¿Y ahora qué?

En una entrevista concedida por la ministra de Defensa al diario La Vanguardia, el pasado domingo, la ministra afirmaba que el riesgo real de un ataque nuclear por parte de Putin a cualquier parte de Europa es una realidad de la que los ciudadanos españoles deberíamos ser conscientes y que, en muchas ocasiones, no lo somos.

Afirmaba la ministra de Defensa del Gobierno de España que Putin ha declarado ser capaz de ejecutar esta amenaza y que había que tomarle en serio porque era evidente que, hasta el momento, en el conflicto de Ucrania había sido capaz de llevar a cabo «todo tipo de carnicerías».

También afirmaba que en el apoyo a Ucrania nunca ha encontrado el apoyo del Partido Popular porque, cuando comparece en el Congreso, el Partido Popular no realiza más que críticas, sin ofrecer su apoyo, lo cual, aparte de una falsedad palmaria, es un empleo absolutamente partidista de la defensa de todos en la que, lamentablemente, está instalada, no sólo ella, sino la generalidad del Partido Socialista.

La Política de Defensa es una Política de Estado que no debe verse sometida a la controversia partidista ya que de su tratamiento concertado entre el conjunto de las fuerzas políticas depende la eficacia de la defensa y la seguridad de todos los españoles, incluidos los de la oposición. La señora ministra sabe que, en donde realmente se encuentra su falta de apoyos, es en sus socios de Gobierno, algunos de los cuales consideran a la OTAN como una organización criminal y han discutido públicamente el apoyo proporcionado por España a Ucrania en su defensa frente a la brutal agresión rusa.

He pasado 44 de mis 67 años de vida sirviendo a España en las Fuerzas Armadas, bajo gobiernos del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español y sé bien de lo que hablo en cuanto al desempeño de las acciones inherentes a la ejecución de la política de defensa desde la más irreprochable neutralidad política, como, afortunadamente, es la tónica general en nuestras Fuerzas Armadas. La política partidista no es objeto de debate ni de controversia en el quehacer cotidiano de nuestros militares, más allá de los lógicos intercambios de puntos de vista sobre episodios especialmente espectaculares.

En todo caso, el problema real que tenemos no es el sectarismo específico de la ministra de Defensa, sino, más bien, el entorno de la política general en la que España se encuentra inmersa.

El comienzo de la presente legislatura se ha producido de manera tormentosa, con un Partido Socialista entregado a un proceso de revisión constitucional encubierta, como consecuencia del cual, la actividad del Gobierno está lamentablemente condicionada por las imposiciones de los socios de Gobierno que han elegido, que condicionan su actuación desde el mismo momento de la investidura, a pesar de la oferta del Partido Popular de alcanzar pactos que, en otros momentos de nuestra historia, no tan remota, eran posibles y ahora, lamentablemente, no lo son.

Como consecuencia de dichos acuerdos de investidura nos encontramos, lamentablemente, en el momento actual, ante una encrucijada realmente compleja.

En 2022, tras la cumbre de la OTAN, celebrada en Madrid, el presidente del Gobierno asumió el compromiso público de incrementar el presupuesto de Defensa, progresivamente, con respecto al producto interior bruto, hasta hacerle alcanzar el 2 por ciento de ese producto interior bruto en 2029.

El camino comenzó con el incremento considerable del presupuesto de Defensa comprometido en el presupuesto general del Estado para 2023 de un 26 por ciento con respecto al del año anterior, si bien con una distribución de ese incremento de manera desigual y en mi opinión inadecuada entre las diferentes partidas del presupuesto de Defensa. En concreto, se incluyó un incremento del 73 por ciento en la partida relativa a las inversiones en armamento y material, con el consiguiente perjuicio en lo concerniente a personal, adiestramiento y mantenimiento del propio armamento y material, así como la infraestructura, al objeto de que el conjunto representase el 26 por ciento de incremento mencionado.

No obstante este desacuerdo en la distribución entre las diferentes partidas, el Partido Popular votó a favor de la Sc. 14 Defensa, del presupuesto general del Estado, por considerar conveniente este incremento presupuestario. A pesar de ello, es bueno, también, dejar de manifiesto que, según los datos del propio Ministerio de Defensa, el presupuesto de Defensa para 2018, preparado por el Partido Popular y aprobado antes de la moción de censura de ese año, representaba el 7,05 por ciento de los presupuestos generales del Estado, mientras que los incrementados presupuestos para 2023 han representado el 6,47 por ciento de ese presupuesto después de haber caído en 2021 y 2022 al 4,80 y 5,18 respectivamente.

Hoy nos encontramos con que, como consecuencia de la disolución del Parlamento de Cataluña y la convocatoria adelantada de elecciones en aquella comunidad por parte del presidente Aragonés, el presidente del Gobierno decide no presentar a debate en las Cortes Generales los presupuestos generales del Estado, no porque el Senado en el ejercicio de sus obligaciones constitucionales haya optado por no aprobar la senda de déficit de un Gobierno que no acepta la más mínima propuesta de aproximación, negociación o mejora, planteados por la oposición, sino porque teme no concitar los apoyos suficientes de todos los grupos parlamentarios que han respaldado su investidura.

En esta tesitura, nos encontramos con que, al tener que prorrogar los presupuestos, no se sabe cómo se va a mantener en el tiempo el compromiso del presidente del Gobierno de llegar a ese 2 por ciento en 2029. La trayectoria, de por sí compleja, iniciada en 2022 y para la que contaron con el apoyo del Partido Popular, se encuentra de repente interrumpida por decisión del propio presidente del Gobierno.

En este momento y en lugar de las catastrofistas manifestaciones de la ministra de Defensa sobre un eventual ataque nuclear de Putin, lo que cabría esperar de ella sería, no que atemorizase a la ciudadanía, con sabe Dios qué intereses, sino que informase sobre lo que se propone hacer, respondiendo a la siguiente pregunta: ¿y ahora qué?

• Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu es senador por Melilla