Las políticas familiares: los detractores

Una política familiar es un conjunto de medidas adoptadas por una administración con el fin de ayudar a las parejas a tener hijos, alimentarlos, cuidarlos y educarlos hasta una cierta edad (salvo en el caso de los nacidos con alguna discapacidad). Se trata de un instrumento que junto con la atención a la salud y el pago de las pensiones forma parte del abanico de acciones del estado-providencia. Se inspira en la justicia social, pero no es en sentido estricto una política social, es decir de redistribución entre las clases sociales. Roland Hureaux (2000) la define como una especie de solidaridad horizontal entre los que no tienen hijos y los que sí los han concebido, mientras que la política social propiamente dicha supone una «redistribución» vertical de los más pudientes a los más pobres.

Si hablamos de defensa de las políticas familiares es porque éstas tienen detractores cuyos argumentos, que me parecen poco sostenibles, se agrupan en tres grandes categorías

La primera es de naturaleza ideológica. Las medidas son rechazables porque son de derechas o de extrema derecha (fascistas o totalitarias). A este respecto se traen a colación las políticas llevadas a cabo históricamente por algunos estados como la Italia fascista, la URSS de Stalin, la Alemania nazi o la Rumanía de Ceaucescu. Tales políticas, cada una con sus particularidades, se caracterizaron por una serie de rasgos comunes entre los que cabe citar:

-Tuvieron objetivos abierta y declaradamente natalistas. Lo importante era multiplicar el número de nacimientos.

-Desplegaron una fuerte propaganda, frecuentemente desproporcionada con las medidas para elevar la natalidad.

-En ocasiones recurrieron a métodos brutales, como en el caso del nazismo, una especie de reverso de las políticas antinatalistas igualmente salvajes que más tarde llevaron a cabo China o la India.

-En general, fueron poco respetuosas con la libertad de las mujeres.

-Niños, niños, niños, pero nulo o escaso interés por la institución familiar.

-Afortunadamente duraron poco tiempo y tuvieron resultados mediocres. En Italia las medidas de Mussolini permitieron una subida de la fecundidad de 2,9 a 3,1 hijos por mujer entre 1937 y 1940. No se puede decir que estas políticas sean un buen ejemplo de lo que hay que hacer para recuperar una natalidad que se había venido abajo. Y no se puede identificar políticas familiares con regímenes totalitarios. Las políticas familiares más representativas han sido llevadas a cabo por las democracias liberales, como Francia o Suecia y se caracterizan por rasgos bastante diferentes:

-Se fundamentan en consideraciones humanistas, como el respeto a la libertad de las mujeres o la promoción de la solidaridad propiamente familiar.

-No tienen una finalidad exclusivamente natalista, sino de justicia social.

-Tienen buenos o razonables resultados a condición de que se cumplan ciertos requisitos que luego veremos; en todo caso, la exigencia de mantenerse durante un cierto tiempo.

Así pues, de la misma manera que por sus excesos son rechazables las políticas natalistas de los estados totalitarios, no tiene ningún sentido descalificar las de los estados democráticos porque a veces hayan sido promocionadas por partidos de derechas. Las políticas familiares no son de derechas ni de izquierdas. Son ideológicamente neutras y demográficamente necesarias.

Otro de los argumentos manejados es que tales acciones son ineficaces o que obtienen magros resultados. No es verdad. Existe una correlación positiva entre una política familiar vigorosa y una recuperación de la natalidad. Eso sí, solo se obtendrán buenos logros si tales políticas cumplen determinadas condiciones que más adelante precisaré. La ineficacia es frecuentemente denunciada por quienes no son partidarios de impulsarlas y por quienes no ponen los medios para conseguir que sean efectivas. Es una pescadilla que se muerde la cola: no se ofrecen los recursos necesarios, luego no resultan eficaces y como no dan buenos frutos es un despilfarro invertir en tales políticas.

Un tercer grupo de razonamientos defiende la tesis de que un estado no debe inmiscuirse en lo que se considera un asunto privado de las parejas o las familias. Es la teoría de la no injerencia pública cuya aplicación estricta nos llevaría a negar la intervención del Estado en temas como la educación, la sanidad o el pago de las pensiones. Los hijos son ciertamente de sus padres, pero de alguna forma lo son también de toda la sociedad donde nacen y crecen. No debería de extrañarnos que ante una notoria escasez de nacimientos con todas las repercusiones que el fenómeno conlleva, un estado establezca medidas para favorecer la natalidad de la misma forma que puede hacerlo para reducir la mortalidad o regular las migraciones. De esto les hablaré en mi próximo artículo

• Rafael Puyol es presidente de la Real Sociedad Geográfica