Vendieron la Bolsa... y no nos enteramos

Es difícil encontrar un mayor ejemplo de demagogia y doble vara de medir que el que se cuenta en la historia que sigue.

Fue en plena pandemia, a los diez días de declararse el estado de emergencia, cuando el 24 de marzo de 2020 el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias autorizó la venta de todos los mercados financieros españoles a una empresa suiza. Nadie hizo la menor crítica y la noticia se hundió en el silencio en una España conmocionada por tantas muertes.

Y ahora, solo tres años después, vemos cómo los mismos que autorizaron esa venta a una empresa de un país que no pertenece a la Unión Europea, se han lanzado al cuello contra los directivos de Ferrovial por trasladar su domicilio a Holanda, país que sí está en la Unión Europea. ¿Qué ha ocurrido para que el Gobierno y quienes le apoyan en los medios hayan cambiado tan radicalmente de opinión con un alarde sin precedentes de críticas y descalificaciones? Sencillamente, que hace tres años el Gobierno tenía despejado el horizonte electoral durante casi cuatro años, y ahora se le vienen encima dos elecciones en ocho meses, con el viento de los sondeos rolando en contra, y cree que zurrar a las grandes empresas puede darle réditos electorales entre un segmento de votantes de la izquierda.

Las razones económicas en ambos casos están claras. Empezaré por la venta de «Bolsas y Mercados Españoles, Sociedad Holding de Mercados y Sistemas Financieros S.A.» (BME), empresa que se constituyó en 2002 para adaptar las antiguas Bolsas españolas a los nuevos tiempos, tras la incorporación de España a la Unión Europea. Pero aquello solo fue el primer paso porque resultó evidente que la Bolsa española tenía que abrirse a los mercados internacionales. Había que llegar a un acuerdo con uno de los grandes grupos, como Euronext, Deustche Börse o Six, que controlan algunas de las Bolsas más importantes del mundo.

El Gobierno de Pedro Sánchez autorizó que la compañía suiza Six comprara BME. Todo se hizo con respeto a la ley, aunque algunos pudieran sospechar de una venta que se produjo en los momentos más duros de la pandemia, con el Congreso cerrado, los españoles confinados, y la opinión pública y la publicada desbordadas ante el drama sanitario.

Pero en el caso de Ferrovial cambiaron radicalmente las tornas. Los miembros más destacados del Gobierno se lanzaron en tromba contra el traslado de su sede a los Países Bajos, y se presentó como una traición lo que es una decisión empresarial ajustada a las normas españolas y comunitarias. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, afirmó que «no se sostiene» y les acusó de «falta total de compromiso con España». La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, subió el tono: «Esto es no ser español… Es inaceptable», «si son españoles lo tienen que demostrar». Y el presidente cerró el círculo de reproches: «Ferrovial se va cuando los españoles pagan el IRPF». Olvidó que en marzo de 2020 los españoles también tenían que pagar el IRPF y, sin embargo, autorizó la venta de Bolsas y Mercados Españoles a una empresa suiza. Y BME no es una empresa menor porque solo el año pasado tuvo un volumen de negocio que superó los 300.000 millones de euros.

Puede gustar o no, pero Ferrovial se va, entre otras razones, para poder cotizar directamente en la Bolsa de Nueva York, donde hay más liquidez y más posibilidades de subida del valor porque mueve 36 billones de dólares al año y cotizan 3.200 sociedades, frente a las 125 de Madrid. Además, al cotizar en Wall Street, genera más confianza en los bancos y los créditos que Ferrovial solicite podrá conseguirlos a tipos de interés más bajos.

Cuando el Gobierno vio la falta de sustento legal de sus críticas, tuvo que dar marcha atrás, y la vicepresidenta Calviño rectificó: «Es una decisión de la empresa que nosotros respetamos». Después del envaine pasaron página.

Salta a la vista la distancia entre el silencio de 2020 con BME, cuando las elecciones estaban lejos, y la demagogia con Ferrovial cuando están cerca. Pero la estrategia del Gobierno se ha vuelto en su contra porque ha tenido que dar marcha atrás a mes y medio de la cita con las urnas. Se le ha acusado de generar inseguridad jurídica, creo que sin fundamento porque la ley española y la comunitaria han prevalecido. Lo que sí ha generado es inseguridad política, que puede provocar desconfianza, recelo e incertidumbre en los inversores y ser dañino para nuestra economía.

La marcha atrás y el ridículo son hijos de la demagogia. Ya lo dijo Maquiavelo hace cinco siglos: «Nunca amenaces con aquello que no puedas cumplir».

• Emilio Contreras es periodista