Urgente, derribar Babel jurídicamente

Una gran mayoría de españoles no puede entender que se pongan trabas al español, que es el castellano, como lengua común de todos los españoles, también jurídicamente, por imperativo constitucional, cuya reforma exigiría los cauces propios de una reforma total de la Constitución (CE), con el respaldo de una gran mayoría social y política. Sin el español, como única lengua oficial de España, el Congreso de los Diputados deja de ser esa supuesta «casa de la palabra» de todos los españoles, para convertirse en la sede de un permanente diálogo de sordos, muy caro, además, para todos los contribuyentes, que tampoco están dispuestos a que se gaste a lo tonto su esfuerzo económico coactivo, en este nuevo «negocio» para algunos… Pero no hay mejor sordo que quien no quiere oír, porque sólo pretende oírse a sí mismo.

El sanchismo pretende desoír la queja de todos los que tenemos derecho a participar en la vida pública y, para ello, necesitamos saber de primera mano, directamente, cuál es la posición de los representantes políticos, sin traducción simultánea, que tampoco tenemos en nuestras casas. Generalizar en el Congreso de los Diputados otras lenguas españolas que, constitucionalmente, dentro del ámbito estatal, no son cooficiales con el castellano (el español por antonomasia), sino que sólo lo son en sus territorios, es algo que no afecta sólo a los diputados. Porque ellos únicamente son representantes políticos y, como tales, tampoco son los dueños de esa pretendida casa de la palabra, sin lengua oficial propia, que deviene así en una especie de pesadilla, donde no se pude ir a ningún sitio, en un coche sin ruedas…

Y es que cualquiera que haya tenido que traducir algo o haya asistido a un congreso, con intervenciones en distintos idiomas, sabe perfectamente que, por precisa que sea una traducción –y más todavía, si es simultánea–, no tiene nunca la fuerza de una misma lengua compartida. Convertir las lenguas de partes de España en lenguas cooficiales con el español también, fuera de sus territorios y dentro del ámbito del Estado español en su conjunto y de sus propios órganos, es una medida anticonstitucional, en contra de España y de todos los españoles. Porque, con ella, se pretende marginar lo que nos une a todos, el español, que compartimos dentro de nuestras fronteras e, incluso, más allá, con quienes lo hablan como lengua propia en otras naciones hermanas. Es algo contra toda la comunidad de habla española, pero también, contra el derecho de participación en la vida política de los ciudadanos españoles, para así, eludir el control político, en la mayor medida posible, lo cual facilita hacer mangas y capirotes a los que mandan, con el dinero del contribuyente.

El infantilismo político de ensayar en el Congreso este disparate plurilingüe, sin haber modificado siquiera el Reglamento de la Cámara, es una prueba más del perfil político actual. Pero es que, aun contando con la mayoría absoluta que se requiere para modificar el Reglamento, tampoco es legítimo hacerlo. Porque supone contravenir directamente el art.3.1 CE, a las claras. Por tanto, se impone plantear recurso de inconstitucionalidad, a la mayor brevedad posible, contra la inclusión del catalán, el gallego y el vascuence, como lenguas oficiales en el Congreso español, solicitando su suspensión mientras se resuelve el recurso, por estar en juego el derecho de participación en la vida política de todos los españoles, reconocido en los arts.9.2 y 23 CE. Es evidente que el Reglamento del Congreso tiene fuerza y valor de la Ley, y que el Tribunal Constitucional tendrá que pronunciarse con urgencia. A ver qué dice.

• Isabel María de los Mozos y Touya es profesora titular de Derecho Administrativo en la Universidad de Valladolid