Derecho a disentir y delito de odio: expectativas

Las libertades fundamentales de pensamiento y de expresión no pueden ser objeto de ningún tipo delictivo, como, sin embargo, sucede actualmente con el famoso delito de odio, que ha redescubierto el sanchismo perruno. Los penalistas enseñan que, «inteligentia delinquere non potest» (la inteligencia no puede delinquir). Un Estado de Derecho no se puede permitir los «delitos ideológicos» y, sin embargo, el nuestro criminaliza y sanciona a quienes se oponen, por ejemplo, a la nueva ingeniería social de la Ley Trans. Luego, con toda lógica, cabe deducir que España empieza a no ser ya un Estado de Derecho. Tales libertades son inequívocamente constitucionales y, por tanto, también constitucionalistas.

Nos aproximamos, a pasos agigantados, a un sistema totalitario, inquisitorial, sobre la base de una supuesta fe laica, que dice creer en la ciencia, contra toda razón, porque la ciencia se debate racionalmente, se comprueba, se depura y avanza o, incluso, también retrocede, y no puede ser objeto de creencia religiosa, porque no es inamovible, sino experimentalmente cambiante. La ciencia está para ser cuestionada siempre, si no, no se avanzaría nunca en nada y seguiríamos aplicando sanguijuelas a los pacientes. Encima, la imprescindible experiencia siempre es parcial y, por muy protocolizada que esté, carece esencialmente del canon de la totalidad.

Pero hoy quien osa cuestionar esa inexistente ciencia inamovible es anatematizado, tachado de negacionista, con ese ya genérico despectivo, anti-vacunas. Enseguida, los mismos que son tachados por no plegarse oficialmente al pensamiento único suelen ser también descalificados, como partidarios de la conspiración, con ese desdén displicente de quienes se creen en posesión de la verdad, como los únicos supuestamente cuerdos, los «enteraos». Frente a los anteriores, los llamados injustamente «conspirativos» sugieren preguntas que nadie responde de forma verosímil, con dudas que pocos se plantean. Porque casi nadie piensa ya por sí mismo, por miedo al qué dirán los demás que, a su vez, viven cautivos de una coacción política permanente, orquestada por los medios de comunicación, en particular, los subvencionados por los que mandan.

Cabe preguntarse ahora por las «expectativas» de los españoles, tras unas elecciones generales fallidas, con un tufillo sospechoso a puchero, después de la desmesurada, zalamera e insistente performance electoral de la televisión pública (TVE1). Aparte de las cautelas necesarias, los políticos de la derecha deberían tomar medidas para clarificar si ha habido o no «pucherazo», comprobar actas y demás, desde la moderación necesaria, pero con la legitimidad innegable de sus votos reconocidos. Sin complejos, ante una manipulación evidente de la opinión pública, es el momento de hacer esas comprobaciones electorales debidamente, para defender lo que de verdad importa. Porque la verdad está en juego y los políticos de bien deben tratar a la gente como se merece, sin patrañas, con razones y levantando la voz, si es necesario.

• Isabel María de los Mozos y Touya es profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Valladolid