Felipe VI y la amnistía

En las últimas semanas, conocida la literalidad de los pactos del PSOE para la investidura de Sánchez, y más aún tras registrarse la proposición de ley de amnistía, la indignación de muchos españoles ha ido en aumento. De momento los partidos políticos opuestos a esta ignominia, han encauzado con acierto las protestas populares, pero también es verdad que el desconcierto busca en ocasiones refugio en figuras con autoridad moral, por eso muchos han vuelto su mirada hacia el Rey. Seguro que muchos hemos escuchado en nuestro entorno preguntas como ¿Pero no va a hacer nada el Rey? ¿Piensa permanecer callado el Jefe del Estado ante este ataque a nuestro Estado de derecho? ¿Acaso no es el jefe de las Fuerzas Armadas y ha jurado defender la unidad de España?.

Vayamos por partes, en primer lugar, no dejemos que la indignación nos obnubile. Es comprensible que se mire al Rey recordando el acierto del mensaje que el tres de octubre de 2017 dirigió al pueblo español tras el referéndum ilegal celebrado en Cataluña, pero no nos equivoquemos, el desafío actual no es el de 2017 y por tanto su respuesta no puede ser igual. Formalmente hoy nos enfrentamos a un acuerdo de investidura entre partidos políticos, legales nos guste o no, que ha permitido a Pedro Sánchez su reelección como presidente del Gobierno. No convirtamos por tanto al Rey en responsable último de arreglar un desaguisado político que es consecuencia del resultado de unas elecciones.

Revertir la situación política actual, o cualquier otra, y las funestas consecuencias que van a derivarse de los acuerdos firmados con separatistas, golpistas y herederos de ETA, es algo que corresponde a los partidos políticos de acuerdo con el artículo seis de nuestra Constitución. Y es así porque delegamos en ellos y en sus representantes libremente elegidos que lo hagan, tal y como señala su artículo veintitrés.

Aquellos que exigen a la Corona desatascar la situación, debieran leer el título segundo de nuestra Constitución. El Rey no tiene otro poder personal que el nombramiento de los miembros civiles y militares de su Casa, todos los demás son actos necesitados de refrendo, no hay más. Lo anterior no quiere decir que sus funciones sean menores, pero no se derivan de su potestas sino de su auctoritas, de su carácter simbólico. Así lo define precisamente el artículo 56: «El Rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones…». De su habilidad para interpretar adecuadamente este papel, sin arrogarse uno distinto al que le corresponde, dependerán su auctoritas y su capacidad de influencia.

Por tanto, pedirle al Rey que no firme la Ley de Amnistía o que ordene al Ejército, como mando supremo de las Fuerzas Armadas, que salvaguarde la unidad de la nación, está fuera de lugar. Ni Felipe VI es Balduino ni España es Bélgica. Nuestra Constitución no contempla una renuncia temporal del Monarca ni el Congreso le repondría en el trono si se negara a firmar la ley, tal y como ocurrió en Bélgica en 1990 con la ley del aborto. No obstante, el que defienda esta tesis, adelante, está en su derecho de servir en bandeja a Sánchez y sus socios la República, porque si esto ocurriera no le quedaría al Rey otro camino que el exilio. En cuanto a las Fuerzas Armadas es evidente también que están subordinadas a las órdenes del Gobierno por mucho que el Rey ostente su mando supremo. La situación actual nada tiene que ver con el golpe militar de febrero de 1981 en el que D. Juan Carlos sí tuvo que hacer uso de su auctoritas para devolver el poder a un Congreso y un Gobierno secuestrados por un grupo de militares golpistas.

A los que dicen que el Rey debe actuar como mando supremo de las Fuerzas Armadas y en cumplimiento de su juramento a la bandera, les pregunto ¿qué debemos hacer los demás? No solo el Rey, millones de españoles hemos hecho esa promesa cuando existía el servicio militar obligatorio o en las actuales juras de civiles. ¿Debemos acaso coger un garrote y salir a la calle? ¿Quién señalará al enemigo y dará las órdenes? Seamos serios, pongamos un poco de cordura y no soliviantemos más los ánimos. El único responsable del desastre actual se llama Pedro Sánchez y como siendo su autor no lo va a corregir, no queda otra que desalojarlo del poder, con movilizaciones, con protestas, con denuncias ante la Unión Europea y con todo aquello que contribuya a dejarle en evidencia para que aquellos que le votaron dejen de hacerlo. Mientras llega el momento de las urnas, confiemos en la Justicia, en los partidos de la oposición y en la inteligencia del Rey, que sin duda hará todo lo que esté en su mano para asegurar la unidad y permanencia de España, todo menos pedirle lo que no puede dar.

• Carlos de Urquijo fue delegado del Gobierno en el País Vasco