Anatomía de un derribo constitucional

Con el fin de descabalgar a un Gobierno conservador, Pedro Sánchez pactó una moción de censura en 2018 con la ultraizquierda podemita, con los partidos separatistas catalanes, con los sinuosos nacionalistas vascos, y hasta con los herederos políticos de una organización terrorista. Así accedió al Gobierno de España. Todo valió.

Con posterioridad, en 2020, Sánchez pudo gobernar con Ciudadanos con una holgada mayoría. Incluso con el Partido Popular, pudiendo dar ocasión a estrenar, en nuestra historia democrática, una inédita coalición con la derecha, al estilo de la «Grosse Koalition» alemana de Angela Merkel. Empero, no. Sánchez selló una coalición con formaciones políticas corrosivas, disolventes y perjudiciales para el interés general de los españoles, como son UP y el PCE/IU.

A la altura de casi un lustro de Gobierno socialcomunista, cabe realizar un análisis y balance del indirizzo político que esta heterodoxa coalición liderada por Sánchez está imprimiendo a la política española. Nada es casual. Ni un paso perdido. Esta izquierda, pura y dura, al timón de la dirección del Estado, deja traslucir señales inequívocas de que pretende alcanzar unos determinados objetivos. Objetivos puestos al descubierto por los asaltos dirigidos contra el orden constitucional de 1978 y las instituciones del Estado democrático. Nada sorprende de esta izquierda radical sanchista ni del paleocomunismo podemita, de pensamiento vacuo, empero ambos sobrados de intenciones aviesas.

Es hora de manifestar que los partidos que conforman la coalición gubernamental –para unos, un Gobierno yuxtapuesto (J. A. Zarzalejos); para otros, de cogestión (V. Vallés)– pretenden deslegitimar la Transición, socavar los cimientos del orden constitucional de 1978 y acabar con la Monarquía parlamentaria, por la que no sienten ninguna afección (una mínima prueba: su asignación presupuestaria, congelada; la del Gobierno aumenta el 4 por ciento), queriéndola sustituir por una imprecisa República. La aprobación de una reciente norma –que reescribe la Historia del período 1936/1983– de sesgo tan ideológico, tan sectario, así lo hace presumir.

Desde el primer día en Moncloa, Sánchez manifestó su verdadero talante: un gobernante autoritario, amoral, expeditivo, al que le estorba la crítica y la oposición, los controles democráticos, las instituciones del Estado constitucional, y le repugna una sociedad libre y plural. Hoy Sánchez se conduce en política como un podemita más. Podríamos decir que se ha «podemizado».

Omito reproducir la extensa lista de órganos, instituciones, empresas públicas y entidades de todo tipo (incluso privadas) en las que la longa manu del sanchismo ha penetrado y alterado, a su antojo, la dirección de las mismas, forzando la dimisión o cese de sus presidentes, sus directores, sus jefes… Seguidamente imparte al sustituto las consignas a seguir para el mayor éxito de un plan predeterminado que está conduciendo a veladas, y no tan veladas (p. e.: el CGPJ y el TC; o la «cogobernanza» en tiempos de la pandemia), mutaciones constitucionales, a la transfiguración del vigente orden constitucional y a allanar el camino hacia una utópica e idealizada Confederación de Repúblicas ibéricas («España: primero, rota; después, roja, republicana y laica», Otegi dixit).

El PSOE es un partido de desigual historia. Figura como uno de los más relevantes parteros de la Segunda República de 1931. Empero también es cierto que, como prueba de su toxicidad política, impulsó, a continuación, el golpe de Estado del 6 de Octubre de 1934, con el que se sentenció a muerte el convulso régimen republicano fundado el 14 de Abril.

En la Transición, la figura de un nuevo secretario general en la persona de Felipe González vino a representar un liderazgo joven, renovado («Por el cambio», 1982), europeizante, centrado en la gestión administrativa y en los grandes proyectos (Comunidades Europeas; OTAN). Acertó en dos importantes cuestiones: una, eliminando la rancia e inútil carga del marxismo como recogían sus estatutos; y otra, encarnando la implementación de un programa socialdemócrata.

Por el contrario, la presidencia de Rodríguez Zapatero se caracteriza por el retorno a la ideologización de los años 30 en la 'praxis' de Gobierno; una labor legislativa y discursiva que, mutatis mutandis, recuerda el alma del socialismo real que encarnó Largo Caballero. Hoy, aquél anda por Hispanoamérica, frecuentando malas compañías. Como herencia nos legó una Ley de Memoria Histórica que podemos considerar el primer embate serio contra la Transición.

El caso de Pedro Sánchez es todavía peor. Es un socialista radicalizado, «resistente», inasequible al comedimiento, al equilibrio. De imposible centralidad política. Posee una personalidad aventurera en lo político, con tendencia a interferir en los otros poderes del Estado. Aspira a la concentración de poderes como 'praxis' política. Lo demostró en el desgraciado tiempo de la pandemia del 2020: cerró las Cortes, aplazó seis meses el control de éstas sobre el Gobierno, prorrogó por medio año un estado de alarma que, según la Constitución, no podía superar los quince días, y suspendió «contra Constitutionem», que no limitó, la libertad y los derechos de los españoles. Aunque tarde, como acostumbra, el Tribunal Constitucional (TC) declaró la inconstitucionalidad de estos excesos del Poder Ejecutivo.

La voracidad de poder de Sánchez no se sacia. Consciente de que sus leyes ideológicas y sus medidas políticas pueden acabar siendo residenciadas ante los Tribunales de Justicia y del TC, lleva tiempo intentando someter al CGPJ como pretendiendo lograr una mayoría favorable de magistrados del Constitucional para blindarse. En un primer momento, con la taimada inspiración de Iglesias, quiso rebajar el quórum para la elección de los componentes del CGPJ, maniobra impedida por las autoridades comunitarias.

Sin embargo, la coalición gubernamental no se ha detenido por ello: la grosera manipulación del Poder Judicial, uno de los poderes del Estado, ha quedado plasmada asombrosamente en el B.O.E. con la aprobación de dos Leyes Orgánicas absolutamente arbitrarias por el interés bastardo del sanchismo en colonizar el Gobierno judicial: son la L.O. 4/2021 y su contraria, la L.O. 8/2022. La primera suprime competencias del CGPJ prorrogado; la segunda se las restablece a conveniencia de Sánchez.

Fruto de su delirio ideológico, alimentado por el apoyo de sus peligrosas amistades (UP, ERC, PNV, Compromís, JxCAT, En Comú-Podem, Más País), ha obsequiado a los españoles con un regalo políticamente perverso: una nueva ley llamada «de Memoria Democrática». Con esta regulación jurídica tergiversa la Historia, amordaza a la sociedad (rechaza en el Senado la comparecencia de protagonistas de la Transición), implanta una verdad oficial (impropio de un Gobierno democrático) y abate las libertades de expresión, investigación y cátedra. Para decir qué pasó y quién fue quién, ya está él y su Gobierno.

La cuestión de Cataluña, él sabe cómo resolverla. Primero, ha indultado –injustamente y en contra del criterio del Tribunal sentenciador– a los golpistas del otoño del 2017. No ha conseguido arrepentimiento («ho tornarem a fer») ni apaciguamiento. En segundo lugar, de la famosa Mesa de 'diálogo' (más bien, de cesión) y por la necesidad que el presidente tiene de los votos de los separatistas, cabe esperar un acuerdo (un nuevo Estatut, tal vez) que recupere todo aquello que el TC declaró inconstitucional en su sentencia de 2010. Por ejemplo, un Poder Judicial catalán, según cuya fórmula la casación procesal termina en Barcelona y no en Madrid. Si es así, la soberanía nacional, cuyo titular es el pueblo español, se cuarteará, y los españoles estaremos más cerca de la Confederación antes citada, por la que la izquierda (y sus indeseables compañeros de viaje) vienen afanándose.

Si nos atenemos a la bibliografía científica, la política sanchista arroja muchas coincidencias con lo que Hans Kelsen calificó (1934) de golpe de Estado («cualquier alteración de facto de la Constitución») o con lo que Olivier Brichet llamó (1935) un acto grave contra el orden dado: «un acto de autoridad, reflexivo, […] para modificar la orientación política del país». Saque el amable lector sus propias conclusiones.

• José Torné-Dombidau y Jiménez es profesor titular de Derecho Administrativo y presidente del Foro para la Concordia Civil