La sentencia de la selva

La ley de plazos sobre aborto provocado de José Luis Rodríguez Zapatero será declarada constitucional antes de un mes por el Tribunal Constitucional (TC) español, en su vigente composición. Esto significa que este TC declarará que es conforme a la Constitución la ley más nociva imaginable contra la mujer, pues más de la mitad de las víctimas de los abortos (un 52 por ciento, según las estadísticas más fiables; cada año son sacrificados en España cerca de cincuenta mil mujeres y algunos miles menos de varones sólo en abortos quirúrgicos, sin contar los químicos y los derivados de anticonceptivos que operan como abortivos por su uso defectuoso, que escapan a las estadísticas).

En efecto, ahora se sabe con certidumbre científica lo que era una intuición por todas las mujeres, incluidas las analfabetas, desde los albores del paso del hombre sobre la faz de la Tierra: un aborto provocado consiste en dar muerte a un hijo en el vientre de su madre. Y se conoce, además, que el sexo de la víctima de un aborto viene determinado desde el instante mismo en que el espermatozoide paterno ha fertilizado al óvulo materno: ese embrión lo único que necesita para ser un varón o una mujer adulta es alimentación y paso del tiempo. Y que no lo maten antes de nacer.

Esta sentencia del TC volverá del revés la doctrina expresada por el propio Tribunal en su sentencia 53/1985, en la que se expresaba claramente que el aborto provocado debe ser un ilícito penal, y que para que opere la excusa absolutoria en tres «supuestos límite» deben cumplirse determinados requisitos médicos, policiales y administrativos; esos requisitos se vulneraron masivamente en fraude de ley desde el principio, sin que ningún Gobierno se haya tomado gran interés en defender la vida de las víctimas, lo que llevó la matanza de inocentes a un coladero pestilente y convirtió el crédito ya muy quebrantado del propio TC en algo que costará mucho esfuerzo y mucho tiempo restaurar, si es que se restaura alguna vez.

Puede decirse sin exageración ninguna, pues, que esta situación nos identifica con la de algunas tribus primitivas y salvajes, pero no con todas, pues aún existen algunas que consideran la fertilidad humana como una bendición. El hecho de que en el llamado Primer Mundo apenas quede algún país sin su correspondiente ley de aborto no significa sino que eso que llamamos Occidente está degradándose al nivel de las tribus salvajes más sanguinarias de la historia: según datos de la ONU, cada año se da muerte por aborto provocado a unos cincuenta millones de víctimas inocentes, más o menos las mismas que en la II Guerra Mundial (Enciclopedia Británica).

¿Tiene arreglo esta penosísima situación? Desde hace más de cuarenta años suelo decir que ir contra estos procesos de degeneración social es algo parecido a asaltar con una escalera una fortaleza amurallada defendida con aceite hirviente. Llegará un momento en que se acabará el aceite mientras siga habiendo asaltantes; esta es la buena noticia. La mala es que mientras haya aceite, el destino de los primeros asaltantes es morir achicharrados. Al profesor Jérôme Lejeune, descubridor de la trisomía 21 causa del síndrome de Down, le costó el Nobel de Medicina porque era un entusiasta partidario de la vida y contrario al aborto provocado.

Los partidarios de legalizar el aborto provocado suelen escudar su actitud alegando que es una cuestión de creencias religiosas, y concretamente católicas. Esto engaña fácilmente a las personas poco o mal informadas porque, efectivamente, desde el punto de vista institucional la Iglesia católica es la más importante confesión religiosa que se opone al aborto. Pero este asunto no es religioso, o al menos no es principalmente religioso, como tampoco son principalmente religiosas otras prohibiciones morales como la estafa, el asesinato, la esclavitud, el falso testimonio o la tortura, que también están condenadas por la Iglesia.

Más perniciosa que la «confesionalización» del debate sobre el aborto es su politización, porque el asunto tampoco es político. Es previo a la política, en el sentido más noble de la palabra. Si las leyes toleran que las madres puedan dar muerte, antes de que nazcan, a sus hijos sin tener que dar explicaciones a nadie de por qué toman semejante decisión (como es el caso español), ¿qué autoridad tendrá el Estado para prohibir la arbitrariedad del más fuerte contra el más débil en todos los órdenes de la vida? ¿Quién controlará al más fuerte de todos, que es el mismo Estado? Esta sentencia, como las leyes ya vigentes en el mismo sentido, consagrará la ley del más fuerte, que es la ley de la selva. O sea, la anti-democracia, o sea, la dictadura.

El envilecimiento de una sociedad se acaba pagando muy caro en términos de libertad. La sociedad española se está envileciendo a marchas forzadas. No soy el primero en advertir de este peligro, pero es lo que mi deber me impulsa a hacer.

• Ramón Pi es periodista