Impunidad a la española

El problema de nuestra España actual es la impunidad y su efecto multiplicador sobre la opinión pública. Cuando el poder político se configura a base de propaganda fraudulenta, engañando a la gente y violando las reglas del juego, el nepotismo es lo menos que puede pasar, y es lo que estamos viendo. Lo siguiente es la coacción, la cobardía y la traición, también en la vida privada, aunque ésta no siempre resulte desamparada, gracias a los profesionales que sirven al Poder Judicial. Es de esperar que estos mismos profesionales puedan ejercer su función de control jurídico también sobre los políticos corruptos, delincuentes y terroristas. Aunque los electricistas y las hilanderas, tal vez, no sean conscientes de que el poder político está sujeto a control judicial en un Estado de derecho. Porque los políticos están sometidos a los mismos límites legales que los demás ciudadanos y, además, a los que específicamente impone la Ley para el ejercicio del poder. El TC también debería ejercer su control.

Cualquier decisión que pretenda imponer un poder mal formado y, por tanto, ilegítimo, es una verdadera coacción y no es que dé esa impresión simplemente. Por ejemplo, hemos asistido impertérritos, como si nada grave pasara, ante el rodillo de la Diputación permanente del Congreso de los Diputados que, en una situación inédita como la actual, es capaz de negar al Grupo Popular las comparecencias solicitadas del presidente y de distintos ministros mediante una indecorosa votación, tan ajustada como la minoría mayoritaria que okupa el Ejecutivo y el Legislativo. Esa falsa mayoría formada por un poco de todo, menos políticos y profesionales que tengan que ver con el perfil del cargo que ocupan: electricistas, hilanderas, prófugos, delincuentes, terroristas, farsantes y maleantes, de distintos tipos y especies. Lo cierto es que no responden de nada, ni dan la cara. Porque no se atreven a hablar, ni siquiera por cortesía parlamentaria. Es evidente que no tienen ni cortesía, ni razón, que se aferran a una regulación parlamentaria insuficiente, que no garantiza debidamente el control al Gobierno por parte de los diputados de la oposición, cuya representación debe servir para dar efectividad al derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos. Y esto no deja de ser coactivo e injusto, porque donde no llega una norma incorrecta, debe llegar el buen hacer.

En este momento, la famosa «derechita cobarde» recoge la tempestad sembrada por sí misma, con sus vientos de no querer contar a las claras con su socio natural, Vox, a la hora de constituirse las Cámaras y formar las Mesas y las distintas Comisiones del Congreso. Por eso mismo, ahora no puede contar en sus iniciativas con Vox, la tercera fuerza política en el Congreso, que ha resultado suplantada por el bodrio de Sumar, a costa de esa posición «estupenda» y equidistante que tuvo entonces el PP.

Y la traición ya está servida. Porque es evidente que Sánchez es el traidor mayor del Reino, con su particular ley de amnistía, a costa y por encima de todo. Pero no es menos cierto que el PP y Vox están traicionando a la mayoría de los españoles, mientras no aparquen sus diferencias y sigan yendo separados en la política nacional, por un falso juego de meras apariencias. Se trata de expulsar al PSOE de la vida nacional y regional, pero en las elecciones gallegas el PP sigue haciendo el juego a las brigadas mediáticas de la Moncloa, que pretenden descalificar a Vox, a toda costa, para dividir a la oposición. Así, todas las tropelías actuales del Gobierno, aunque caigan por su propio peso, no servirán para formar una mayoría suficiente para que el PSOE no pueda quedar impune. El no acercamiento del PP a Vox es una mala táctica y supone, equivocadamente, no respaldar las acciones judiciales de Vox contra el gobierno, que sí que tienen recorrido y a las que muchos de sus votantes querrían que se adhiriera el PP. De lo contrario, será más relevante todavía la traición de la derecha española, por sus imprevisibles consecuencias. Estamos a tiempo de rectificar.

• Isabel María de los Mozos y Touya es profesora titular de Derecho Administrativo en la UVA