Contumacia

Define el Diccionario de la Real Academia Española la contumacia como la tenacidad y dureza en mantener un error. No es de descartar que, en una futura versión ilustrada de nuestro diccionario, se acompañe esta definición con fotos de los miembros del actual Gobierno de España. Están convirtiendo esta actitud terca y testaruda en seña de identidad de su actuación política.

El buque insignia de esta flota de contumaces es, sin lugar a duda, la Ley de garantías de la libertad sexual, conocida como la ley del 'sólo sí es sí', gracias a la cual se prevé que sean revisadas a la baja las condenas impuestas a unos 4.000 agresores sexuales, según las estimaciones del Consejo General del Poder Judicial. La contumaz ministra de Igualdad, Irene Montero, se obstina tercamente, con el respaldo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en negar lo evidente, es decir, su error. Es el rasgo común de los contumaces.

Pero como casi todos los españoles saben, no es esta ley el único caso de contumacia de este Gobierno. Es simplemente el buque insignia de dicha contumacia. Un nuevo buque que se acaba de incorporar a la flota es el de la ley trans, que, so pretexto de defender los derechos de las personas del colectivo LGTBI, deja huérfanos a multitud de menores que se encuentran inmersos en el mar de confusiones propio de la incertidumbre de su edad y a sus padres, que, abandonados por la legislación nacional, se enfrentan en soledad a los retos que las incertidumbres de sus hijos les plantean. Pero ante la expresión de sus preocupaciones, la contumaz ministra de Igualdad les niega incluso el derecho a ser escuchados.

A pesar de las múltiples advertencias, consejos, solicitudes y hasta súplicas que les dirigen el resto de los grupos parlamentarios de las Cortes Generales e incluso del Parlamento Europeo, tales como las reservas expresadas en cuanto a la desaparición de los delitos de sedición o la matización del de malversación, los contumaces fruncen el ceño, se cruzan de brazos y afirman tozudamente que a ellos no les saca nadie de su postura.

Pero en este fin de semana en el que conmemoramos el primer aniversario del brutal, injustificado e injustificable incremento de las agresiones del régimen de Vladímir Putin contra Ucrania y en el que se ha debatido en el Congreso de los Diputados la opacidad con la que el Gobierno informa a la sociedad española sobre las ayudas que nuestro país proporciona a Ucrania, nos encontramos con un nuevo síntoma de contumacia de nuestro Gobierno, en este caso protagonizado por la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Ante los requerimientos por parte de la oposición de incrementar el grado de transparencia con el que se informa al Parlamento sobre la ayuda militar que nuestro país proporciona a Ucrania, la ministra ha vuelto a justificar la falta de transparencia, e incluso de información, por la necesaria discreción con la que hay que tratar estos asuntos a fin de no dar información que pueda ser de interés para Putin. Se argumenta por parte de la ministra que demasiada información puede comprometer la seguridad.

En mi opinión, lo que realmente compromete la seguridad no es informar a la oposición de qué es lo que está haciendo el Gobierno. No hacerlo, puede considerarse, incluso, un indicador de baja calidad democrática. Lo que realmente compromete la seguridad es hacer público, a través de los medios de comunicación, qué es lo que se está haciendo y lo que es aún peor, con qué medios y por qué itinerarios, tal como hiciera el presidente de Gobierno en el Consejo Europeo del 21 de abril cuando informó, a través de los medios de comunicación, del nombre del buque en el que se trasladarían los recursos que aportaba España y los puertos hacia los que navegaba, de un determinado país del este de Europa, fronterizo con Ucrania.

Según el Instituto Kiel sobre Economía en el Mundo, centro de análisis alemán que realiza un seguimiento sobre las aportaciones de los diferentes países donantes de ayuda a Ucrania, es llamativo que entre las aportaciones españolas siga sin figurar material que ha sido enviado por el Gobierno español cuya recepción ha sido confirmada por las autoridades ucranianas hace varios meses. Mientras muchos países tienen listados públicos de material enviado y pendiente de enviar, hay otros que apenas informan. Entre esos países se encuentra España. De los 41 países donantes, España ocupa el puesto número 40 en transparencia. Lo malo no es que esa falta de transparencia se refiera sólo al gran público, sino que se aplica también a las propias Cortes Generales, a las que tampoco se informa con el detalle con el que los grupos parlamentarios representantes de la ciudadanía española, debieran ser informados.

Una materia como la que nos ocupa, el apoyo militar a un beligerante en un conflicto, en este caso a Ucrania, implica el pronunciamiento de la mayor parte posible de la sociedad española, para lo que el Gobierno debería de contar con el respaldo del mayor número posible de los grupos parlamentarios y para ello tener en cuenta las aportaciones de todos ellos, incluidos los de la oposición. Para ello sería necesario que el Gobierno compartiese con el resto de las fuerzas políticas con representación parlamentaria las actuaciones que realiza y que, de una u otra manera, comprometen la situación de España en la escena internacional a medio y a largo plazo.

En esta actitud de nuestro Gobierno se enmarca igualmente la reciente negativa a que el líder del principal partido de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, pueda visitar en un futuro próximo y en coincidencia con una visita a Letonia, a nuestros soldados desplegados en este país en el marco de la Fuerza de Presencia Avanzada de la OTAN.

Es simplemente una manifestación más de uno de los problemas con los que convive este Gobierno, presuntamente de coalición, que, tanto en esta materia como en otras, mantiene irreconciliables discrepancias internas, que, además, no admite: la contumacia.

• Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu es diputado nacional por Melilla del Grupo Parlamentario Popular