«Meará sangre»

A nadie debería sorprender la tortura parlamentaria a la que Puigdemont tiene sometido a Pedro Sánchez. Desde la noche del 23 de julio, y a pesar de los saltos de alegría, supo que el prófugo tenía la sartén de la legislatura por el mango y el mango también. Y pocos días después supo también que iba a cobrarle un precio usurario por su apoyo. En la primera semana de agosto varios medios publicaron un comentario de Puigdemont a su entorno. «Meará sangre si quiere mi apoyo»; una de las expresiones políticas más inmisericordes que se han oido en 47 años, y a la que yo me referiré sólo como una metáfora.

Puigdemont está cumpliendo su amenaza sin compasión. Desde entonces obliga a Sánchez a hacer cesiones diarias que le están provocando hemorragias hasta la humillación. El ‘no’ a la ley de Amnistía ha sido el primer golpe de estilete. Viajes a Waterloo de sus emisarios, creación de una comisión con un supervisor internacional que advere lo que se acuerde, y debates parlamentarios con traductor en los que le han dicho de todo. Todo valía con tal de suturar la hemorragia.

Pero cuando el presidente y sus socios se las prometían felices, se produjo el primer susto porque pudieron comprobar que el intento de frenar la hematuria había fracasado. Asustados por lo que se les podría venir encima si prosperaran las imputaciones por terrorismo y traición, los de Puigdemont exigieron que ambos delitos se incluyeran en la ley de Amnistía, algo que el gobierno no pudo aceptar, consciente de que no lo iban a aprobar ni los magistrados del Tribunal Constitucional con los que mantiene una mayor sintonía ideológica, ni los tribunales europeos, ni la opinión pública. Contra todo pronóstico, el 30 de enero los diputados de Junts votaron en contra, y la ley de Amnistía no fue aprobada. La hemorragia, que arrancó el 23 de noviembre, día de la investidura, sigue manando.

El primer intento de sutura de Pedro Sánchez, y de quienes le allanan el terreno en los medios de comunicación, fue afirmar que «el independentismo no es terrorismo». Puro maniqueísmo, porque desde 1977, en España no se persigue a nadie por sus ideas sino por sus actos ilegales. De hecho, en la votación del texto definitivo de la Constitución en el Congreso el 31 de octubre de 1978, Heribert Barrera, diputado de ERC, votó ‘no’ y nadie movió un dedo contra él; siguió su carrera política y años después incluso llegó a ser presidente del Parlamento de Cataluña.

Los procedimientos legales que se están siguiendo se instruyen por hechos concretos: en octubre de 2019, en solo siete días los CDR, organizaciones violentas del separatismo radical, causaron disturbios en los que hubo 590 heridos entre policías y manifestantes; se quemaron 1.044 contenedores y 52 árboles; se destruyeron 2,4 kilómetros de pavimento urbano; se ocuparon las pistas del aeropuerto del Prat y hubo que cancelar más de cien vuelos; se interrumpió el tráfico del AVE ocupando las vías del tren; y se cortaron vías de comunicación con hogueras y barricadas. Lo que se persigue no es el ideario separatista, sino la acción de los violentos y la posible responsabilidad de sus líderes en la dirección de esos actos.

El segundo intento del gobierno para suturar la hemorragia ha sido proponer la reforma de la ley de Enjuiciamiento Criminal y acortar los plazos de que dispone el juez para investigar posibles actos de terrorismo y traición. Otra cesión humillante para seguir en el poder. Aunque los jueces García Castellón y Aguirre no están acusando a nadie; solo investigan indicios y necesitan tiempo. No obstante, los expertos en Derecho advierten que esta reforma legal sería difícilmente viable, por lo que no serviría para taponar la sangría de Puigdemont al gobierno de Pedro Sánchez.

Hubo un tiempo en el que el presidente pedía a Torra que condenara «cualquier tipo de acción radical violenta que se pueda producir por algún grupo vinculado al independentismo» (Nueva York, septiembre de 2019). Pero como ahora le conviene, indulta y amnistía esas acciones.

Desconcertado por el ‘no’ de Junts, el Gobierno se ha revuelto y lo descabalga de lo que llama «mayoría progresista» para descalificarlo como partido conservador. Bien es cierto que esa es la definición que de verdad les cuadra: conservador con una dosis de racismo que le viene de largo. Porque hace mas de un siglo, en 1906, Enric Prat de la Riba, padre del nacionalismo catalán, escribió en su libro La nacionalitat catalana: «los catalanes no somos una raza antropológica, somos una raza cultural».

El próximo día 21 Junts resolverá con su voto a la ley de Amnistía si sutura o no la sangría, porque es Puigdemont quien decidirá a lo largo de la legislatura la cantidad de sangre -política- que Pedro Sánchez perderá en cada asalto. Es más que probable que tapone porque no quiere al presidente tan pronto desangrado, y espere un segundo asalto, que bien pudiera ser la aprobación de los Presupuestos. Luego vendrán las votaciones para aprobar los decretos-ley y las proposiciones de ley. Y volverán las hematurias.

Pero la sangre todavía no llegará al río, porque Puigdemont esperará a que el gobierno de Sánchez se quede sin plaquetas para dar la puntilla a la legislatura.

• Emilio Contreras es periodista