Más difícil todavía

«Más difícil todavía» es la expresión utilizada en las actuaciones circenses para poner de manifiesto el incremento de la tensión y del riesgo en un determinado momento del espectáculo. Es la que utiliza, por ejemplo, el funambulista, que, después de recorrer el alambre sobre los pies con dos grandes pesos en sus manos, se dispone a realizar el recorrido inverso, pero, en esta ocasión, cabeza abajo, impulsándose con el cuello para ir avanzando sobre el cráneo como punto de apoyo del conjunto del cuerpo.

En la escena política nacional uno parece enfrentarse a una suerte de «más difícil todavía» cuando se escuchan las condiciones de los independentistas al conjunto de la sociedad para contar con su apoyo en el desenlace de las distintas encrucijadas por las que la nación atraviesa. En el momento actual esto incluye condiciones, desde las más tenues, aunque contraproducentes en la economía de la gestión del tiempo, como el uso de los idiomas cooficiales en las cámaras de las Cortes Generales, hasta un hipotético referéndum (a priori no vinculante) de autodeterminación, pasando por una presunta ley de amnistía (igualmente, a priori, no constitucional).

Recordando el lema de las concentraciones ciudadanas críticas con el comportamiento del Sr. Rubiales durante la final del mundial, en el que nuestra selección femenina resultó, brillantemente, campeona, uno se pregunta cuándo se va a implantar el «se acabó» en el punto de cesiones, en algunos casos absurdos o, por lo menos, contraproducentes y en otros casos dudosamente legales, a los partidos independentistas, que, representando un porcentaje muy reducido del conjunto del pueblo español, condicionan de manera disparatada la eficacia de las actuaciones del conjunto de nuestras instituciones nacionales.

Lejos de ello, se acomete la inclusión precipitada del uso de las lenguas cooficiales en el ámbito del parlamentarismo nacional, en el que, so pretexto de la protección legítima de nuestro bagaje cultural lingüístico, se asume un procedimiento costoso y antieficaz de negación selectiva del uso de la lengua común (el castellano), cuyo empleo compartido, la Constitución prevé, estableciendo, incluso, el deber de su conocimiento para todos los ciudadanos (art. 3.1 de la Constitución Española).

En este marco de cesiones, aparentemente ilimitadas, se incluye la atención por parte del Partido Socialista a las reclamaciones de Puigdemont para poder contar con el apoyo de los 7 diputados de su partido en una hipotética investidura de Sánchez. Parece imponerse incluso, por parte del prófugo de la justicia española (no lo olvidemos), la necesidad de que alguna de esas condiciones, como, por ejemplo, la amnistía a los implicados en las alteraciones del orden constitucional practicadas en 2017, se produzca antes de la sesión de investidura del candidato del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tratando de lanzar el mensaje a Pedro Sánchez de que su voto no estaría decidido para esa investidura en caso de que sus condiciones no fueran aceptadas con carácter previo a la misma.

No obstante, parece claro para cualquier ciudadano que, en cualquier caso, lo que Puigdemont puede esperar de las cesiones de Pedro Sánchez es más esperanzador para él, aunque no sea de manera directa, que lo que pueda esperar de Alberto Núñez Feijóo, aspecto con el que juegan los representantes de Sánchez en las negociaciones, argumentando que lo último que podría desear Puigdemont es un gobierno del PP.

No me resisto a someter a la consideración de los lectores el aparente estado de anestesia general en la que vive instalado el conjunto de la sociedad española cuando se está debatiendo, por parte de sus representantes políticos, unos cambios del equilibrio institucional y social, alcanzado con no pocos esfuerzos en el momento de la transición, cuyos logros se pretenden subvertir, imponiendo una interpretación minoritaria de los mismos a la que, hasta este momento, ha sido asumida como mayoritaria.

Así se entiende que la vicepresidenta del Gobierno pueda desplazarse a Bruselas a entrevistarse con un prófugo de la justicia, alegando que lo hace en su condición de representante de Sumar, sin que la ministra de Defensa asuma la responsabilidad de esclarecer si el desplazamiento lo ha hecho utilizando medios oficiales del Ministerio de Defensa, utilizando para ello, torticeramente, el principio de presunción de inocencia, ya que, si es cierto que este principio es, en términos generales, de aplicación universal, no lo es menos que el Poder Ejecutivo tiene la obligación de vigilar y garantizar de manera fehaciente el correcto uso de los medios de los que es responsable.

En palabras del que fuera vicepresidente del Gobierno por parte del Partido Socialista Obrero Español, Alfonso Guerra, este viaje de la vicepresidenta es una infamia. También ha afirmado esta semana el mismo Alfonso Guerra que, si se dan los pasos que se anuncian, de aceptar una amnistía que ponga en entredicho la legalidad de las medidas judiciales adoptadas contra los que dieron un golpe contra nuestro ordenamiento constitucional en 2017 y la sociedad no se pronuncia al respecto, será, en su opinión, un indicador de que esa sociedad (la nuestra) se encuentra en estado de decadencia. Para mí resulta evidente que, después de las convulsiones a las que ha sido sometida durante la última legislatura sin que haya habido una reacción de protección hacia el mejor entendimiento y convivencia entre la mayoría de los españoles, se encuentra, por lo menos, anestesiada.

Otro asunto que ha llamado la atención esta semana ha sido el sorprendente abandono de su escaño y de la primera línea política por parte de la que fue la última presidenta del Congreso en la pasada legislatura, Meritxell Batet y cuya posible candidatura a la repetición en ese puesto, fue aparentemente vetada por los independentistas catalanes en el proceso de negociación para la conformación de la mesa del Congreso de los Diputados.

En mi opinión y a pesar de no ser especialmente optimista al respecto, el proyecto unitario conocido como España por el que, en el concierto de las naciones, somos reconocidos e identificados, no debería verse sometido, bajo circunstancia alguna, a los riesgos de un circense «más difícil todavía».

• Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu es senador por Melilla