Parlamentarios cautivos

No me cabe la menor duda de que algunos diputados socialistas han votado en la investidura de Pedro Sánchez en contra de sus convicciones más profundas, tras conocer que el contenido de los pactos del PSOE con Junts y ERC incluía un fraude a sus votantes, no anunciado en las elecciones de 23 de julio.

Estamos demasiado acostumbrados en España a draconianas disciplinas de partido que llevan a algunas personas a votar lo que no quieren. Evidentemente, la dependencia económica, a corto y a largo plazo, de muchos parlamentarios socialistas en relación su partido, les va a llevar a apoyar con su voto la amplia e inconstitucional amnistía que se ha pactado para el separatismo golpista de Cataluña. Pero estoy seguro de que habrá también otros diputados del PSOE que, por ser funcionarios o por tener otros ingresos, podrían, en teoría, plantearse que ha llegado el momento de actuar con valentía y dignidad frente a un presidente del Gobierno que, no sólo está perjudicando a España dentro y fuera de nuestras fronteras, sino que también está dañando gravemente y para muchos años el prestigio y la imagen de un partido que fue unos de los pilares fundamentales de la Transición a la democracia y del pacto constitucional de 1978.

Para liberar a esos representantes del pueblo cautivos se precisan dos cosas:

1). La libertad de voto en conciencia. En el PP ya existe, tras una enmienda en el Congreso Nacional de Febrero de 2017 que –presentada, por separado, por el diputado por Segovia Jesús Postigo y por mí– fue aceptada e incorporada a nuestros Estatutos (Artículo 7.o) con el texto siguiente: «Se reconoce el derecho al voto en conciencia ejercido por los afiliados en los órganos representativos de los que formen parte en aquellas propuestas que, no formando parte del programa electoral, afecten exclusivamente a cuestiones éticas y/o morales que pongan en cuestión sus convicciones más profundas, comunicando previamente al Portavoz del Grupo correspondiente las razones que le motivan.»

2). Una mayor independencia económica de los parlamentarios respecto de su partido. Las incompatibilidades, absolutamente imprescindibles en los cargos del Ejecutivo, se han incrementado de forma excesiva en las últimas décadas en lo referente a los cargos representativos. Esto empobrece la vida parlamentaria, al dificultar el acceso a la representación política a personas con experiencia profesional y laboral en los sectores económicos y sociales sobre los que habrían de ejercer las funciones legislativas y de control del Ejecutivo propias de un parlamentario.

Una nación necesita personas preparadas y competentes, no sólo en las empresas y en las profesiones liberales sino también en la Política. Y –a base de incompatibilidades, de críticas a la incorporación o reincorporación a la actividad empresarial y de fiscalización implacable de la vida familiar– es cada vez más difícil atraer a la Política a personas bien preparadas y con experiencia profesional, aunque les sobre patriotismo y vocación de servicio público.

En la Segunda República, tan añorada por algunos, no existían incompatibilidades entre la labor parlamentaria y la actividad privada y cuando los diputados eran funcionarios percibían dos tercios de su retribución anterior y se les guardaba la plaza. El resultado fue que los diputados no vivían, en general, de la política y conservaban una independencia económica respecto de su partido que hoy cada vez es más restringida.

No se me oculta que, a pesar de lo anterior y dado nuestro sistema electoral de listas cerradas, siempre cabe que en las siguientes elecciones el aparato del partido excluya de la lista a los parlamentarios «díscolos» que, con su voto en conciencia, no hubieran seguido la línea oficial. En la experiencia reciente en el PP, unas decisiones excluyentes de este tipo tras la minirreforma del aborto en 2015 (cuando modificamos sólo uno de los 9 artículos que habíamos recurrido ante el Tribunal Constitucional) favorecieron la expansión de una fuerza a nuestra derecha. Esto nos debería llevar a considerar que la vida política se enriquece con la diversidad, con la libertad de expresión interna y con la presencia en el Parlamento de personas que no dependen exclusivamente del partido porque han tenido y tienen una vida profesional o una actividad económica al margen de la política.

Así ocurrió en la Transición cuando políticos españoles de muy diversas ideologías quisieron superar sus diferencias y agravios históricos para dar a nuestra patria un nuevo futuro. Por cierto, unos políticos que, en muchos casos, no hubieran llegado jamás al Ejecutivo o al Parlamento con las incompatibilidades y restricciones actuales al ejercicio de la noble labor política.

Y no pierdo la esperanza de que, por el bien de España, así vuelva a ocurrir en esta hora decisiva para nuestra patria y los parlamentarios recuperen la libertad de votar en conciencia iniciativas que vulneren la Constitución y amenacen gravemente la unidad de España y la igualdad entre los españoles.

• Luis Peral Guerra es economista y abogado