Tareas para un Gobierno del cambio

Si los estudios de demoscopia electoral aciertan con los resultados de los próximos comicios del 23-J, es esperable –y hasta deseable– que se pueda constituir un Gobierno de ideología y políticas diferentes a las que ha practicado el llamado sanchismo desde mediados de 2018.

El sanchismo ha supuesto poner al Estado –y a sus instituciones– al servicio exclusivo de un atroz personalismo. Ha supuesto situar los poderes públicos al nivel de una infame confusión autocrática, a los pies de los dictados de un sujeto narcisista, ambicioso, autoritario, ayuno de moral y enemistado con la verdad, fenómeno este último que el aludido individuo llama, sin perturbarse, «cambio de opinión o de posición ideológica», cuando es, simple y directamente, mentir.

Como se espera, los daños que tal gobernante ha infligido a la «res publica» son considerables, pues el individuo que responde a esa adscripción, con esa inclinación, manipula, tergiversa y moldea las instituciones públicas a su capricho y medida. El resultado no puede ser otro que el de ocasionar un destrozo en la gobernanza estatal, el de provocar una desfiguración de la inicial democracia parlamentaria –nuestra forma de gobierno hasta hoy– y someter los poderes del Estado al antojo y arbitrio del referido triunviro, aquel que inició su mandato prometiendo respetar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico y lo termina con la una y el otro asolados, como creo que ha sucedido bajo la Legislatura de Pedro Sánchez.

En efecto, éste no ha dejado títere político ni materia jurídica sin trastocar, sin intervenirlos, sin maquinar su colonización, poniéndolos a disposición propia en el primer tiempo del saludo, como se suele decir en la jerga castrense. Para alcanzar la estrategia de dominar el Estado, y, por consecuencia, a los ciudadanos, reconvertidos en súbditos, Sánchez ha seguido la sibilina táctica de utilizar –hasta el abuso– la legislación gubernamental urgente (Decreto-Ley) y también, por añadidura, una legislación ordinaria ideologizada.

En lugar de enfrentarse a operaciones jurídico-políticas complejas y complicadas, como sería intentar la reforma de la Constitución (para lo que carece del 'quorum' requerido), Sánchez ha seguido un camino más corto y directo, menos formalista y procedimental, con inmediatos e iguales réditos, si cabe.

Durante la Legislatura extinta, Sánchez ha urdido cambiar la arquitectura constitucional y la dirección política del Estado, reorientando el Derecho público español sin tocar la Ley fundamental. Ha provocado lo que los constitucionalistas llamarían una mutación constitucional, en sus variadas versiones, significando todas ellas que la transformación del texto constitucional no obedece a una modificación formal y expresa «sino a cambios producidos sobre la base de interpretaciones y prácticas» (‘Diccionario panhispánico del español jurídico’, R.A.E.). Ahí tenemos al Tribunal Constitucional cuya mayoría sanchista está desestimando las impugnaciones de normas y medidas de la coalición gubernamental, dándolas por buenas.

En consecuencia, para reparar –que no regenerar, pues esto último no sería suficiente– el quebranto y deterioro de las instituciones democráticas causados por la tendenciosa acción de gobierno de Pedro Sánchez, el próximo Ejecutivo que reciba la desabrida herencia de 'Frankenstein' va a verse abocado a desarrollar una ingente tarea, una formidable labor de reconstrucción política y administrativa de la vida pública española, para recuperar lo más fielmente posible el sistema político de 1978, el de una Constitución liberal avanzada y el de una Monarquía parlamentaria, desfiguradas ambas por espurias decisiones de Sánchez y sus espantosos socios.

Además de encauzar y fortalecer la economía nacional y de perfeccionar las políticas sociales propias del «Welfare State», el futuro Gobierno debe emprender urgentes medidas para lograr la despolitización e independencia de las instituciones públicas; alejar el sectarismo de ellas; recuperar la concordia, enterrando el guerracivilismo irredento de la izquierda; afianzar la seguridad jurídica; defender la libertad y la propiedad privada; reformar la Administración de Justicia para hacerla eficiente y rápida; preservar la independencia y respeto del Poder Judicial; evitar partidismos y clientelismos en el nombramiento de cargos públicos; establecer un sistema educativo y universitario que forme y prepare al ciudadano del mañana sin hipotecas ideológicas; mejorar los servicios públicos; potenciar el papel fundamental del Parlamento, que es controlar al Gobierno y aprobar las Leyes; que al dictar un Decreto-Ley el nuevo Gobierno se adecúe al título constitucional habilitante: «En caso de extraordinaria y urgente necesidad»; que se fortalezcan las Fuerzas Armadas; que las relaciones exteriores se basen en un consenso para situar a España en una posición importante y seria, de respeto internacional… Es esencial que el nuevo Ejecutivo cumpla y haga cumplir la Constitución a toda autoridad del Estado y cuide la lengua española para que no sea postergada en ninguna Comunidad Autónoma.

Es lo que muchos españoles estamos esperando hace tiempo. Si el Gobierno atiende a ello, acertará.

• José Torné-Dombidau y Jiménez es profesor titular de Derecho Administrativo y presidente del Foro para la Concordia Civil