Los indecentes
La cuestión es evidente: ¿por qué el empecinamiento en unas víctimas, las de la Iglesia, que representan una fracción ínfima en una serie de 60 años, y se olvidan del 99,9 % de las víctimas restantes, que son decenas de miles?
El 10 de marzo de 2022, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó una Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Vasco (EAJ-PNV). Esta proposición encomendaba al Defensor del Pueblo la creación de una comisión independiente para elaborar un informe sobre «las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos». Ante ella, surge una pregunta crucial: ¿Qué motivó al Congreso a investigar exclusivamente los abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica?
Esta cuestión es aún más relevante al considerar que, solo un año antes, el 9 de marzo, la mayoría parlamentaria rechazó una Proposición de Ley del Grupo Parlamentario Republicano, que buscaba prevenir los abusos sexuales en centros educativos. La proposición afirmaba: «Se trata, ciertamente, de un silencio cobarde que debemos romper y al que no podemos otorgar ninguna complicidad desde las administraciones públicas». Sin embargo, ese silencio se mantuvo, desembocando en una investigación enfocada exclusivamente en la Iglesia Católica, lo cual es inconstitucionalmente discriminatorio.
Es importante señalar que el Congreso, el Gobierno y el Defensor del Pueblo debían estar al tanto, a través de los informes anuales del Ministerio del Interior, de que en 2020 hubo 6.274 víctimas menores de 17 años, a pesar de los confinamientos por la Covid-19. En 2019, esa cifra alcanzó las 7.250 víctimas. Los datos indicaban una grave situación de abuso y agresiones sexuales en menores, en la que la presencia de personas vinculadas a la Iglesia era marginal o inexistente.
Cuando el Defensor del Pueblo publicó su informe, en 2022, ya se conocía el número de víctimas de aquel año. Ascendían a 8.337. A pesar de los reiterados escritos de la organización e-Cristians solicitando que ampliara el foco de su investigación, Ángel Gabilondo se negó. ¿Por qué lo hizo? El Defensor del Pueblo, que no está sujeto a mandato imperativo, debería haber tenido un buen conocimiento de los abusos en las escuelas públicas, dado que fue ministro de Educación. Sin embargo, nunca abordó este crimen.
En la actualidad, mientras el ministro de Justicia vuelve a poner su atención en la Iglesia, interfiriendo con su plan de indemnizaciones, se han publicado las cifras del «Informe sobre delitos contra la Libertad Sexual en España de 2023». Las víctimas menores de edad alcanzan ya las 9.185. Entre 2013 y 2023, los delitos sexuales cometidos en menores aumentaron un 173 %, con una tasa media de progresión anual del 10,57 %. Estas cifras son alarmantes, pero no parecen alterar la indiferencia del gobierno y los grupos parlamentarios.
Entre 2017 y 2023, se han producido 51.810 delitos sexuales en menores, la mayoría de ellos graves. Esta circunstancia se hace evidente al considerar que el 40 % de los abusos y agresiones sexuales totales se dan en menores, y el 30,4 % de los que implican penetración. Esto sucede sobre una población que es solo el 18 % del total. La conclusión es clara: los menores registran una mayor proporción de ataques sexuales que los adultos, y las víctimas son mayoritariamente de sexo femenino (80 %). Sin embargo, ni el feminismo de género, ni el gobierno, ni las mayorías parlamentarias, ni medios como El País, parecen prestar atención a esta realidad si no pueden atribuir las víctimas a la Iglesia. Prefieren callar y mirar hacia otro lado.
La cuestión es evidente: ¿por qué el empecinamiento en unas víctimas, las de la Iglesia, que representan una fracción ínfima en una serie de 60 años, y se olvidan del 99,9 % de las víctimas restantes, que son decenas de miles? ¿Qué sentido tiene esto? ¿Cómo calificar esta política pública? Les daré dos nombres: indecencia política, es el primero, y el del chivo expiatorio, el segundo.
Esta situación es efectivamente una indecencia moral inhumana y los principales responsables son el presidente del gobierno, el ministro de Justicia, el Defensor del Pueblo y la Fiscalía General del Estado, que abrió dos investigaciones y las cerró en silencio. Son también cómplices los diputados que siguen esta pauta.
Si el Partido Popular fuera realmente una alternativa, aprobaría de inmediato una comisión de investigación en el Senado para establecer un diagnóstico y una política pública digna de tal nombre para remediar esta situación. No es tan difícil. Basta con acudir a los datos del propio gobierno.
- Josep Miró i Ardèvol es presidente de e-Cristians