Réquiem por el Estado democrático de derecho

La situación política española puede calificarse, sin temor a la exageración, de excéntrica, de disparate sin paliativos. Desde que el otrora socialista Pedro Sánchez, hoy ideológicamente inencasillable, planeara con éxito la moción de censura, la nave del Estado surca, sin control, por mares de peligrosos escollos.

Lejos de la sensatez, de la moderación y de la centralidad, Sánchez navega llevando a bordo pésimas compañías y dejando libres, escapados de la caja de los truenos, los peores demonios hispánicos reverdecidos: los particularismos o nacionalismos periféricos, la discordia, la división, el odio y la desigualdad entre los españoles.

Sin explicación alguna o, mejor dicho, con pretextos fútiles y falaces, Sánchez se autoinviste de autoridad ante la sociedad española para emprender un alocado plan disolvente contra la Constitución de 1978, sus principios y valores, teniendo como meta –y principal efecto negativo– la destrucción del Estado democrático de derecho y, en consecuencia, la libertad y la democracia como sistema político.

Para ello utiliza con profusión la mentira, sin edulcorante alguno. Como técnica y alimento de su irrefrenable ambición de poder, va desmontando taimadamente el edificio del Estado democrático de derecho, adueñándose de los controles y contrapesos propios de tal modelo de Estado. El Congreso de los Diputados baila a su son. Fiscales y abogados del Estado atienden puntualmente sus instrucciones. El Gobierno de los jueces está atado de pies y manos por una infame reforma legal suya, y la composición actual del guardián de la Constitución, el Tribunal Constitucional, con siete magistrados contra cuatro, ha dañado seriamente la imagen de imparcialidad del supremo intérprete de la Constitución y, por tanto, su legitimidad. No cabe mayor destrozo institucional desde el punto de vista de un sistema democrático ni mayor desánimo para los ciudadanos.

Para llevar a cabo empresa tan ignominiosa y dañina, Sánchez no está solo. En lugar de mirar a su derecha y celebrar beneficiosos pactos para los intereses generales, como suelen llevarse a cabo en otros países de similar cultura política, Sánchez ha optado por la peor opción: aliarse con populistas de extrema izquierda, con los herederos políticos de ETA, asumiéndolos como socios, y, en el paroxismo del desquiciamiento político, no le importa que el Gobierno del Estado sea fruto del pago de chantajes inadmisibles a líderes prófugos de la Justicia y a partidos que dieron un golpe de Estado en 2017. A tal indignidad, si no a algo más, llega nuestro personaje. Pertrechado de una acusada personalidad cesarista, que le lleva a eliminar a críticos y opositores, dotado de una verborrea pseudoseductora (típica de los caudillos tercermundistas) y con la pretensión de pasar a la Historia como el gran redentor de todos los males de la España negra, Sánchez vuelve a la carga. Vive sólo para el triunfo de su investidura, aunque, absorto en este afán, desprecie su papel y atribuciones de presidente de turno del Consejo de la UE. Para él es más importante lo primero que lo segundo.

Alcanzar el Gobierno de la nación es imprescindible para ejecutar el oscuro e inconfesado plan de desmantelamiento político y jurídico del Estado democrático de derecho fundado con sacrificios en la transición a la democracia. Durante la legislatura anterior (2019-2023) ha procedido a aflojar casi todas las tuercas del Estado democrático de derecho. Por desgracia, nuestro país es hoy una democracia de peor calidad que la que él encontró. El Estado de derecho se ha replegado en España. La pandemia le facilitó el camino, cuando sembró el BOE de cientos de disposiciones legales ideologizadas de baja calidad normativa, con lagunas, contradicciones y abusos, como los que el Tribunal Constitucional presidido por González-Trevijano detectó, reputando inconstitucionales las dos declaraciones de alarma.

Ahora emprende nuevos objetivos deconstituyentes, ayudado de sus nefandos socios. Con tal de seguir al frente del Poder Ejecutivo, perdidas las elecciones, necesitado de un puñado de votos, Sánchez no repara en el origen y vestigio de esos votos. Todos le sirven con tal de ser investido, aunque procedan de los mayores enemigos de la nación española, aunque impongan contraprestaciones inasumibles para una persona cabal y honesta, como es una injusta amnistía, que en realidad es impunidad para delincuentes no arrepentidos, o celebrar una consulta autodeterminista, en flagrante contraposición al orden constitucional vigente.

Al parecer, amnistía y autodeterminación son el precio de la investidura de Sánchez. Preciso es pellizcarse para comprobar que no estamos soñando: eso es lo que se cuece entre las bambalinas del poder. Y no se intente disfrazar con aquello de la concordia, la generosidad… y demás cuentos. Es puro precio a cambio de votos. Es la ley de la aritmética para satisfacer una desmedida ambición personal, aunque muera la democracia y el Estado de Derecho.

• José Torné-Dombidau y Jiménez es profesor titular de Derecho Administrativo y presidente del Foro para la Concordia Civil