Votar no es jugar a la lotería

Va a hacer ahora dos años cuando el Tribunal Supremo anunció que iba a demorarse la publicación de la sentencia de los EREs «para no interferir las elecciones» andaluzas, que iban a celebrarse a los pocos meses. El anuncio me produjo entonces bastante perplejidad, porque en unas elecciones no se va emitir el voto en la esperanza de que nos toque la lotería, sino que vamos a asegurarnos de que los candidatos van a administrar de manera honrada, eficiente y patriótica nuestro dinero –que han obtenido coactivamente, no se olvide esto–, y que no lo destinarán a enriquecerse ellos o a sus parentelas o correligionarios, o a gastárselo en lujos ni viajes o en señoritas que fuman (como se decía pudorosamente antes de la prohibición).

Pero precisamente las vísperas electorales son el gran momento de suministrar al pueblo soberano cuantos más elementos de juicio, mejor para no votar a los candidatos equivocados; porque las elecciones no están diseñadas en las democracias para adivinar el futuro, sino para renovar la confianza en los elegidos o expulsarlos del poder si la han perdido. En cuanto a los que se presentan por primera vez, las elecciones sirven para ver si cumplen las promesas que hicieron o no; por eso es absolutamente esencial que a los mentirosos hay que mandarlos a su casa. En las democracias serias, en cuanto a un político se le pilla en una mentira (por ejemplo, copiando una tesis doctoral) tiene que hacer las maletas y abandonar la política. Consideradas las cosas desde el punto de vista del pueblo soberano, votar a un embustero es signo de que la educación democrática deja mucho, pero mucho, que desear.

Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha vuelto a las andadas, y por lo visto sigue creyendo que las elecciones son una carta a los Reyes Magos o algo parecido, y que los candidatos (y las candidatas, que aquí no hay solo ignorantes e ignorantas, sino también golfos y golfas) concurren a las urnas en estado de virginidad política, económica y social. Este otro déficit profundo de formación democrática elemental se lo debemos al régimen de Franco, que no era un demócrata precisamente y que gobernó España como sabía, que era como un militar gobierna un cuartel. Pío Cabanillas Gallas lo definió magníficamente en tres palabras: «Fue un profesional del mando».

¿No habrá alguien dispuesto a ilustrar a sus señorías acerca de estos detalles elementales de un aspecto central de la democracia como son las elecciones? Todo el mundo se puede equivocar, y es verdad que Hitler llegó al poder por métodos democráticos, y que el electorado venezolano llevó a la cúspide política a Hugo Chávez; pero por favor, no se lo pongan tan fácil a detritus de este o parecido pelaje. Cuando no está vigilante la ciudadanía, lo primero que hacen los que tienen alma de dictador es confundirlo todo, inventarse situaciones límite prefabricadas y poner en marcha mecanismos que paralicen los controles al Gobierno, antes de consolidar un régimen cuando menos autoritario que a lo que recuerda es o a una dictadura roja o a un sistema fascista: a cualquier cosa menos a una democracia. El anterior Tribunal Constitucional ya sentenció que el confinamiento que padecimos hace cuatro años era inconstitucional (hoy cualquiera sabe, dado lo alarmante de su composición y el anuncio del polvo del camino ensuciando las togas).

Por lo demás, ¿no habíamos quedado en que la separación de poderes es algo muy recomendable en toda democracia? La Norma máxima estableció que el mandato de los vocales del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) sea de cinco años, precisamente para no hacer coincidir las elecciones políticas con las del CGPJ y que los jueces no estuvieran mirando de reojo a ver quién ganaba en las elecciones políticas, y que cada organismo se atuviera a su propia agenda y se fiase de sus propios sondeos. Sus señorías han entendido el precepto constitucional exactamente al revés.

• Ramón Pi es periodista