El magistrado Campo, una pasión por la política y el mando

Cuando Fernando Sainz Moreno, catedrático de Derecho Administrativo de la Complutense y letrado de Cortes, leyó el discurso de ingreso en la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, lo tituló «Eduardo García de Enterría, una pasión por la vida y el derecho», rigurosa y sentimental biografía elegíaca de su maestro y el mío, salvada la distancia entre discípulos.

Como prototipo de hombre sabio en ciencia jurídica, don Eduardo —que mejor no viva para no sufrir con España— siempre fue, sin democracia o con ella, un independiente y reacio tenaz a los nombramientos con que le tentaban. Y se me ocurre ironizar la anécdota a propósito del «jurista» Juan Carlos, a quien, en las antípodas del gran prócer, se le toma por constitucionalista tras politiquear de cargo en cargo, ruta que no detallo por falta de espacio y figurar en internet.

Supuesto que alguien sin especializar en Derecho Constitucional ni Administrativo pudiese algún día reunir condiciones para el TC por meramente ejercer corto tiempo como juez de distrito o penal y magistrado penalista en audiencias, suponiendo todo ello, siempre arrastraría Campo su estela PSOE —daría igual otra sigla—, partido al que sirvió y del que se ha servido durante los periodos de excedencia muy superiores a los jurisdiccionales en activo. Desde que ingresó en la judicatura, la tarea de juzgador le ha ocupado un tercio de tiempo en tramos discontinuos, lo que no ayuda a la formación y entrenamiento que necesitan los togados para mantener actualizado el conocimiento de las cambiantes disposiciones y su jurisprudencia interpretadora, es decir, para andar al corriente del mundo judicial, no de la lucha partidista en el Estado y la Junta de Andalucía o en las tres legislaturas en que nuestro protagonista de hoy tuvo escaño de diputado con múltiples encomiendas peculiares o de ornato y carguillos para sobresueldo.

Nadie tan apartado del foro y tan activo en política puede invocar méritos para ir al TC creado en la Carta Magna y desarrollado por expertos en Derecho Constitucional —ausente entonces de los planes españoles— o en Derecho Administrativo, su sucedáneo durante el régimen de restricción de libertades, derechos y separación de poderes restaurados por el ordenamiento posterior a Franco. Y precisamente uno de los méritos de Enterría (y de su fecunda escuela de epígonos que fertilizaban la Administración y demás instituciones estatales) estuvo en ir preparando el sendero de la transición ya durante el franquismo, con la aplicación de doctrinas e interpretaciones jurídicas avanzadas para el reconocimiento judicial de garantías ciudadanas mediante los axiomas generales del Derecho y a través de las leyes básicas, administrativas y contencioso-administrativas, usadas como recambio muy oportuno de las inexistentes normas constitucionales, suplantadas por las fundamentales del Movimiento y sus fueros.

Ha llovido lo suyo desde los iniciales tribunales constitucionales al de ahora, sumido como está su presidente en lo más hondo del descrédito y muy cuestionados algunos vocales, entre los que ocupa sitial Campo, que encarna el ejemplo de quien no debió entrar en él: por político entregado a una causa ideológica; por no aprender de constitucional ni de administrativo en su exclusiva práctica penal; y porque cuando el aire soplaba del sur proclamaba lo que calló con el aire rolado del norte, mutando su veredicto sobre la amnistía al mudar la situación, donde evidenció los mismos pocos principios que el gran jefe que le aúpa y le da pero a cambio le exige.

Y ahora nos viene con abstenerse en las cuestiones y recursos de inconstitucionalidad para desvanecer dudas y adormecer escrúpulos. Abstención no, señor magistrado contaminado. Ya aquella vez fallida que lo intentaron colar en este tribunal —y, por descontado, en la segunda exitosa— debió rechazar la oferta para ocupar destino donde no cabe ser parcial ni aparentarlo por fidelidad a una formación concreta. Y más si esa asociación que le seduce camina a la perdición y, descolocada en la sociedad occidental, sueña cercanos los objetivos antidemocráticos de un Gobierno alocado, si no monstruoso, bajo sospechas de corrupción investigadas por más de un rincón.

Conjeturado que usted no creyera indecoroso saltar de los sillones ministeriales a la Corte de Garantías, lo procedente al llegar a sus manos la impugnación de la amnistía era apoyar una estimación coherente con su convicción tradicional. Si aún conserva la conciencia despierta, no se concibe que en un santiamén bandee su juicio ciento ochenta grados cual liviana veleta de torreón.

¿Pero qué honor, por no decir dignidad, alberga quien se retira de un equipo de siete frente a otro de cinco siendo consciente de no variar el resultado con o sin él? Si es usted un juez como Dios manda debe redactar su voto particular. O unirse a quienes lo planteen. Recobraría la consideración perdida al mezclar actuaciones incompatibles que muy mal se compadecen. Si se lava las manos demostrará, en línea con la cabecera de este artículo, que lo suyo es querencia a la política y el mando, sin devoción ni fervor a lo más ortodoxo que seguidamente le explico: primero, y con prioridad, no aceptar el pase al Constitucional; pero después, y una vez allí, mantener lo que tenía claro en punto a indulto y amnistía. Elegir el cómodo escape de la huida, que en nada afecta al sueldo ni a las regalías de la plaza, es sencillamente ahorrarse trabajo y darse un descanso pagado. Usted no aumentará el patrimonio material, pero acrecentará su pobreza moral, bien que nada le importe y meta mis consejos en una bolsita de azucarillo vacía echada a la papelera. Pues muchas gracias si con algún granillo se quedó.

• Eduardo Coca Vita pertenece al cuerpo superior de Administradores Civiles del Estado