Genuflexo

Es erróneo el juicio que se hace sobre el presidente del Gobierno cuando se afirma que es un político duro. O al menos, esa afirmación tiene dos caras. Es cierto que destituye sin contemplaciones a colaboradores leales desde la primera hora, y se revuelve con contundencia ante sus adversarios, aunque es inmisericorde con los de su propio partido, a los que ha laminado. Pero esa dureza de acero se convierte en plastilina cuando tiene que ceder, desdecirse y doblarse ante quienes necesita para alcanzar el poder o mantenerse en él.

Las cesiones a los separatistas vienen de largo. Ha sido un goteo hábilmente dosificado. Con la mayor docilidad, aceptó nada menos que destituir a la directora del Centro Nacional de Inteligencia porque les seguía los pasos, y retiró al CNI de Cataluña y del País Vasco para asegurarles la impunidad. Su gobierno mira para otro lado y permanece inmóvil cuando la Generalitat no cumple las sentencias judiciales. Cede diputados a ERC, Junts o al PNV para que puedan tener el grupo parlamentario que sus magros resultados el 23-J le impedían conseguir. Ese apoyo les da un protagonismo sobredimensionado en el Congreso y les permite recibir decenas de miles de euros al mes en subvenciones que solo corresponden a los partidos con grupo propio. Los indultos, la supresión del delito de sedición y la rebaja de la malversación han sido el mayor ejemplo de hasta qué punto el Gobierno está dispuesto a doblegarse, aunque la lista seguirá.

El camino de la cesión ante los separatistas está a punto de llevarnos a una humillación del Estado que no tiene precedentes. Con la amnistía que se está negociando con Esquerra y Junts, el Estado quedará descalificado por haberse enfrentado a los sucesos de 2017 y por las penas con las que el Tribunal Supremo condenó a sus dirigentes. Será un envaine sin precedentes.

Hay tres hechos que a día de hoy parecen más que probables. Habrá amnistía, con otro nombre, que avalará el Tribunal Constitucional con mayoría afín al gobierno. Pedro Sánchez conseguirá la investidura, salvo que la rivalidad entre ERC y Junts por aparecer como el más radical suba el listón a un nivel imposible. Y una vez conseguida, le exigirán un referéndum sobre la independencia de Cataluña, tras hacer un regate semántico y legal que también avalará el Tribunal Constitucional. Pere Aragonés fue claro en el Senado el día 19: «La amnistía es un punto de partida… Cataluña votará en un referéndum».

El Gobierno utiliza «el bien de España» como coartada para justificar ante sus votantes las cesiones al separatismo. Pero la realidad es testaruda, y estamos viendo como Puigdemont domina los tiempos a su gusto desde Waterloo haciéndose rogar y retrasando la investidura de Pedro Sánchez. Impone sus condiciones en un pugilato interminable con Esquerra para ver quién consigue arrancar más cesiones al presidente. El destino del gobierno y de nuestro país está, hasta la humillación, en manos de quien pregona a los cuatro vientos que su objetivo es la independencia de Cataluña, aunque sea por la senda de la ilegalidad.

Pero hay más. El día 11 Gabriel Rufián rechazó la petición de Pedro Sánchez para acordar un pacto de legislatura en los próximos cuatro años y añadió que «los votos de Esquerra se sudan» y se consiguen «partido a partido». Los separatistas quieren suministrarle respiración asistida intermitente, con la amenaza de cerrar la espita en cuanto no se les conceda lo que les exigen.

El presidente está genuflexo ante los separatistas, que no pararán hasta conseguir un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Saben que, en el caso de que lo consiguieran, lo importante no sería tanto la victoria del «sí» como el reconocimiento de que una parte de España puede decidir la ruptura de la unidad de la nación sin que el resto de los españoles pueda decir una palabra. Sería abrir un boquete en el orden constitucional por el que se colaría el precedente para intentarlo una y otra vez, y mantener viva la llama independentista y el sentimiento de agravio, sin el que el separatismo acabaría muriendo de inanición.

El Gobierno exhibe como un éxito de su política de cesiones lo que llaman la 'desinflamación' del conflicto catalán porque no hay violencia en las calles. Pero la ‘desinflamación’ real solo se producirá cuando regresen las más de 7.000 empresas y los miles de millones de euros que salieron en estampida de Cataluña –no al extranjero sino a otras comunidades– en octubre de 2017 y no han regresado. Ese es el referéndum del dinero de millones de catalanes que tienen miedo al separatismo.

El Gobierno trata de defender su cesión en la amnistía con el argumento de que no le seguirá el referéndum. Quiero recordar que el 5 de octubre de 1938 la Cámara de los Comunes apoyó el pacto entre Chamberlain y Hitler por el que se permitió al dictador nazi invadir impunemente parte de Checoslovaquia a cambio de renunciar a la guerra. Churchill votó en contra. Nueve meses más tarde, Hitler incumplió su compromiso y empezó la guerra con la invasión de Polonia. Entonces Churchill le espetó a sus colegas de los Comunes: «Os dieron a elegir entre el deshonor y la guerra… elegisteis el deshonor y ahora tendréis la guerra».

El Gobierno, como Chamberlain, se propone ceder en la amnistía y evitar el referéndum. Habrá amnistía y le exigirán el referéndum. Al tiempo.

• Emilio Contreras es periodista