Cuenta regresiva para el 10 de enero

Hace pocas horas me invitaron a un panel para presentar posibles escenarios sobre el futuro de Venezuela y sus implicaciones en la región sudamericana. La idea es poder contribuir con una ruta estratégica de cara al 10 de enero de 2025, fecha de juramentación de un nuevo gobierno para Venezuela. La audiencia estaba compuesta por representantes de gobierno interesados en el tema, gente del mundo financiero y miembros de la comunidad de inteligencia.

Lo primero que hay que decir es que el 28 de julio marcó un antes y un después en la dinámica de Venezuela y la región. En tantos años de lucha es la primera vez que tenemos de modo nítido un triunfo electoral presidencial irrefutable y que fue abiertamente robado, por ello, el dilema histórico es simple, pero dramático: ¿será el voto del pueblo el mecanismo para lograr el cambio en paz, o se resignará Occidente e Iberoamérica a tener que tragarse la destrucción de la democracia sin ninguna consecuencia?

Adicionalmente, más allá de este dilema hay un telón de fondo que no puede ser obviado. Venezuela es la puerta de entrada de todos los factores antioccidente y antidemocracia para seguir expandiendo sus tentáculos en Nicaragua y Centroamérica, en Bolivia, en Cuba y en el Caribe. De hecho, los signos son claros, después de las elecciones del 28 de julio la presencia de China, Rusia e Irán se ha fortalecido. Desde entonces se dio la visita del jefe de Gabinete de Putin a Venezuela y el encuentro entre Maduro y Putin en el marco de los BRICS, la visita del canciller chino a Venezuela y recientemente la visita del ministro de defensa de Irán. Todos estos encuentros son una demostración de fuerza que no ha tenido desde el mundo libre la misma respuesta, salvo algunas excepciones que agradecemos.

A pocos meses del 28 de julio se comienza a observar los estragos del fraude electoral perpetrado por Maduro. Más de 60.000 venezolanos han salido del país en 120 días. El número de presos políticos es cercano a dos mil personas, al punto de que Venezuela es hoy el país con más presos políticos de América Latina. La moneda se ha devaluado más del 30% y la inflación brutal se vive en dólares, que es la moneda de circulación real en el país.

Por otra parte, la continuidad de Maduro tiene un impacto directo en el crecimiento del delito en América Latina. Según la Organización Internacional para las Migraciones, Latinoamérica presenta actualmente tasas de homicidio de 18 por cada 100 mil habitantes, que triplican el promedio mundial. La mitad de los homicidios totales en la región están vinculados al crimen organizado. El tráfico de personas se ha constituido en una de las actividades ilícitas más rentables para los grupos criminales transnacionales, dado su bajo nivel de riesgo y alta rentabilidad, que les estaría llevando a percibir ingresos de alrededor de 7 mil millones de dólares.

Frente a esta realidad, algunos piensan que es posible lograr de nuevo un proceso de negociación. Honestamente, eso no existe. Maduro ha llevado todo a un extremo donde solo cabe la presión macro y micro para dos metas: fracturar internamente un sistema totalmente podrido o forzar a la dictadura a negociar su salida.

La política de negociar de buena fe con Maduro, como intentó la Administración Biden, no ha funcionado para lograr una apertura hacia la democracia ni para aliviar la situación económica, sino que, por el contrario, Maduro logró las licencias petroleras, la liberación de Alex Saab, su cómplice de corrupción y lavado de dinero, la liberación de sus dos sobrinos encarcelados en EE. UU. por narcotráfico. La licencia de Chevron que se renovó le ha dado a Maduro más oxígeno económico, pero eso no ha significado una mejora de las condiciones de vida de los venezolanos. Mientras tanto, Maduro se robó las elecciones del 28 de julio y ha avanzado en nuevas leyes para reprimir a la población, como la ley contra el fascismo y la ley de financiamiento de las ONG para asfixiar a la sociedad civil. Del mismo modo, se reformaron las leyes de justicia de paz para elegir a jueces comunales al estilo de Cuba; hace pocos días aprobaron la «ley Simón Bolívar» para confiscar los bienes de los opositores y los partidos, así como lograr inhabilitaciones vitalicias. Adicionalmente, se está trabajando en un paquete de leyes electorales para impedir la participación de los partidos políticos de la Plataforma Unitaria.

Lo que toca ahora es poner una mayor presión contra la dictadura y todos sus cómplices. Construir un gran frente liderado por EE. UU., Europa y líderes de la región para perseguir el dinero de la corrupción de Maduro, desmantelar su alianza con el crimen organizado y subirles el costo a sus alianzas con países como Rusia, China, Cuba e Irán. Hay mucho espacio aún para lograr este cambio de dinámica.

• Julio Borges Yunyent es fundador del partido político venezolano Primero Justicia