¿Qué hacer?

Un llorado maestro del Derecho Político español, decano y catedrático que fue de la Facultad de Derecho de Zaragoza, Manuel Ramírez, gran conocedor de la Segunda República, expresaba, en la recta final de su trayectoria vital, su temor a que los españoles perdiéramos, una vez más en la historia, como en 1936, una nueva oportunidad de convivencia representada por el marco constitucional de 1978.

Lamentablemente, hoy tales temores reverdecen. Protagonistas de la Transición y analistas políticos aseguran que, desde la inopinada llegada del socialista radical Rodríguez Zapatero al Gobierno (2004), la política española ha perdido la centralidad.

El péndulo político se ha desplazado a un extremo, al campo de la izquierda, bajo las siglas de un PSOE que no es la socialdemocracia felipista de los años ochenta y noventa, con la observación de que el PSOE se ha echado en brazos de los nacionalismos periféricos. «La guerra», según François Mitterrand. «Veneno», en expresión de Jean-Claude Juncker.

Tras la presidencia del conservador Mariano Rajoy (2011-2018), accede al Gobierno contra todo pronóstico mediante una increíble moción de censura Pedro Sánchez, de extracción socialista pero de credo político de difícil definición, de ideología izquierdista difusa.

Para constituir Gobierno eligió libremente la opción extrema: aliarse con una formación de activistas estudiantiles marxistas, ayunos de experiencia de gestión, desconocedores del Derecho y del funcionamiento del Estado: Podemos. Desde entonces, bajo pesadas hipotecas, Pedro Sánchez pilota la nave del Estado.

A partir de ese momento, podría creerse que las medidas y disposiciones tomadas por Sánchez al frente de la coalición gubernamental (muchas de ellas rozando –cuando no traspasando– los límites constitucionales) podían obedecer a la extorsión ejercida por sus propios socios, la llamada 'mayoría de la investidura'. En efecto, el líder socialista ha adoptado, con la irresponsabilidad y ligereza que le caracterizan, acuerdos y disposiciones que, luego, han sido declarados nulos por ilegales o inconstitucionales en materia tan sensible como son los derechos fundamentales y las libertades públicas.

Sánchez, de manera aventurera y distante de la ética, está adoptando decisiones lesivas para el Estado democrático de derecho, retorciendo instituciones, manipulando procedimientos. He aquí una muestra de alguno de sus desafueros: intento de control sobre los medios, estados de alarma inconstitucionales, abandono de la persecución internacional a golpistas prófugos de la Justicia, creación de una Mesa de diálogo extraparlamentaria sin soporte jurídico, abuso del decreto-ley, cogobernanza inconstitucional con las comunidades autónomas, indultos a los golpistas catalanes, elaboración de disposiciones de baja calidad técnica, aprobación de una ley que destruye la reconciliación y el pacto de la Transición, derogación del delito de sedición, tal vez el de malversación…

Todos estos pasos de Sánchez revelan que estamos en presencia de algo distinto a la normal acción de Gobierno. Se trataría de algo más, mucho más que de simples medidas oportunistas –y erráticas– de gobierno. Es el momento de denunciar que estamos ante un plan, un proyecto que Sánchez tenía preconcebido antes de pisar la Moncloa. Un plan con ayuda de comunistas, golpistas, nacionalistas y el brazo político de ETA, sus socios. Sánchez aglutina la antiEspaña con intención de mutar el sistema político de la Transición, una Monarquía parlamentaria de un Estado social y democrático de derecho.

El reciente Pleno del Congreso, en el que se ha tomado en consideración tramitar la derogación ‘ad hominem’ del delito de sedición del Código Penal de 1995, ha revelado que esta torticera reforma punitiva no persigue, como dicen sus proponentes, armonizar y modernizar esa figura delictiva, sino lograr lo que la Constitución rechaza: una amnistía encubierta para los condenados del procés de 2017, sus aliados, permitiéndole a Sánchez continuar en su deriva de demolición del orden constitucional.

Por eso ha sido pieza fundamental la aprobación de la ya vigente Ley de Memoria Democrática, aberrante norma cuyo objetivo es deslegitimar la Transición y considerar a la Constitución de 1978 y al actual sistema político un insuficiente y defectuoso orden democrático, lastrado por el pecado original de un franquismo redivivo. En definitiva, una democracia insatisfactoria, no plena, que todo «progresista de bien» debe tratar de cancelarla para desvincularla de un pasado políticamente inasumible, cuasi fascista. Tal es el errado pensamiento de quienes hoy, por desgracia, ocupan la cúpula del Poder Ejecutivo y marcan la dirección política del Estado.

Gracias a las últimas declaraciones de Arnaldo Otegi, que, al contrario que Sánchez, habla con claridad y desparpajo, puede afirmarse que el Gobierno de España está hoy en sus manos y en las de Junqueras. Dos líderes secesionistas que trabajan sin descanso por la fragmentación del Estado, por hurtar al pueblo español los derechos dimanantes de la soberanía nacional. Estos son los socios de Sánchez en la defensa del interés general de España.

Pensemos mal. Con estos actores, y con estas metas políticas inconfesadas, Sánchez avanza en un plan a desarrollar en dos fases. La primera se cumpliría en la presente legislatura. Consistiría en debilitar las vigas del edificio constitucional, en una demolición inicial del orden constitucional de 1978. La otra fase se desarrollaría en segunda y ulteriores legislaturas en su caso. Además, para eliminar obstáculos al plan, y llegar a una previsible consulta sobre el futuro político de Cataluña y el País Vasco, intenta colonizar al CGPJ y al TC, en lo que está.

Y queda la operación más delicada: un referéndum sobre la forma política del Estado. De realizarse y triunfar, España en poco tiempo pasaría a ser una especie de Confederación de Repúblicas al estilo de la Yugoslavia de Tito, preludio de los conflictos balcánicos. Consagraría el despiece del sujeto titular de la soberanía, el pueblo español. Por supuesto, la Familia Real, de nuevo al exilio. Y regreso a otro 14 de abril…

Puede que este relato parezca pura ucronía. Empero con Sánchez en el timón, ¿hay quien pueda asegurar lo contrario? ¿Qué podemos hacer?

• José Torné-Dombidau y Jiménez es profesor titular de Derecho Administrativo y presidente del Foro para la Concordia Civil