Sánchez y la enseñanza del Derecho

Entre los muchos daños que la práctica gubernamental de Pedro Sánchez está ocasionando a la institucionalidad y vida de los españoles figura, de manera relevante, los que está causando a la enseñanza del Derecho en las Universidades.

Cada día, desde hace ya más de cinco años –¡el tiempo que duró la Segunda República!–, no sabemos a ciencia cierta con qué propósito, podemos afirmar que Pedro Sánchez y sus socios (aliados antiespañoles, así pueden calificarse) llevan a cabo una constante y no explicitada demolición del orden constitucional vigente.

En la bibliografía jurídica de los últimos cuarenta años, el orden constitucional español era tenido –por juristas de reconocido prestigio– como el de un Estado democrático de derecho pleno, liberal, garantista y homologable, si no más, al resto de los países de la Unión Europea. Por esta razón pudimos ingresar en la citada organización supranacional, va ya para casi cuatro décadas. Quiere decirse que, hasta el momento en que Sánchez accede al Gobierno, el sistema político español venía rigiéndose por los principios y reglas del Estado de derecho: separación de poderes, principio de legalidad, control judicial independiente, reconocimiento de derechos y libertades fundamentales, previsibilidad del ejercicio del poder por los órganos públicos y respeto al marco constitucional dado.

Pues bien, el aventurado y aventurero acceso de un tal Pedro Sánchez Pérez-Castejón a la presidencia del Gobierno a mediados de 2018 (mediante una moción de censura contra el presidente ejerciente, Mariano Rajoy, fundamentada en una frase impertinente en una resolución judicial), está suponiendo una demolición persistente del sistema político –liberal y avanzado– de 1978, sin que los ciudadanos sepamos a qué se debe ni qué motivos persigue tal operación.

Como digo, Sánchez está llevando a cabo una deconstrucción de los pilares del Estado democrático de derecho de España. Lo primero fue pactar con los enemigos del titular de la soberanía, el pueblo español; siguió el abandono de la socialdemocracia, santo y seña de su ideología partidista, y ha asumido un nacionalismo identitario en alianza con populistas, neocomunistas, herederos de ETA y separatistas irredentos.

Esta anomalía política e ideológica, esta deriva inesperada, pero real, de su posición en el actual escenario político español, le conduce a negar, a vulnerar, a manipular normas y procedimientos que son básicos y esenciales de un ordenamiento jurídico democrático. Así, pone en práctica estrategias conducentes a que, la mitad de los españoles que no le votan, no alcancen, por mucho tiempo, la gobernación de España, como anticipara su vicepresidente Iglesias Turrión. Ha colonizado y mediatizado con sus conmilitones decisivos órganos constitucionales como la Fiscalía y la Abogacía del Estado, el Consejo de Estado (¡qué diría Maurice Hauriou, padre del «Droit Administratif» moderno!); el CIS; ha mutilado competencias del CGPJ (L.O. 4/2021), y las ha restablecido cuando le ha interesado (L.O. 8/2022), sin dejar de culpar al PP de incumplir la Ley Fundamental; ha colonizado al «supremo intérprete» de la Constitución, el Tribunal Constitucional; se empeña en pagar su investidura con una inmoral y aberrante amnistía, y hasta con una inconstitucional autodeterminación de una comunidad autónoma, Cataluña. No tiene límites ni freno: lo que sea preciso con tal de continuar en la presidencia del Gobierno, al precio que sea: pagan los españoles.

Con todos estos antecedentes, aliñados, además, con imperdonables falacias («cambios de opinión», según Sánchez), con vulneraciones del Derecho perpetradas frecuentemente por Sánchez y los suyos, alterando las relaciones normales entre los Poderes Públicos y el Ordenamiento jurídico democrático, de espaldas al significado histórico-político de la Revolución Francesa (contra el absolutismo político) e ignorando la causa del nacimiento del constitucionalismo (limitación del poder de los gobernantes), ¿cómo podrán mis compañeros, profesores de Derecho en activo, explicar y razonar a sus alumnos qué deben entender por el Estado de derecho; por el papel del Derecho en la sociedad; por los límites que éste señala al ejercicio del poder público; en qué consiste la pirámide kelseniana de la jerarquía normativa; qué lugar ocupa la Constitución en la jerarquía de fuentes del Derecho; cómo se aprueban y derogan las normas jurídicas; qué es la sujeción o vinculación de los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, y, en fin, qué papel corresponde al juez en el Estado de derecho…?

Se me antoja muy difícil la labor docente hoy en las Facultades de Derecho y de Ciencias Políticas ante el fenómeno corrosivo del sanchismo, prostituyente de las instituciones jurídico-políticas. Si, por ejemplo, un profesor de Derecho Administrativo enseña que todo acto y toda norma han de aprobarse siguiendo un previo procedimiento legal, ¿cómo se puede explicar que la presidencia del Congreso admita primeramente el uso de lenguas vernáculas y, posteriormente, apruebe la norma que lo permita?

• José Torné-Dombidau y Jiménez es profesor titular de Derecho Administrativo y presidente del Foro para la Concordia Civil