Los contrafuertes de nuestro Estado democrático

Hoy es un concepto pacífico que la Constitución, norma jurídico-positiva y fundamento de los poderes del Estado, surge del titular del poder constituyente que, en la actualidad, y para el caso español de 1978, sólo puede ser el pueblo: «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado» (1.2 CE). Esta es, en síntesis, la concepción actual del poder constituyente, como enseña el profesor Óscar Alzaga (Derecho político español según la Constitución de 1978, tomo I, pág. 91 y ss., Ramón Areces, S.A., 1997).

De otro lado, hoy por hoy, es obvio que sólo el principio democrático determina la titularidad del poder constituyente –el pueblo–, pues sólo tal principio legitima el sistema político actual, principio que, sin embargo, puede encontrarse matizado en nuestros días «por la propia presencia del principio representativo» (A. y F. Navas Castillo, El Estado Constitucional, Dykinson, pág. 247, Madrid, 2009). En consecuencia, el principio democrático, asumido por el texto constitucional vigente, legitima todas las instituciones públicas de nuestro sistema político, incluida la Monarquía parlamentaria, que es, por mandato de nuestra Ley de Leyes, «la forma política del Estado español» (1.3 CE).

Causa desasosiego y hasta irritación oír declaraciones de personas que encarnan los más altos –e inmerecidos, por lo visto– cargos del Poder Ejecutivo, como ha sido en esta ocasión Irene Montero en una emisora radiofónica, en el sentido de que «no entiende la utilidad de la institución de la Monarquía y que le gustaría que la Jefatura del Estado fuera también elegida democráticamente». En el pensamiento de esta prócer política se constata que la Monarquía parlamentaria de un Estado democrático no es una institución democrática, no queda sometida al principio democrático que, cual savia política, nutre toda la vida pública del país.

No ver la utilidad de la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado es desconocer la esencia de las instituciones constitucionales e ignorar, en particular, la Historia de España y sus desasosegantes avatares políticos. Es no reparar en que los países de mayor prosperidad y estabilidad de Europa tienen a la Corona como inmejorable institución arbitral y moderadora, muy alejada de la tensión y luchas partidistas que suceden y se reivindican en los regímenes republicanos. Imaginemos para España que a la tensión de las elecciones generales añadiéramos la de las elecciones presidenciales con candidatos de los partidos políticos.

Por ello, los argumentos, supuestamente republicanos (más bien antimonárquicos), que en estos días estamos oyendo, carecen de razón, son pueriles, y retratan a sus dicentes como personas indoctas, incapaces de comprender las definiciones básicas de un Estado democrático de Derecho, lo que les hace incurrir en inexactitudes, cuando no en puras falacias que les inhabilitan para la res publica.

Las formaciones separatistas y podemitas deberían conocer, como escribe M. Aragón Reyes, que «nuestra Constitución ha optado por la única vía de conciliación entre democracia y Monarquía, que no es otra que la Monarquía parlamentaria, en la que el Rey carece de poderes propios, es decir, disfruta de auctoritas, pero no de potestas, pues ni es soberano –que lo es el pueblo–, ni legisla –la potestad legislativa pertenece al Parlamento–, ni gobierna –el Poder Ejecutivo reside en el Gobierno–». (Comentario mínimo a la CE, 'Crítica', 2018, pág. 24).

Es así como podemos afirmar que «la legitimidad de la Monarquía no tiene que ver con el mérito personal ni con la capacidad de quien la encarna, sino con la herencia histórica recibida, consagrada en un texto constitucional que el pueblo –titular de la soberanía– ha ratificado en referéndum […] la Corona hoy en España encarna la Jefatura del Estado y es el «símbolo de su unidad y permanencia» (Gaspar Ariño, ob. cit., pág. 232).

Es así como hoy la figura del Rey, en la democracia española, se convierte en un contrafuerte de nuestro sistema político y de la continuidad de la Nación española. Por ello, los enemigos de lo uno y de la otra centran sus ataques en la persona del Monarca. Saben que si abaten la Monarquía, destruyen la clave de bóveda del sistema jurídico-constitucional vigente.

El otro contrafuerte que blinda el actual sistema constitucional español es el origen del que emanan los poderes del Estado: el soberano, el pueblo español, uno e indivisible. Precisamente el Estado autonómico, como el 'integral' de la Segunda República, hace compatible la indisoluble unidad de la Nación española con el reconocimiento de autonomía político-administrativa a nacionalidades y regiones (2 CE).

Así se comprende que otro haz de ataques de los enemigos del ordenamiento constitucional vigente se dirija a cuartear el soberano, pretendiendo que no exista una única fuente de poder, sino varios soberanos políticos. De ahí las diferentes propuestas, desafortunadas e insensatas, con las que se pretende trocear el soberano, titular de los poderes públicos. Modelos como el «Estado federal asimétrico», el «plurinacional» o el «Estado multinivel», o la batalla por el reconocimiento de un inexistente 'derecho de autodeterminación', desintegrarían la actual nación española y darían paso a un número incierto de repúblicas ibéricas a semejanza de la desintegración de la extinta Yugoslavia federativa de Tito. El caos estaría servido. La preservación de la Monarquía parlamentaria y del soberano son los contrafuertes de nuestro sistema democrático.

• José Torné-Dombidau y Jiménez es profesor titular de Derecho Administrativo (UGR) y presidente del Foro para la Concordia Civil