llop. La ministra Llop, magistrada especializada en violencia de género, ha debido reconocer durante la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles, que las consecuencias de la aplicación de esta ley son dolorosas y producen vergüenza en una sociedad como la española y cuya responsabilidad asume en primera persona.

Con gesto compungido, aparentemente sincero, reconoció ante la diputada del Partido Popular que la interpeló, la balear Marga Prohens, que, dada su trayectoria profesional previa, la de magistrada especializada en violencia de género, todas y cada una de las reducciones de condena que se venían produciendo, en número muy superior a las 400 ya, le producían especial desasosiego y que se encontraban en vías de resolver tal problema, mediante la revisión, al alza, de las penas asociadas a los casos en los que hubiera violencia. No obstante, sus socios de Gobierno de Unidas Podemos, los auténticos promotores de esta desgraciada norma, le reprochan que dicha revisión al alza vuelve a promover un calvario probatorio de las víctimas para acreditar la existencia de violencia previa a la agresión. Para estos buscadores de atajos en los procesos penales con tal de salirse con la suya, la presunción de inocencia y la necesidad de aportar pruebas para poder condenar, son absolutamente irrelevantes.

En toda esta deriva no deseada, ni deseable, de protagonismo de los jueces en nuestra realidad cotidiana, hay quien, incluso, echa de menos pronunciamientos explícitos de los otros magistrados del Consejo de Ministros, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska. Parece existir un cierto e insano interés en hacer de los jueces los protagonistas ineludibles de nuestra vida ordinaria. En mi opinión, un exceso de presencia de los jueces en el entorno mediático cotidiano y su visualización por parte de los ciudadanos, con el consiguiente desgaste para su imagen y su reputación, no son buenas noticias para nuestro sistema democrático.

A mi juicio, este protagonismo pone de manifiesto un deficiente funcionamiento de las instituciones, especialmente del poder ejecutivo y legislativo que producen normas de difícil o controvertida interpretación que conllevan resultados alteradores de la normal convivencia social.

Todos deberíamos ser capaces de aportar lo mejor de nosotros mismos para que los protagonistas de la realidad pública cotidiana fueran los problemas reales de los españoles y las eventuales soluciones a los mismos, más bien que las diatribas y controversias entre los que han venido en convertirse en los auténticos protagonistas efectivos de la realidad: los jueces.

• Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu es diputado nacional por Melilla del Grupo Parlamentario Popular