Cuando alguien es condenado al pago de las costas es porque el tribunal sentenciador, en este caso el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, considera que ha actuado con mala fe procesal. Y eso es lo que le ha ocurrido a la Fiscal General del Estado en su enfrentamiento con el fiscal Stampa. Muchos otros hubieran dimitido ya por mucho menos.
El presidente de Vox ha tenido el buen criterio de anunciar que no acudirá a la cita con el presidente del Gobierno dentro de los contactos que éste está teniendo con todos los grupos parlamentarios para abordar la crisis energética. Tiene razón Abascal porque no se puede pedir consejo a la vez que se intenta imponer un «cordón sanitario» a alguien. O lo uno o lo otro.
El fundador de Podemos empieza a ver cómo se complica su situación procesal. La UDEF ha llegado a la conclusión de que éste emitió una factura por una labor de consultoría que no se ha podido demostrar que se realizara. La Justicia española es lenta, pero acaba llegando. Y la superioridad moral de la que gustaba hacer gala la izquierda podemita está ya en el baúl de los recuerdos.
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