Para una taxonomía de los títulos del franquismo

La voluntad de PSOE y de Unidas Podemos de eliminar los títulos nobiliarios del franquismo ha dado ya muchos titulares y los seguirá dando, amén de enjundiosos debate político viscerales en la programación televisiva. La primera sorpresa es que la extrema izquierda concede que Franco dio bien algunos títulos y otros no. ¿Entonces no se van a eliminar todos? No, solo algunos. ¿Cuáles? Depende. ¿De qué? Vaya usted a saber.

Pongamos un ejemplo. De la lista de títulos nobiliarios franquistas «indultados» en la propuesta que ha llegado al Congreso, destaca el del conde de Pradera, concedido póstumamente al dirigente tradicionalista Juan Víctor Pradera, asesinado por las fuerzas republicanas con su hijo Javier en San Sebastián al comienzo de la Guerra Civil. Se propone eliminar, en cambio, el título concedido a otro político carlista como Pradera, Joaquín Bau.

Los descendientes de José Calvo Sotelo y José Antonio Primo de Rivera, también líderes políticos asesinados por los frentepopulistas como Pradera, sí perderían sus títulos, por aquello de borrar el pasado franquista, sí, claro, por supuesto, pero ¿también por aquello de borrar la implicación de militantes y dirigentes socialistas en sus muertes? Otro caso en que no se eliminaría el título concedido por Franco a un «mártir» de la causa sería el del condado de Maeztu, otorgado póstumamente a Ramiro de Maeztu, asesinado en octubre de 1936 en una de las sacas de la cárcel de Ventas. Caería, sin embargo, el título otorgado a una víctima del terrorismo reconocida por la ley de 2011 aprobada por el gobierno de Zapatero: el almirante Luis Carrero Blanco, asesinado por ETA en 1973.

Habría también «indultos» a títulos de banqueros, empresarios e industriales que contribuyeron al «engrandecimiento» de la nación y, por ende, a la continuidad y prosperidad del franquismo, cosa que ni Calvo Sotelo ni Primo de Rivera pudieron hacer desde sus tumbas. También se indultan títulos nobiliarios concedidos a científicos como Santiago Ramón y Cajal, Eduardo Torroja o Hermenegildo Arruga reivindicados por el franquismo, pero se condenaría al de Juan de la Cierva y Codorniu, inventor del autogiro, sentenciado por su asesoramiento en la elección del «Dragon Rapide» para conducir a Franco de las Canarias a Marruecos en julio de 1936. También se salvaría el título concedido a la suegra de José Antonio Girón, ministro de Trabajo falangista, indiscutible figura del régimen.

Es posible que todas estas arbitrariedades no sean más que la guarnición del plato preferido por PSOE y Unidas Podemos, que es la eliminación de cinco títulos concedidos por el Rey Juan Carlos I antes de 1978: los del señorío de Meirás y duque de Franco en 1975, marqués de Arias Navarro en 1976, y conde de Rodríguez Valcárcel y conde de Iturmendi en 1977. Su eliminación formaría parte del intento de cuestionamiento de la Transición y, en concreto, de los gestos con los que el Rey emérito, como piloto del cambio de la dictadura a la democracia, supo introducir a la sociedad española en un proceso de reforma y no de ruptura, de la «ley a la ley», como señalaba Torcuato Fernández-Miranda.

Esto significaba no caer en la traumática pendiente del «borrón y cuenta nueva», ni mucho menos en la «damnatio memoriae» de un régimen que, después de casi cuarenta años de poder, se había despedido entubado en la cama de un hospital público, con un agonía interminable, tan interminable como las colas de miles de españoles que desfilaron entonces con respeto ante el féretro de quien lo encarnó.

El triunfo del cambio democrático en España tuvo que ver mucho con esa voluntad de dejar atrás el pasado sin sectarismo, sin golpes de pico, sin juicios partidistas, sin verdades únicas, pero con la firme intención de echar siete llaves al sepulcro de las dos Españas. Justamente todo lo contrario de lo que se está haciendo ahora.

• Pedro Corral es periodista y escritor.