Los silencios y los gritos

Su Majestad el Rey Felipe VI es cabeza de una Monarquía Parlamentaria cuyo papel marca claramente nuestra Constitución singularmente en el Título II –«De la Corona»– con énfasis, por sus contenidos, en los Artículos 56.1 y 57.1 (una de las pocas Constituciones, acaso la única, que menciona el nombre del titular de la Corona); en el Artículo 61.1 y 2 (este último en referencia a sus responsabilidades ya como heredero de la Corona); en el Artículo 62 desde la a) a la j). Más adelante me detendré en los puntos c), g), h) e i). El cumplimiento de la Constitución afecta a todos los ciudadanos del primero al último, y, naturalmente, al presidente del Gobierno, a sus ministros y a las altas autoridades del Estado.

Vivimos un tiempo en el que todo bulo tiene eco y toda manipulación espacio. En parte de la información que recibimos se tratan, digamos que apresuradamente, asuntos delicados y a veces vitales para el conjunto de la ciudadanía. Se apuesta demasiado por contentar a los afines o a los generosos girando la realidad como una peonza. Hemos llegado a crear falacias imaginativas para conceptos claros como «verdad», «mentira», «traición», «lealtad», «legalidad», «ilegalidad», y más. Las hemerotecas y videotecas ya no garantizan fundamentar lo dicho o lo acaecido. No producen ni un pestañeo en los mentirosos, en los manipuladores o en quienes admiten más dobleces en sus posiciones que pliegues tiene una sábana. Si a un dirigente político no le inquieta lo más mínimo decidir lo contrario de lo que prometió a sus electores, y, además, se siente orgulloso de hacerlo, hay que convenir que de ahí para abajo todo resulta inconsistente.

Mientras, el Rey permanece en su sitio, cumpliendo ejemplarmente sus altas responsabilidades, porque, como ya escribió el clásico, los Reyes crecen en sus silencios y la prudencia viene a ser su más alto atributo. Nuestro Felipe II pasó a la Historia con mayúscula como «El Rey Prudente». Y consolidó un enorme y duradero poder territorial. Ahora no va de poder territorial sino de servir a ciudadanos libres e iguales desde el respeto a la ley y sin hacerles trampas. A ese sistema sin dobleces –los hubo, pienso en el caciquismo y en los fraudes electorales a lo Romero Robledo– le llamamos democracia. La democracia con apellido es otra cosa; así las democracias populares de más allá del Telón de Acero que hoy perviven en los países comunistas. «Todo para el pueblo pero sin el pueblo» nos llega de finales del XVIII.

Padecemos un nuevo despotismo, no ilustrado sino ignaro, debido a un personaje egocéntrico rodeado de personajillos parcos en neuronas que dan la talla sólo para lo que él decide sirviéndole sin rechistar. Es consciente de que sus planes, conocidos, vulnerarían la Constitución, la legalidad, el Poder Judicial, la separación de poderes, y serían un ataque en la línea de flotación de la democracia. Pero parece no importarle. Prepara una amnistía –no constitucional– mediante una ley orgánica, pero sabe que en los debates constituyentes la enmienda que propuso aprobar la amnistía en el Parlamento fue desechada; aprobarla así no sería constitucional. Y tampoco ignora –lo escribí hace semanas en estas páginas– que no cuenta con los apoyos suficientes –tiene menos que Feijóo– porque el Rey no está obligado a sumar a su investidura los votos de los partidos que no acuden a sus consultas. Son formaciones que públicamente, incluso en las Cortes, proclaman que Felipe VI no es su Rey y aspiran a derribar la Monarquía. Se niegan a asistir a las consultas regias pero cobran sus sueldos de diputados o senadores de las Cortes Españolas. Tienen sus portavoces y ningún candidato a la investidura debería poder hablar por ellos.

El Artículo 62.c) de la Constitución recoge que al Rey corresponde «convocar a referéndum en los casos previstos en la Constitución». No es el referéndum de autodeterminación que exige el prófugo de Waterloo que, además, incumpliría el «Título Preliminar», Artículo 2. En el Artículo 62.g) se señala que el Rey debe «ser informado de los asuntos de Estado (…)». ¿Informó Sánchez al Rey de su copernicano cambio de política respecto al Sahara, que era la de Naciones Unidas, tras el espionaje sobre su móvil? No informó al Parlamento ni al Consejo de Ministros y aseguraría que tampoco al Rey. En el Artículo 62.h) se recoge que corresponde al Rey «el mando supremo de las Fuerzas Armadas». Felipe VI es un militar –además del primer monarca de España licenciado universitario– y el mando sobre sus compañeros de armas es tranquilizador para ese colectivo y beneficioso para el conjunto de los españoles. Y, finalmente, el Articulo 62.i) atribuye al Rey «ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que no podrá autorizar indultos generales». Eso excluye, por mera lógica de ámbito menor a mayor, la autorización de amnistías.

La ejemplar entrega de Felipe VI evidencia su acierto y su prudencia. Decenas de miles de españoles –con cifras oficiales recortadas por el delegado del Gobierno– salieron a las calles el domingo en Madrid y en octubre lo harán en Barcelona. Gritaron contra la amnistía y en favor de la unidad de España. Los silencios del Rey van unidos a su responsabilidad. Cumple y cumplirá la Constitución. Otros no la cumplen; allá ellos y sus conciencias. Los silencios del Rey se convirtieron en gritos de los españoles el pasado domingo en Madrid. Las nerviosas descalificaciones de Sánchez y de Yoli confirman que fue un éxito que no esperaban.

• Juan Van-Halen es escritor. Académico correspondiente de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando