España en venta

El pasado miércoles, 10 de enero, se celebró el primer Pleno del Congreso de los Diputados del primer período de sesiones de este año, adelantado a lo previsto en el reglamento, que establece, con carácter general, el mes de febrero para este inicio, a fin de «quemar» etapas en la tramitación de la ley de amnistía, mediante el debate y la votación de las enmiendas a la totalidad, con texto alternativo a la misma, presentadas por PP y Vox. Se pretendía dar respuesta, con este adelanto, a las demandas del pacto de investidura planteadas por Junts al PSOE.

Para «camuflar» la razón real de esta convocatoria adelantada, se «completó» el Orden del Día con una serie de Reales Decretos, que pretendían, en unos casos, dar respuesta a algunos requerimientos, en el ámbito de la justicia, planteados por la Unión Europea y en otros dar continuidad a la adopción de medidas económicas para paliar los efectos de la crisis económica atribuida a la pandemia de la covid y a la guerra de Ucrania.

Al objeto de manifestar de forma fehaciente la sumisión de la gobernación de España a los designios del Sr. Puigdemont, prófugo de la justicia, el partido que le representa en las Cortes Generales, Junts, provocó un espectáculo denigrante para el parlamento español, con la colaboración necesaria del presidente Sánchez, dispuesto a «lo que sea» (creo que esta expresión es la más repetida en Moncloa desde el pasado 23 de julio, a cada nueva demanda de Puigdemont) amenazando con bloquear, mediante su voto en contra, los tres Reales Decretos que, en el Orden del Día, llevaba el Gobierno a este pleno.

Tras salvar dos de ellos, con el inestimable apoyo de Coalición Canaria, sin el cual no habrían salido adelante y a pesar del rechazo del tercero de ellos por el voto en contra de los cinco diputados de Unidas Podemos, al objeto de «castigar» a la vicepresidenta 2ª y líder de Sumar, Yolanda Díaz, el presidente Sánchez declaró, ufano, tras el pleno, que se felicitaba por el «respaldo» obtenido y acusaba a los que votaron en contra por «no poner el interés general por delante de los intereses particulares».

Lo manifestaba, campanudamente, tras hacer concesiones por intereses «muy particulares» a uno de los partidos independentistas de Cataluña y en beneficio de sus «muy particulares intereses» personales, rechazando las enmiendas del Partido mayoritario en ambas cámaras de las Cortes Generales, el PP, por lo que no se entiende muy bien cuál es el concepto de «interés general» con el que el presidente Sánchez defiende los intereses generales de los españoles. O sí.

Estos «intereses generales», al parecer, se materializan en las cesiones, sin pestañear, a las demandas de un solo Partido de la Cámara, que representa el 2 por ciento de los 350 diputados del Congreso, exactamente 7, en representación de unos 300.000 votantes, o lo que es lo mismo, aproximadamente, un 0,6 por ciento de los 48 millones de españoles. No parecen unos porcentajes que permitan hablar, con un mínimo rigor, del interés general de los españoles. No se sabe muy bien a quién pretende engañar, con estas descalificaciones, el presidente del Gobierno de «todos» los españoles.

Lo que sí se materializó, de manera indiscutible, una vez más, tras este pleno y más aún después de conocerse alguna de las cesiones del Gobierno (gestión de las migraciones, publicación de las balanzas fiscales entre territorios de nuestra nación e intento de garantizar la entrada en vigor, lo antes posible de la ley de amnistía y otros) fue la ruptura del principio de solidaridad entre todos los españoles, propiciada, nuevamente, por un Partido Socialista sometido, como si de un caudillo se tratase, a su secretario general.

Conviene recordar las acusaciones vertidas contra el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, por parte de todos los acólitos de Pedro Sánchez, de hacer perder el tiempo a los españoles por someterse a un proceso de investidura a propuesta del Jefe del Estado, Su Majestad el Rey, a las Cortes Generales, tal como prevé nuestra Constitución. ¿No consideran una pérdida de tiempo este sometimiento de los legítimos intereses de todos los españoles a las demandas de un grupo estrictamente minoritario?

¿Hasta cuándo pretenden estirar esta farsa? Ningún trámite legislativo va a ser posible sin la previa aprobación de 7 de los 350 diputados que definen la soberanía nacional. ¿Quién gobierna en realidad en España? ¿Cómo se puede sostener que dar la razón en sus propuestas a 7 diputados de un partido independentista de una de las comunidades autónomas de España en lugar de a 137 del partido mayoritario de la Cámara, que, además, cuenta con mayoría absoluta en el Senado, es decorosamente democrático?

¿Se puede afirmar que se respeta el porvenir de España como nación? ¿En qué manos está, realmente, la gobernanza de nuestra nación?

Otro de los argumentos machaconamente reiterados por el entorno del presidente para justificar sus erráticas actuaciones, es que, con todo esto, se mejora la integración de Cataluña en España mediante la mejora de la imagen de los catalanes entre el resto de los españoles. ¿De verdad creen que es favorable para la imagen del conjunto de los catalanes el que, de manera insultante, se antepongan sus «aparentes» intereses «particulares» a los del resto de los españoles? En realidad, no del conjunto de los catalanes, sino sólo de sus minorías independentistas.

Muy al contrario, no queda más remedio que comprender el escándalo en el que se ven inmersos la inmensa mayoría de los españoles, que asisten atónitos a un espectáculo cuyo resultado es que los intereses que se defienden nunca son los suyos, sino que ven que sus intereses, cuando no sus necesidades más perentorias, son utilizados como moneda de cambio para la permanencia de una sola persona en la presidencia del Gobierno, con el beneficio añadido, eso sí, de la adicional permanencia de sus correligionarios y beneficiarios colaterales en los entresijos de la Administración General del Estado. Para ello, no se pone reparo alguno en poner España en venta.

• Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu es senador por Melilla