España en «default»

La noticia de una posible condonación de la deuda de Cataluña está pasando como si fuese un capítulo más de un serial veraniego. Y tengo la sensación de que nos resignamos ante un «inevitable» capricho del déspota. Pero no, no podemos resignarnos. Hemos de rebelarnos ya que se trata de una parte más del proceso de cambio de régimen por la puerta de atrás.

Cuando una persona (autónomo) o una empresa española entra en crisis y no puede pagar sus deudas con normalidad, acude a unos procedimientos judiciales: concurso de acreedores, preconcurso, acuerdos extrajudiciales de refinanciación. Todo lo que antaño se englobaba y conocía como suspensión de pagos. Pues bien, en esos procesos el autónomo o la empresa española puede negociar con sus acreedores, bancos y proveedores, ampliaciones de plazos de pago, carencias, refinanciación y quitas; esto último es condonar o perdonar toda o parte de la deuda.

¿Eso se puede hacer con todos los acreedores? No. Las deudas con las administraciones públicas, hacienda, seguridad social y otros, tan sólo admiten renegociar aplazamientos. Se supone que si uno tiene una deuda con una administración pública la tiene con la Nación. Y una administración no puede perdonar una deuda particular ya que perjudicaría a los intereses de todos los españoles. No tiene capacidad legal un organismo público para perdonar deudas en nombre de los ciudadanos.

Eso también es aplicable a la intención del delincuente floreado que nos gobierna, de perdonar, en nombre de todos nosotros, 70.000 millones de euros de la deuda de las administraciones catalanas. El principio jurídico aplicable es exactamente el mismo en un caso y en el otro. Al fin y a la postre, la deuda de las administraciones públicas la pagan los ciudadanos con sus impuestos. Sencillamente no pueden hacer eso y no podemos dejar que se contemple esa posibilidad como una ocurrencia más de la banda monclovita.

Condonar esa deuda supondría un agravio comparativo entre unos ciudadanos y otros que vulneraría claramente la Constitución. Aunque en el Tribunal Constitucional se encuentre un personaje como Conde Pumpido, que en su pumpidez diga lo contario, la verdad es la verdad y seguiría siendo contrario a la Constitución.

Hay que actuar de una manera acorde y adecuada con la realidad de la situación, en la que caben dos alternativas. Que una parte del Estado pueda pagar sus deudas o que no pueda hacerlo por estar en quiebra.

Si una parte de la nación, Cataluña, no puede hacer frente a sus compromisos de pago ha de solicitar que el gobierno central salga a su rescate. Ello tiene que llevar implícita la intervención de la comunidad autónoma vía artículo 155 de la Constitución, por ejemplo. El Estado no puede permitir que la lesiva gestión de las cuentas públicas de una parte del mismo, arrastre al conjunto nacional por el mismo camino. Tampoco puede consentir que las mismas personas y las políticas que han llevado al impago a una comunidad sigan perjudicando a dicha comunidad y al resto de los ciudadanos.

En el caso de que un porcentaje importante de nuestra economía se encuentre en quiebra, nos afectará a todos por la subida de la prima de riesgo de nuestra deuda pública, y por no recuperar el dinero invertido por todos nosotros en aquella región debido a una gestión negligente de sus administradores. Además, dado que el rating de Cataluña equivale al bono basura, el gobierno le hizo el favor de colocarla en el mercado. El impago de Cataluña nos afectará porque es una parte de España la que quiebra y porque se encuentra colocada en los mercados internacionales por el Reino de España.

En el caso de que no estemos ante un default o suspensión de pagos y que haya capacidad de cumplir con los compromisos adquiridos, el Estado o una parte del mismo, no puede ver perdonada su deuda y debe hacer frente a la misma. Lo contrario sería quebrar caprichosamente nuestro ordenamiento jurídico. Sí, con todas las letras, supondría romper intencionadamente nuestra estructura legal. Cuando se quiebra un ordenamiento jurídico, con armas o sin ellas, se está produciendo un golpe de Estado ya que la arquitectura legal es una parte primordial del mismo.

Hemos visto la cuestión desde un punto de vista de ortodoxia democrática. La medida tomada arbitrariamente no tiene encaje en una democracia digna de ese nombre. Pero tiene también sus efectos en la praxis de la democracia. Del mismo modo que cuando eliminaron el delito de sedición estaba claro que a renglón seguido iba el de malversación, pues hace falta pasta para realizar actos sediciosos, aquí hace falta dinero para llevar adelante su proyecto conjunto de acabar con el régimen constitucional del 78. O sea, que corremos el riesgo de sufrir prácticas golpistas y encima pagarlas nosotros con nuestro dinero. Aquello de poner la cama.

Ante este panorama, que yo firme este artículo tiene poca o ninguna relevancia. Lo que sí sería relevante es que el líder del PP, Sr. Alberto Núñez, y el de VOX, Sr. Santiago Abascal salieran en tromba con la totalidad de armas y bagajes para denunciar y tratar de evitar el atropello. Y si finalmente llega a ocurrir, que todos los ciudadanos sepamos y seamos conscientes de lo que están haciendo con nosotros, con nuestro dinero y con nuestros derechos y libertades.

• José Antonio García-Albi Gil de Biedma es empresario